La inspectora Patricia Ferreira, responsable de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, explicó que, durante los controles vehiculares, los agentes verifican tres documentos esenciales: la licencia de conducir, la habilitación municipal del rodado y la cédula verde. En este sentido, tanto la licencia como la habilitación deben estar vigentes para circular sin inconvenientes.

El control del vencimiento anual de la licencia es competencia exclusiva de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de cada localidad. Este requisito, que anteriormente se acreditaba con una perforación en el documento, hoy se verifica mediante un sticker.

La Patrulla Caminera no tiene atribuciones para sancionar la falta de validación anual, ya que su función se limita a controlar el vencimiento total de las licencias, es decir, su caducidad tras cinco años. Según explicó la inspectora Ferreira, los municipios son los únicos responsables de fiscalizar esta actualización en los registros de conducir.

Las sanciones varían según el tipo de infracción. El vencimiento de la licencia de conducir tras cinco años implica una multa de 10 jornales mínimos, equivalentes a G. 1.076.270. En caso de no portar la licencia de conducir, la multa es de 5 jornales mínimos, es decir, G. 538.035.

Por otro lado, la habilitación municipal vencida o no presentada también conlleva una sanción de 5 jornales mínimos. En este caso, la Patrulla Caminera procede a demorar el vehículo hasta que se abone la multa correspondiente.

Si durante un control se detecta que un conductor tiene su licencia vencida, el vehículo solo podrá continuar circulando si un conductor sustituto con licencia vigente lo retira. En cambio, si se encuentra un vehículo con la habilitación vencida, este quedará demorado hasta que el propietario pague la infracción.

La inspectora Ferreira también recordó que estos documentos pueden exhibirse de forma física o digital a través de la aplicación móvil portal Paraguay del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

Diferencias entre vencimiento quinquenal y validación anual

El vencimiento quinquenal marca la caducidad total de la licencia de conducir, lo que obliga a su renovación cada cinco años. Su control es exclusivo de la Patrulla Caminera.

La validación anual corresponde a un tributo municipal que anteriormente se reflejaba con un sello troquelado en la licencia y que hoy se verifica con un sticker. Su control y sanción dependen únicamente de la PMT del municipio donde se expidió el documento.

Las autoridades instan a los conductores a diferenciar ambos conceptos para evitar confusiones y cumplir con las normativas vigentes en cada jurisdicción.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.