Medios argentinos se hicieron eco de la acción emprendida por la Agencia de Inteligencia del Brasil, que ejecutó una operación de espionaje contra nuestro país acerca de las estrategias barajadas para la negociación de la tarifa de Itaipú y del Anexo C.

La radio Mitre de Argentina entrevistó a Santiago Peña al respecto, a fin de conocer la postura del Gobierno y las acciones emprendidas. El mandatario paraguayo reconoció que fue una noticia bastante desagradable y trajo a colación la dura historia del Paraguay en la región, en alusión a la Guerra contra la Triple Alianza, donde, si bien nos enfrentamos a tres países, fue Brasil el que lideró el conflicto bélico, opinó.

“Estas son heridas que nosotros estamos buscando sanar y este episodio lastimosamente lo que hace es abrir estas viejas heridas, cuando nosotros lo que queremos es dejar atrás es esa historia de odio, de resentimiento que venìa principalmente de afuera hacia Paraguay, lastimosamente, hoy nos damos cuenta de que hay ese resentimiento”, contestó.

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El presidente dejó en claro que su Gobierno asumió una posición país, más allá de las administraciones Bolsonaro o Lula y Abdo-Peña. Sostuvo que lo acontecido lo ve con una tremenda preocupación porque no condice con el tipo de relación que Paraguay quiere proponer: de amistad, de hermandad y de socios.

Peña contó que  Paraguay es permanente blanco de ataques cibernéticos, entre ellos, de China, cuya detección fue posible mediante una cooperación de Estados Unidos.

La medida más importante adoptada por el Gobierno tras la confirmación del espionaje es la suspensión de la revisión del Anexo C, que debía culminar el 30 de mayo. Esta pausa regirá hasta tanto Brasil aclare en detalle, no con un simple comunicado, la acción ejecutada.

Como ya se había implementado en ocasiones anteriores, la modalidad contempla el cobro adelantado en fila únicamente mediante dispositivos POS, con pagos habilitados a través de tarjeta de débito, crédito o QR.

Esto permitirá reducir las filas frente a los puestos de peaje y agilizar la circulación, en estos días donde muchas personas acuden a la Villa Serrana.

De manera excepcional y de acuerdo con la cantidad de vehículos que ingresen y salgan de Asunción, se habilitarán los puestos necesarios según el flujo vehicular, tanto en el acceso como en la salida del peaje, y se aplicará un sistema de cobro bidireccional. Estas medidas estarán vigentes del 6 al 8 de diciembre.

En los peajes concesionados a Tape Porã, ubicados en Minga Guazú y Juan Manuel Frutos, se reforzará la operación con más cajeros y auxiliares de pista entre el 5 y el 8 de diciembre.

Rutas del Este también implementará un operativo similar, con más perceptores de caja y cobro adelantado. Los servicios en ruta estarán disponibles para los usuarios y, para solicitar asistencia o grúa, podrán comunicarse al *76373.

El las últimas diez semanas no se registraron casos nuevos de sarampión, pero el riesgo de brotes y dispersión de la enfermedad sigue latente debido a que muchas personas siguen sin vacunarse.

Se encuentran actualmente en investigación cuatro personas con sospecha de sarampión, procedentes de San Pedro y de Asunción.

Desde Salud insisten en acceder a la vacunación y completar el esquema para protegerse de esta enfermedad altamente contagiosa.

La mayoría de los casos detectados de sarampión en territorio nacional se ubica en el rango etario de niños y adultos de entre 3 meses a 54 años. Cabe resaltar que ninguno de los afectados por sarampión requirió cuidados intensivos, tampoco se reportaron fallecidos.

En San Pedro, Asunción y Central continúan las actividades de intensificación, a fin de monitorear las coberturas de vacunación y realizar la búsqueda activa de sospechosos de sarampión y rubéola.

Los fiscales Giovanni Grisetti, Juan Ramón Sandoval, María Irene Álvarez y Christian Ortiz, presentaron el requerimiento conclusivo con acusación contra Armando Javier Rotela Ayala por homicidio, toma de rehenes y motín de internos y asociación criminal.

Además del líder del Clan Rotela, también están acusadas otras ocho personas por la supuesta participación en los graves hechos registrados los días 16 y 17 de febrero de 2021 en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

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En la ocasión, ocho internos fueron asesinados y más de veinte agentes penitenciarios fueron tomados como rehenes.

Se solicitó al Juzgado Penal de Garantías la admisión de la acusación y de todas las pruebas. También pidieron elevar el caso a juicio oral y público.

Entre los elementos de prueba figuran: actas de intervención fiscal y policial, informes de inteligencia y análisis de videos, autopsias, pericias forenses y estudios dactiloscópicos. Además, declaraciones testimoniales de autoridades, guardias retenidos, bomberos y agentes policiales intervinientes.

Los incidentes habían comenzado cuando se decidió trasladar a otro penal al interno Orlando Efrén Benítez Portillo, momento en que se amotinaron los miembros del clan Rotela, tomaron de rehenes a los guardias y mataron a 8 reclusos.

También quemaron colchones, causaron destrozos e impidieron que los funcionarios reorganicen el penal y retomen el control.

En cuanto a los homicidios, la Fiscalía sostiene que Rotela impartió órdenes directas de las ejecuciones. Muchos fueron apuñalados y otros decapitados.