Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimi Adle y Verónica Valdez participaron de la audiencia de reposición con apelación en subsidio planteada por la defensa del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ocasión en que pidieron la aplicación de medidas disciplinarias para la defensa técnica ante el notorio ejercicio abusivo del derecho.

La diligencia fue llevada a cabo en el marco de la causa abierta para investigar el supuesto desvío de 306 millones de guaraníes en el caso Tajy Servicios Generales, carpeta fiscal en la cual se pesquisa el supuesto perjuicio patrimonial a la comuna esteña por medio de la compra de insumos para la elaboración de panificados para familias de escasos recursos, durante la pandemia del Covid 19.

El Ministerio Público peticionó al juzgado la aplicación de sanciones disciplinarias sobre la abogada por la obstaculizacion del normal desenvolvimiento del proceso, a través de una reposición con apelación subsidiaria notoriamente improcedente con el único fin de dilatar la audiencia preliminar señalada para el 4 y 7 de abril próximos.

También se hizo mención a que se solicitaba la sanción por todos los planteamientos dilatorios en el proceso, acciones, excepciones, apelaciones, y otras, que todas dieron la razón al Ministerio Público, en las recusaciones cuando debía presentarse acusación, etc.

El pedido fue realizado en virtud de las acordadas de la Corte Suprema de Justicia, del Código Procesal Penal y de la Acordada 1406 que regula la Ley de la Creación de los Juzgados Especializados de Delitos Económicos que habilita e instan al juez a aplicar sanciones disciplinarias.

Para el Ministerio Público, Prieto y los otros procesados en esta causa ocasionaron un perjuicio económico de 306.188.500 guaraníes a las arcas municipales por medio del pago realizado a la referida firma proveedora por mercaderías inexistentes.

La agente fiscal Rocío Celeste González formuló imputación contra dos hombres, uno paraguayo de 29 años y otro brasileño de 37 años, ante la existencia de suficientes elementos de sospecha sobre hechos punibles de transgresión a la Ley 716/96.

La investigación se inició el 8 de octubre de 2025, cuando el Ministerio Público tomó conocimiento sobre los presuntos delitos ambientales. La fiscala requirió al Juzgado la autorización de allanamiento para verificar la veracidad de la información, identificar el inmueble y determinar a los responsables.

Durante la inspección, se constató la utilización de maquinarias pesadas para la limpieza de la formación vegetal, el destronque de especies nativas y cortes realizados con motosierras.

Técnicos de la DEDA realizaron relevamientos fotográficos, georreferenciación y análisis con imágenes satelitales multitemporales, estimando una afectación de aproximadamente 35 hectáreas.

A raíz de las irregularidades detectadas, el Ministerio Público dispuso la suspensión de las actividades y la prohibición de ingreso al inmueble, a fin de evitar la continuidad del desmonte y la extracción de las especies.

Sin embargo, días después, a raíz de nuevas informaciones sobre la continuidad del desmonte y la quema de restos vegetales, la agente fiscal solicitó un segundo mandamiento de allanamiento, y allí se corroboró la quema de árboles nativos, el corte de troncos en tablones y la apertura de un nuevo sector desmontado de unas 5 hectáreas.

El operativo Caacupé 2025 ya está en marcha y desde el Ministerio de Obras Públicas dieron a conocer el plan de trabajo de los inspectores de la caminera durante el desarrollo del novenario que arranca el 28 de noviembre.

Desde el día 1, los agentes acompañarán a los peregrinantes a lo largo del tramo, hasta el último día, el 8 de diciembre.

El plan previsto para este año contempla la participación de 318 inspectores nacionales y 18 funcionarios administrativos, además del despliegue de camionetas, automóviles, motocicletas patrulla, un camión grúa y un ómnibus.

La peregrinación pedestre se organizará de la siguiente manera: en el sentido Asunción–Caacué, los caminantes utilizarán el margen derecho de la calzada, desde el peaje de Ypacaraí hasta Caacupé.

En el sentido Caacupé-Asunción la circulación se realizará por el margen izquierdo. En este tramo, a partir de la entrada de Ypacaraí, no se habilitará el tránsito vehicular para reforzar la seguridad de los peregrinos.

Los automovilistas que viajen a Caacupé deberán ingresar por el km 52,2, en la rotonda de la circunvalación. Quienes lleguen desde Asunción deberán girar a la derecha en la rotonda Santa Ana, donde encontrarán diversas opciones de estacionamiento

Dorado, manguruyú, armado, sábalo y boga fueron algunas de las especies donadas por disposición del ministro del Ambiente, Rolando Barros.

Son productos que el Mades incautó en un local comercial donde se ofertaban los pescados frescos, pese a la veda.

Al ser productos aptos para el consumo, se dispuso que sean entregados a a instituciones que brindan asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

La donación fue para el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), la Escuela Subvencionada N.º 7 “Antonio Próvolo”, Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” y Kuñataî Roga – Congregación Religiosas de María Inmaculada.

Según informaron desde el Mades, la entrega se realizó siguiendo todos los protocolos institucionales, asegurando la aptitud de los productos para el consumo humano y preservando la cadena de frío.