El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió una aclaración sobre los hechos denunciados hoy por un medio brasileño, respecto al ataque cibernético al Paraguay en las administraciones de Bolsonaro y Lula.

“El gobierno del presidente Lula niega categóricamente cualquier participación en la acción de inteligencia denunciada hoy contra Paraguay, país miembro del Mercosur con el que Brasil mantiene relaciones históricas”, expresa el pronunciamiento.

Además confirma que la citada acción fue autorizada por el Gobierno anterior, (Jair Bolsonaro) en junio del 2022, pero dejada sin efecto por el director interino de la Agencia Brasileña de Inteligencia el 27 de marzo del 2023, apenas tomó conocimiento del caso.

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Lula recuerda que el actual director de Abin asumió el cargo recién el 29 de mayo del 2023 y que, mientras tanto, se mantuvo a la espera de que el Senado apruebe su designación.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que el Mitic y los organismos encargados están investigando la denuncia del ataque cibernético al sistema del Gobierno paraguayo, sin embargo, sostienen que no tienen evidencia de que haya existido un hackeo del Brasil.

La web UOL (Universo Online) de Brasil publicó esta mañana una denuncia en su portal, advirtiendo que la Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia), de la administración de Lula Da Silva, realizó una acción de hackeo contra autoridades del gobierno de nuestro país.

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Coacción grave, apología del delito y frustración de la persecución y ejecución penal son los hechos punibles atribuidos al intendente de Maracaná, imputado por la fiscal Inés Marcell Estigarribia Recalde.

El caso data del 4 de julio del 2019, ocasión en la que José Florencio Brítez denunció que varias personas invadieron su propiedad en el distrito de Maracaná.

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Según su versión, el intendente de Maracaná fue quien organizó y promovió esta ocupación ilícita. La vía utilizada para la instigación habría sido el sistema de mensajería instantánea Whatsapp.

El denunciante también lo sindica como responsable de instigar a la resistencia al cumplimiento de la orden judicial de desalojo.

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El asesor jurídico del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, comisario principal León Almirón, explicó que el caso de María Concepción Cáceres, quien denunció la existencia de una cédula paralela con su identidad, corresponde a un error que ya está siendo subsanado.

“Este tipo de situaciones se daba frecuentemente antes del 2015. Desde la implementación del sistema AFIS en 2017, cualquier intento de renovación genera una alerta si hay duplicidad”, afirmó en entrevista con el canal GEN.

Según detalló, en el caso específico de Cáceres —quien realizó su trámite en la oficina regional de Caaguazú—, se detectó que una mujer fallecida llamada María Auxiliadora Cáceres poseía una cédula con datos similares, lo que generó la confusión. “La señora fallecida tenía la doble cédula, no así María Concepción. Hoy mismo se va a adjudicar el número correcto que le corresponde legalmente”, aclaró.

El comisario indicó que las dobles cédulas pueden surgir por diversas causas, como por ejemplo la doble inscripción en el Registro Civil, cuando un niño es registrado por separado por cada progenitor en distintos momentos; la homonimia perfecta, es decir, personas con nombre, apellido y fecha de nacimiento idénticos, y los errores previos al 2015, cuando una persona solicitaba su documento en distintas oficinas (ante la tardanza de su primera solicitud, iba a otra sede a volver a hacer el trámite, por lo que le salían dos cédulas con dos documentos).

“En el pasado, si uno sacaba la cédula en una ciudad y tardaba, podía ir a otra oficina, y ahí le emitían otro número. Todo eso fue corregido desde el 2015”, sostuvo.

En los casos en que se detecta doble inscripción en el Registro Civil, debe realizarse un juicio de cancelación de instrumento público, lo cual suele tardar entre dos y tres meses. Sin embargo, en el caso de Cáceres, no fue necesario acudir a la vía judicial, al ser un trámite administrativo.

La resolución emitida por la ANTSV aprueba los valores impositivos de vehículos que regirán para este año y que serán utilizados para calcular lo que un conductor debe abonar por su habilitación en la Municipalidad, de acuerdo a la ley 7459/25.

El listado incluye motos, autos, camionetas, camiones, entre otros, y se puede verificar el año, procedencia, modelo y el valor imponible en este enlace.

Según la nueva ley que fija estos costos, el costo de la habilitación se calcula sobre el 0,3% del valor imponible del vehículo. Esta disposición rige para todas las municipalidades, incluida la ciudad de Asunción.

El cálculo se realiza de la siguiente manera: el valor del vehículo que aparece en la lista debe multiplicarse por 0,3, y el resultado dividir por 100. Ese monto es lo que corresponde a la patente del rodado.

La ley también establece la reducción anual del 5% en el valor de vehículos durante los primeros 10 años de antigüedad, es decir, si el auto es modelo 2016, irá reduciéndose cada año hasta el 2026, allí quedará el último valor fijo.

La Organización Paraguay de Cooperación Intermunicipal (Opaci) tiene disponible en su sitio web una pestaña de consulta donde se puede seleccionar fácilmente la marca y modelo del vehículo para determinar el valor imponible y el monto a abonar en concepto de patente municipal.