La iniciativa fue presentada por los diputados Rocío Abed (ANR-Alto Paraná), y Hugo Meza (ANR-Cordillera).

En ese contexto, la Cámara Baja consideró prioritario no quedar al margen del proceso, especialmente luego de que la Cámara de Senadores haya aprobado una resolución similar.

Según se expresa en la exposición de motivos, el objetivo de esta comisión es acompañar al gobierno nacional en las negociaciones realizadas con relación al Anexo “C”; con el seguimiento y la verificación de los avances, a fin de velar por los intereses del Paraguay.

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El proyecto fue planteado “en razón de que no hubo un acuerdo entre los miembros designados por sus pares de ambas Cámaras, tanto de Senadores así como de Diputados, en cuanto a la conformación de la mesa directiva”, refiere una parte del documento.

La comisión estará integrada por legisladores de diferentes bancadas, en pos de una mirada plural y diversa sobre un tema que podría definir el rumbo de la política energética del país para los próximos años.

Serán miembros titulares de la comisión especial, los diputados: Rocío Abed (ANR-Alto Paraná); Christian Brunaga (ANR-Itapúa); Avelino Dávalos (ANR-Caazapá); Cristina Villalba (ANR-Canindeyú); Hugo Meza (ANR-Cordillera); Mauricio Espínola (ANR-Capital); Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí); Carlos Pereira (PLRA-Itapúa); y Raúl Benítez (PEN-Central).

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Como suplentes, forman parte de la nómina, los diputados: Miguel Del Puerto (ANR-Caaguazú); Bettina Aguilera (ANR-Alto Paraná); Esteban Samaniego (ANR-Paraguarí); Luís Federico Franco (PLRA-Central); y Walter García (Yo Creo-Alto Paraná).

Los diputados representantes ante el Parlamento del Parlasur que formarán parte de la comisión especial, son: Rodrigo Gamarra (ANR-Central); Virina Villanueva (ANR-Concepción); y Pastor Vera (PLRA-San Pedro).

Funcionarios de la ANDE, con acompañamiento de efectivos policiales, este lunes encabezaron un allanamiento en una vivienda ubicada sobre las calles Japón y Noruega, en el barrio La Asunción de Mariano Roque Alonso.

Durante dicha intervención, la comitiva logró constatar un consumo irregular de energía eléctrica para abastecer una granja ilegal de minería de criptomonedas.

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En el inmueble hallaron 25 máquinas mineradoras y 30 ventiladores, según indica el informe de los intervinientes. A la par, se descubrió una conexión clandestina directamente desde el tendido eléctrico.

El responsable del lugar autorizó el ingreso de las autoridades y procedió a la entrega voluntaria de los equipos. Esta persona exhibió un contrato de alquiler a nombre de un ciudadano brasileño, identificado como Vitor Alberto Marcola Anziliero.

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El caso fue comunicado a la agente fiscal Sandra Fariña, de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso, quien quedará a cargo de la causa penal.

Cabe recordar que la expectativa de pena por sustracción de energía eléctrica puede llegar hasta los 10 años de prisión, inclusive.

Este miércoles y jueves, la Costanera de Asunción permanecerá cerrada a partir de las 9:00 hasta las 19:00, desde su intersección con la Avda. General Santos hasta la calle Río Blanco.

El viernes, se permitirá la circulación vehicular, sin restricciones en ningún horario. El sábado volverán a cerrarla desde las 8:00 hasta las 19:00 y, por último, el domingo, desde las 4:00 hasta las 14:00.

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La principal crítica al cierre de hoy, además del bloqueo en sí, fue la falta de comunicación con suficiente anticipación y haberse limitado a las redes sociales.

Un inspector de la PMT recibió el reclamo de un conductor y le respondió que el cierre fue comunicado por esas vías.

“Yo no tengo redes sociales, amigo. ¿Para qué está la televisión y todo eso? ¿A ellos se les avisó? No, ¿verdad?”, lamentó un automovilista.

El Juzgado de Ejecución Penal en Delitos Económicos y Corrupción y Crimen Organizado N° 3 de la Capital, a cargo del juez Carlos Mendoza, este martes dispuso declarar de “puro derecho” el incidente de prisión domiciliaria presentado a favor de Hugo Javier González, procesado por lesión de confianza.

Con esta providencia judicial, el expediente queda formalmente exento de nuevas discusiones sobre los hechos y se encuentra en estado de formularse una resolución inmediata, que se daría en las próximas horas.

La decisión del magistrado se sustenta en la incorporación de informes periciales, evaluaciones psicológicas e interdisciplinarias que exponen un delicado cuadro clínico e invalidante del exgobernador del Departamento Central.

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De acuerdo a la evaluación médica, si bien Hugo Javier cuenta con alta hospitalaria y se encuentra “clínicamente compensado” tras superar la fase crítica de traumatismo de cráneo y meningitis bacteriana, aún arrastra secuelas motrices y episodios de alucinaciones.

El médico que lo evaluó en el Hospital Nacional de Itauguá determinó que el procesado requiere “el acompañamiento constante de un tercero”, por lo que desaconsejó su reingreso a la penitenciaría y recomendó la continuidad de su rehabilitación en su domicilio, bajo estricta supervisión familiar y médica.

En la misma línea, el Dr. Iván Cattebeke dictaminó de forma tajante que González padece “secuelas graves e invalidantes”, señalando que el mismo requiere asistencia total y permanente para mantenerse en pie e incluso para alimentarse, concluyendo que “no está en condiciones de volver a la cárcel”.

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En su informe psicológico forense, la Dra. Alma Segovia Ramírez reveló un “deterioro significativo en la memoria inmediata, a corto y mediano plazo”, además de episodios alucinatorio-delirantes y una inversión del ritmo circadiano. El reporte subraya que el entorno familiar resulta imprescindible para evitar un daño neuropsicológico irreversible.

En estos momentos, el juez Carlos Mendoza se deberá abocar de manera exclusiva al estudio de la normativa vigente para emitir una resolución definitiva que confirme o descarta la prisión domiciliaria de Hugo Javier.