La denuncia fue formulada por los hechos punibles de Estafa y Asociación Criminal, y la causa fue procesada por el fiscal Oscar Delfino y esta caratulada: “GUSTAVO PAREDES Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS” CAUSA Nº 2181/2025.

Según la denuncia presentada, preliminarmente serían 80 las víctimas del esquema, el cual consistía en gestionar préstamos a funcionarios y jubilados duplicando la deuda y perjudicando el patrimonio de los deudores en forma indebida.

Conforme a la versión de los denunciantes, para acceder al préstamo en la asociación FIPSA, el socio se constituía ante la sede de la asociación y presentaba su liquidación de salario, su fotocopia de cédula de identidad y solicitaba el monto de préstamo que deseaba obtener. Desde ahí se realizaba un proceso de análisis de crédito de acuerdo a los requisitos de la asociación. Una vez aprobado el análisis, la asociación se comunica con el socio y le hace entrega de la documentación que el mismo debe firmar, entre las cuales se encuentra un pagaré a la orden de FIPSA y una autorización de descuento automático del salario o la jubilación, que se encuentra en la parte inferior del citado pagaré.

Según la denuncia, la asociación FIPSA no contaba con el capital para realizar los préstamos a los funcionarios y jubilados, por lo que la misma mantenía convenios con varias casas de crédito. De acuerdo a esto, el dinero del préstamo no provenía de la asociación, sino que de una de las casas de crédito con las que FIPSA trabaja.

Una vez aprobado el análisis de crédito y firmado el pagaré a la orden de FIPSA, se emite una “orden” a través de la cual envían a los funcionarios a una casa de crédito para retirar su préstamo. En este momento, la entidad financiera les volvía a hacer firmar otro pagaré como requisito ineludible para retirar el dinero. En estas condiciones, los sujetos de crédito firmaban este nuevo pagaré, obtenían el dinero en préstamos y empezaban los descuentos de salarios en forma mensual.

Los denunciantes refieren que, el Instituto de Previsión Social realizaba el descuento del monto de la cuota debida a FIPSA de cada funcionario y luego transfería el monto total de los descuentos a la asociación. Sin embargo, esta no transfirió gran cantidad de dinero a las entidades financieras. Unos 80 funcionarios y jubilados, a pesar de haber cancelado sus obligaciones con FIPSA, terminaron demandados por las entidades financieras que realizaron los préstamos, debido a que FIPSA nunca transfirió los montos de las cuotas a estas entidades y se quedó con el dinero de funcionarios y jubilados, según la denuncia.

En otros casos, hubo personas que pagaron dos veces la deuda para evitar la continuidad de las demandas.

La iniciativa modifica el artículo 100 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que actualmente exige la firma de ambos padres para que un menor pueda viajar al extranjero. Con el cambio propuesto, el consentimiento del progenitor incumplidor dejaría de ser un requisito en determinados casos.

La presidenta de la comisión asesora, la senadora Lizarella Valiente, explicó que el objetivo es agilizar trámites que suelen generar dificultades para el padre o madre que convive con el menor, especialmente cuando existe incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Según detalló, la medida apunta principalmente a situaciones de padres separados en las que uno de los progenitores no cumple con la prestación alimentaria y se encuentra registrado oficialmente como deudor moroso. En esos casos, la autorización para el viaje podría concretarse sin necesidad de obtener su firma.

El proyecto fue analizado junto con representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Dirección Nacional de Migraciones, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y organizaciones de la sociedad civil.

No obstante, las instituciones participantes coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos de control que permitan mantener las garantías de protección de niños y adolescentes, evitando que la simplificación de los trámites afecte su seguridad o bienestar.

La propuesta continúa en estudio dentro del Senado y forma parte del debate sobre los alcances de la patria potestad, en particular cuando uno de los progenitores incumple obligaciones consideradas fundamentales para el cuidado y desarrollo de sus hijos.

Esta innovadora estrategia de consultas médicas a distancia está diseñada específicamente para implementarse de forma progresiva, comenzando con una primera población objetivo compuesta por adultos mayores con comorbilidades.

Según informó el Dr. Derlis León, gerente de Salud de la institución, el proyecto se encuentra en su etapa final de preparación y busca optimizar el seguimiento médico de más de 103.000 asegurados empadronados que cumplen con este perfil de edad y salud.

Al enfocar los esfuerzos iniciales en este grupo vulnerable, el IPS pretende facilitarles el acceso a la atención profesional continua y evitar que deban desplazarse obligatoriamente hasta un centro asistencial para sus controles.

Este martes 16 de junio comenzaron las capacitaciones dirigidas a los primeros 20 médicos que integrarán el Hospital Virtual. Las jornadas de entrenamiento se desarrollan en el Hospital Central y están centradas en preparar al personal en el uso de la plataforma tecnológica, los protocolos de atención virtual y el manejo adecuado de las consultas a través de videollamadas.

Este grupo inicial de adultos mayores se beneficiará especialmente si deben renovar periódicamente sus protocolos de medicación, un trámite que actualmente les exige acudir a una consulta presencial cada seis meses. Con la llegada del Hospital Virtual en junio, la evaluación y los ajustes en el tratamiento se harán de forma remota. El médico gestionará la receta electrónicamente para que retiren los fármacos cerca de sus casas.

La selección y el contacto con los primeros beneficiarios de este mes se realizará de forma directa, el IPS se comunicará con los asegurados elegibles mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas para explicar el sistema y solicitar su consentimiento.

El rescate fue posible gracias a la denuncia de un grupo de pescadores que divisaron al reptil completamente inmovilizado en el agua. Ante la alerta, guardaparques y técnicos de la División de Áreas Protegidas de ITAIPU se trasladaron de urgencia al lugar para liberar al animal y trasladarlo de inmediato al Centro de Investigación de Animales Silvestres (CIASI).

Debido a la complejidad del cuadro, el equipo médico del Hospital Faunístico determinó que la mejor opción era someter al reptil a una evaluación clínica completa bajo anestesia general. Diana Pésole, veterinaria del CIASI, explicó que el procedimiento quirúrgico fue riguroso y centrado en la sutura y curación de cada una de las heridas abiertas.

Se extrajeron diversas muestras biológicas para evaluar su estado de salud general, se confirmó el sexado del reptil y se procedió a la colocación de un microchip subcutáneo. Este dispositivo electrónico resultará clave para la identificación y el posterior seguimiento del animal una vez que reciba el alta médica y sea liberado.

La doctora Pésole aprovechó la ocasión para lanzar una advertencia sobre el peligro que representan los elementos de pesca abandonados o mal utilizados en los ríos del país. Según argumentó, las redes se transforman con frecuencia en trampas mortales invisibles para la fauna silvestre acuática, provocando mutilaciones y muertes que podrían evitarse con una práctica responsable.

La mbói jagua es una de las serpientes más grandes de América y desempeña un rol crucial como depredador tope en el equilibrio ecológico de los humedales y cursos de agua paraguayos. Actualmente, las poblaciones de esta especie sufren un declive alarmante debido a la destrucción sistemática de sus hábitats naturales.