La inspectora Patricia Ferreira, responsable de Relaciones Públicas de la Patrulla Caminera, explicó que, durante los controles vehiculares, los agentes verifican tres documentos esenciales: la licencia de conducir, la habilitación municipal del rodado y la cédula verde. En este sentido, tanto la licencia como la habilitación deben estar vigentes para circular sin inconvenientes.

El control del vencimiento anual de la licencia es competencia exclusiva de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de cada localidad. Este requisito, que anteriormente se acreditaba con una perforación en el documento, hoy se verifica mediante un sticker.

La Patrulla Caminera no tiene atribuciones para sancionar la falta de validación anual, ya que su función se limita a controlar el vencimiento total de las licencias, es decir, su caducidad tras cinco años. Según explicó la inspectora Ferreira, los municipios son los únicos responsables de fiscalizar esta actualización en los registros de conducir.

Las sanciones varían según el tipo de infracción. El vencimiento de la licencia de conducir tras cinco años implica una multa de 10 jornales mínimos, equivalentes a G. 1.076.270. En caso de no portar la licencia de conducir, la multa es de 5 jornales mínimos, es decir, G. 538.035.

Por otro lado, la habilitación municipal vencida o no presentada también conlleva una sanción de 5 jornales mínimos. En este caso, la Patrulla Caminera procede a demorar el vehículo hasta que se abone la multa correspondiente.

Si durante un control se detecta que un conductor tiene su licencia vencida, el vehículo solo podrá continuar circulando si un conductor sustituto con licencia vigente lo retira. En cambio, si se encuentra un vehículo con la habilitación vencida, este quedará demorado hasta que el propietario pague la infracción.

La inspectora Ferreira también recordó que estos documentos pueden exhibirse de forma física o digital a través de la aplicación móvil portal Paraguay del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

Diferencias entre vencimiento quinquenal y validación anual

El vencimiento quinquenal marca la caducidad total de la licencia de conducir, lo que obliga a su renovación cada cinco años. Su control es exclusivo de la Patrulla Caminera.

La validación anual corresponde a un tributo municipal que anteriormente se reflejaba con un sello troquelado en la licencia y que hoy se verifica con un sticker. Su control y sanción dependen únicamente de la PMT del municipio donde se expidió el documento.

Las autoridades instan a los conductores a diferenciar ambos conceptos para evitar confusiones y cumplir con las normativas vigentes en cada jurisdicción.

Se trata de un nuevo hito que refuerza los trabajos de la Facultad de Medicina de la UNA y el Hospital de Clínicas para con la salud pública, la formación médica y la mejora continua de los servicios de alta complejidad, siempre con la esperanza puesta en el valor de la donación como acto supremo de solidaridad por parte de los donantes y sus familias.

Entre la noche del miércoles 21 de mayo y la madrugada del jueves, se realizó el trasplante renal número 191 en pacientes adultos con donante cadavérico en el Hospital de Clínicas, centro asistencial y docente dependiente de la FCM–UNA.

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El receptor fue un paciente masculino de 50 años, oriundo de Villarrica del Espíritu Santo, quien se encontraba en tratamiento con diálisis peritoneal desde hace un año y un mes.

Este logro fue posible gracias al trabajo coordinado y dedicado de un amplio equipo de profesionales, y también al gesto invaluable de la familia del donante, cuya decisión solidaria permitió salvar y mejorar la calidad de vida de otros seres humanos.

Cabe mencionar que, el valor y la generosidad de estas familias son el pilar fundamental que hace posible cada trasplante, y merecen un profundo reconocimiento por su acto de amor y humanidad.

El inmueble en cuestión posee una superficie de 750 m2, inscripto con matricula N° 12.236 de la Recoleta, cuyo dominio figura a nombre de la demandada. El pedido realizado por el representante legal de Cabañas Melgarejo señala lo siguiente:

“El inmueble fue objeto de contrato privado de compraventa celebrado en fecha 30 de julio de 2024, sujeto posterior a una adenda del 18 de noviembre de 2024, mediante eso existe el compromiso de pagar el saldo de la suma de G. 240.494.258, de los cuales ya fue abonado la suma de G. 579.505.742, siendo la suma total de la compra venta de G. 820.000.000”.

Asimismo, "la formalización del contrato de compraventa fue realizada ante el notario y escribano público José María Livieres, de acuerdo al documento agregado al expediente judicial”, indica el escrito del accionante.

Igualmente refiere que “la vendedora se ha negado reiteradamente a firmar la escritura pública de transferencia incumpliendo su obligación contractual, específicamente por no gestionar el certificado de Cumplimiento Tributario, documento esencial para formalizar la transferencia de dominio. A pesar de los reiterados llamados y colacionados que fueron diligenciados en tiempo y forma, siempre la vendedora fue renuente a cumplir con lo pactado”.

Del mismo modo, el accionante sostuvo que “el motivo principal de solicitar la medida cautelar de urgencia obedece a que el día 9 de mayo de 2025, el notario y escribano José María Livieres recibió un llamado de la vendedora Diana Verónica Chamorro Lafarja, donde solicita el levantamiento de la condición de dominio del inmueble objeto de res-litis”.

Agrega además que “también se deja constancia que existe riesgo real e inminente de que la vendedora intente transferir, gravar, enajenar o alterar el inmueble en perjuicio de los derechos adquiridos por mi representado por lo que escrito mediante presentado a la jueza civil Magali Zavala se pide que se haga lugar a la medida cautelar para evitar que la vendedora del inmueble pretenda transferir a otra persona".

Según la exposición de motivos del proyecto, Paraguay cuenta con apenas 16 puestos de peaje a nivel nacional, lo que resulta claramente insuficiente para una gestión efectiva del mantenimiento vial.

En el documento se indica que la situación presenta contrastes extremos, en el entendimiento que algunas rutas, de gran extensión, carecen completamente de puestos de peaje, mientras que otras concentran múltiples puntos de cobro en distancias cortas, generando sobrecostos injustificados para los usuarios.

Como ejemplos de la desigualdad señalada, el documento cita la Ruta PY19 entre Villeta y Alberdi, que no cuenta con ningún puesto de peaje en más de 100 kilómetros, y la Ruta PY08 entre Cnel. Oviedo, Villarrica y Caazapá, que tampoco dispone de estaciones de cobro pese a su gran extensión.

En el extremo opuesto, departamentos como Cordillera (Emboscada) e Itapúa (Coronel Bogado), enfrentan el problema de peajes demasiado próximos entre sí, lo que genera costos diarios excesivos para la población local, según la justificación del proyecto.

En este aspecto, el documento señala que la recaudación anual de los 16 puestos de peaje existentes asciende, aproximadamente, a 20 millones de dólares, mientras que el MOPC necesita al menos 60 millones de dólares anuales para realizar, adecuadamente, los trabajos de mantenimiento y conservación de las redes viales bajo su responsabilidad.

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El proyecto establece cuatro criterios fundamentales para determinar las nuevas ubicaciones de los puestos de peaje: reubicación de estaciones cercanas a cascos urbanos; implementación de peajes en redes viales extensas sin cobro; reducción del impacto económico en comunidades con estaciones consecutivas; y evaluación de infraestructura disponible y necesidades de inversión.

La propuesta, por otro lado, fija parámetros técnicos específicos: 100 kilómetros de distancia mínima entre puestos de peaje; 20 kilómetros de distancia mínima entre cualquier estación y el casco urbano de un distrito; y 5 años como plazo máximo para completar la reorganización de todos los puestos existentes.

En cuanto a la innovación tecnológica, el proyecto contempla la modernización del sistema mediante la implementación de sistemas automatizados e inteligentes (telepeajes, arcos detectores), así como cobro mixto: efectivo y pago electrónico, además de uso de aplicaciones móviles y sistemas POS.