Agentes de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de Itapúa, con apoyo de la Fiscalía, esta tarde llevaron a cabo un allanamiento en el Barrio San Pedro de Encarnación.

Dicho procedimiento, encabezado por la agente fiscal María del Carmen Palazón, se realizó en una vivienda particular que funcionaba como empresa de serigrafía y cartelería.

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Dentro del sitio, los intervinientes hallaron una gran cantidad de matrículas vehiculares apócrifas, tanto de Paraguay como así también de Argentina.

La ubicación de este sitio fue posible gracias a un trabajo de inteligencia policial, el cual permitió dar con los responsables de este negocio ilícito. Los mismos presuntamente recepcionaban los pedidos vía WhatsApp.

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Dos personas resultaron detenidas en esta intervención. En su poder también incautaron armas de fuego, confirmó uno de los jefes policiales al canal C9N.

Los mismos se exponen a un proceso penal por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, manipulación de graficaciones técnicas y violación a la Ley de Marcas, esto último considerando el hallazgo de elementos utilizados para el grabado de reconocidas marcas.

Existe una gran expectativa ante la finalización del juicio oral y público del caso María Fernanda, cuya conclusión está prevista para la jornada de mañana jueves.

Será la jornada 37 del juicio donde se tiene prevista la presentación de las dúplicas correspondientes a las cuatro defensas restantes. Una vez que concluyan estas intervenciones, se dará por terminada esta etapa del proceso para dar paso a la fase de resolución del caso.

Posteriormente, el Tribunal de Sentencia, el cual está integrado por los magistrados Luis Ovellar, Andrea Riquelme y Víctor Vera, entrará a deliberar de manera inmediata. Tras este análisis, el tribunal dará a conocer su veredicto y la sentencia definitiva para cada uno de los acusados en la causa.

Los representantes del Ministerio Público solicitaron 4 años y medio de cárcel para Armando Silva y Karent Villar, padres del principal sospechoso, un adolescente de 17 años con iniciales B.S. Ambos se encuentran imputados por exposición al peligro, simulación de hecho punible y frustración de la persecución penal.

Por su parte, pidieron una condena de 3 años de pena privativa de libertad para Ricardo Villamayor por frustración de la persecución penal y ocultamiento de evidencias.

Para Mikhaela Chiara Rolón Melgarejo, amiga del adolescente sindicado como autor, los fiscales solicitaron 10 años de prisión. La joven afronta una causa por instigación a cometer feminicidio, asociación criminal y omisión de aviso.

Franco Antonio Acosta, propietario de una farmacia y quien habría proveído información sobre medicamentos abortivos, podría recibir una condena de 4 años de cárcel.

En el caso de B.S., principal sospechoso por el feminicidio de María Fernanda, podría recibir una condena máxima de 8 años, independientemente de la gravedad del delito, teniendo en cuenta qu ees juzgado como menor.

Esta iniciativa surge en el marco de un acuerdo de colaboración interinstitucional firmado entre el Centro de Estudiantes y el CNAE.

Según destacó la Prof. Abg. Ada López, secretaria de Asuntos Estudiantiles y Jurídicos del centro estudiantil, la propuesta busca brindar herramientas para la formación integral de los futuros cientistas políticos, reconociendo además el valor estratégico que desempeñan los medios de comunicación en la difusión del conocimiento y la participación ciudadana.

La capacitación estará a cargo del disertante Dr. José Carlos Baranda Samaniego y tendrá una duración de cuatro días. Las clases se impartirán los días 24, 26, 27 y 28 de agosto de 2026, en el horario de 17:00 a 21:00 horas.

El encuentro presencial se desarrollará en las instalaciones del Colegio Nacional EMD Asunción Escalada, consolidando un espacio de aprendizaje y articulación entre la comunidad académica y la ciudadanía.

Las inscripciones se pueden realizar completando el formulario habilitado para el efecto.

El emblemático cañón tuvo un papel determinante durante la Guerra contra la Triple Alianza, siendo utilizado inicialmente en la batalla de Curupayty para frenar el avance de la escuadra brasileña y, posteriormente, en la defensa de la Fortaleza de Humaitá.

Tras la evacuación del sitio, la pieza fue trasladada al Brasil como trofeo de guerra, integrándose a su patrimonio histórico hasta el inicio del actual proceso de restitución.

Desde la comuna destacaron que el eventual retorno de la reliquia representa un hecho de trascendencia para la memoria nacional y la identidad comunitaria.

Enfatizaron que Humaitá cuenta con el valor histórico, los vestigios y los testimonios de la contienda necesarios para albergar la pieza, comprometiéndose a garantizar las condiciones de seguridad, conservación y protección patrimonial que requiera su exhibición.

La administración municipal señaló que la permanencia el cañón en la ciudad impulsará la educación histórica y potenciará el turismo cultural en la zona.

Bajo la consigna de que una parte de la historia debe volver al lugar donde comenzó, la solicitud busca poner en valor el patrimonio local y consolidar a Humaitá como un punto de referencia para el conocimiento de la historia paraguaya.