En entrevista con la radio Universo 970 AM, Blanca Agüero, representante del rector Simón Benítez, explicó que asumió la defensa tras mantener conversaciones con testigos vinculados a la denunciante. Aseguró que, luego de verificar documentación y ciertas circunstancias, encontró elementos que ameritan una revisión objetiva del caso.

Detalló primero que la causa nació mal, ya que no se habrían seguido los pasos para su inicio. “La denuncia no fue presentada ante la Fiscalía ni la Policía, sino a través de una vía administrativa”, dijo y explicó que la funcionaria manifestó que sufría una carga laboral muy extensa con tres rubros y que era porque la misma no accedía a deseos del rector.

“La causa tuvo nacimiento de muerte porque contradice el artículo 133 del Código Penal, que exige una denuncia directa de la víctima en casos de acoso sexual. En este caso la víctima no hizo, sino que fue una denuncia administrativa. A lo mejor pudo habérsele ido de las manos esto”, afirmó la abogada.

Agüero detalló que la denunciante ocupa tres rubros en la universidad —docencia en aula, docencia técnica y funciones administrativas— y que su carga laboral es producto de decisiones voluntarias. Según relató, uno de los rubros incluía una comisión en un municipio cercano, donde supuestamente no asistía con regularidad.

“Ese comisionamiento terminó y ahí surgió el problema. Ella debe entrar a las 07 y salir a las 19 por sus rubros. Ahí vemos que la señora tenía una rutina de ir al gimnasio por las mañanas. Ella tenía esa práctica habitual. Cuando esa comisión terminó, se le pidió que retome su horario laboral completo desde las 07. A partir de ahí surgen los reclamos y se rompe la relación con el rector”, explicó.

La defensa asegura que la denunciante habría utilizado una denuncia mediática como represalia, aprovechando una acusación previa —ya resuelta en favor del rector incluso por fallo de la máxima instancia judicial— para darle mayor impacto público. Hay que recordar que el rector ya había sido denunciado anteriormente por presunto acoso.

Agüero señaló que el equipo jurídico propuso a la Fiscalía la inclusión de un perito de parte para colaborar en el análisis psicológico del rector y que se encuentran a la espera de la fijación de una audiencia. “Esperamos que la investigación sea objetiva. La reputación del rector está en juego y cualquier imputación lo podría apartar del cargo, entonces hay también detrás una puja de poder”, resaltó.

LA DENUNCIA

La denunciante, identificada como Karina Leske, es funcionaria de la institución y habría soportado un acoso sistemático durante casi una década, según relató su abogado Isaías Acosta en entrevista con radio Universo 970 AM.

“El acoso fue constante, psicológico y laboral. Mi clienta es madre de dos niños y debió soportar todo ese tiempo bajo amenaza de perder su empleo”, afirmó el abogado, quien aseguró que la víctima intentó durante años ser comisionada a otro lugar, sin éxito. “Lo único que pedía al señor era que se le traslade, y un tiempo la trasladó, pero luego de dos años volvió al lugar y fue lo mismo. Le daba más carga horaria para mantenerla allí”, detalló.

La denuncia fue presentada formalmente este año, luego de que la víctima recibiera contención y acompañamiento psicológico a través del Ministerio de la Mujer. Según relató Acosta, la mujer recurrió al sistema 137 y luego de mucha contención e insistencia para que formalice la denuncia, decidió denunciar al hombre.

“Existen otras denuncias anónimas contra la misma persona. Además, hay una testigo clave, una exempleada del rectorado que también vivió situaciones similares”, sostuvo Acosta.

El abogado mencionó que el rector cuenta con respaldo político, lo que habría dificultado que otras denuncias prosperen. “Un senador nacional incluso llamó a mi clienta para pedirle que pare con la denuncia. Dijo incluso que mientras él esté en el cargo, el rector no se mueve de la universidad”, denunció.

La endometriosis es una enfermedad crónica que ocurre cuando tejido similar al endometrio —la capa que recubre el interior del útero— crece fuera de él, generando inflamación, dolor pélvico y, en muchos casos, dificultades para lograr un embarazo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta aproximadamente a 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva en el mundo, lo que equivale a cerca de 190 millones de personas.

A pesar de su alta prevalencia, especialistas advierten que el diagnóstico suele demorarse entre 4 y 12 años, en gran parte porque durante décadas el dolor menstrual intenso fue socialmente normalizado.

“El dolor menstrual incapacitante no debería considerarse algo normal. Cuando el dolor obliga a faltar al trabajo, a la escuela o limita la vida cotidiana, es importante consultar con un especialista, ya que podría tratarse de endometriosis”, explica el Dr. Gustavo Manavella, máster en Reproducción Humana Asistida.

Además del dolor, la enfermedad puede tener impacto en la salud reproductiva. Diversos estudios estiman que entre el 30% y el 50% de las mujeres que consultan por infertilidad presentan endometriosis, lo que la posiciona como una de las causas más frecuentes de dificultades para lograr un embarazo.

“La endometriosis no siempre provoca infertilidad, pero puede afectar los ovarios, las trompas o el entorno pélvico. Por eso, el diagnóstico temprano y el seguimiento médico adecuado son fundamentales para evaluar tratamientos y mejorar las probabilidades reproductivas”, señala el Dr. Manavella.

En los últimos años, los avances en diagnóstico por imágenes, evaluación clínica especializada y tratamientos médicos han permitido mejorar el abordaje de la enfermedad. Aunque actualmente no existe una cura definitiva, el manejo temprano puede ayudar a controlar los síntomas, prevenir complicaciones y planificar mejor la salud reproductiva.

El especialista subraya que informar y reconocer los síntomas a tiempo es clave para reducir el diagnóstico tardío y mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Acerca de:

El Dr. Gustavo Manavella es máster en Reproducción Humana Asistida por la Universidad de Salamanca, especialista en Ginecología y Obstetricia y referente en medicina reproductiva en Paraguay. Es vicepresidente y director médico de NEOLIFE – Centro Integral de Medicina Reproductiva y miembro de sociedades científicas internacionales como la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) y la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMeR).

El agente fiscal de la Unidad Penal n.º 9 de la Zonal de Luque, Augusto Ledesma Blasser, obtuvo una condena de 10 años de pena privativa de libertad para Néstor Fabián López, hallado culpable de la comisión del hecho punible de lesión grave, del cual resultó víctima Osvaldo Careaga Báez, quien quedó con discapacidad visual permanente a consecuencia del hecho.

Durante el juicio oral y público, el representante del Ministerio Público produjo diversas pruebas testimoniales y documentales, además de informes médicos y el dictamen médico legal, elementos que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho ocurrió el 22 de octubre de 2022, aproximadamente a las 07:00 horas, sobre la calle Eligia Mora de Stroessner del barrio San Miguel de la ciudad de Areguá. En esa circunstancia, Néstor Fabián López apuntó con una escopeta hacia una motocicleta y, sin mediar palabras, realizó disparos con balines de goma, los cuales impactaron en el rostro de Osvaldo Careaga Báez, quien se desplazaba a bordo de su biciclo y cayó al pavimento a consecuencia de las heridas.

Asimismo, se pudo determinar que, previamente, el ahora condenado había exigido a la víctima la suma de 20.000 guaraníes en concepto de “peaje”. Posteriormente, se acercó nuevamente a Careaga Báez, quien ya se encontraba herido en el suelo, y efectuó otros dos disparos, esta vez por la espalda.

Los proyectiles afectaron gravemente ambos ojos de la víctima, provocándole daños irreversibles que derivaron en la pérdida total de la visión, generándole una incapacidad permanente y dependencia de por vida.

En sus alegatos finales, el fiscal Ledesma Blasser solicitó la pena máxima de 10 años de pena privativa de libertad por la comprobada participación del acusado en el hecho punible de lesión grave.

El Tribunal de Sentencia Colegiado de Luque, presidido por la magistrada Nancy Adorno e integrado por las juezas Isabel Meza y Carmen Melgarejo, hizo lugar al pedido fiscal y dictó la condena.

Los pacientes beneficiados con este servicio del Programa Nacional de Salud Ocular (PNSO) de la Dirección General de Desarrollo y Redes de Servicios de Salud del Ministerio de Salud Pública fueron 84 del sexo femenino y 76 del sexo masculino, con edades comprendidas entre los 18 y 86 años.

Las cirugías se llevaron a cabo en los servicios dependientes del Ministerio de Salud Pública: en la VII Región Sanitaria-Itapúa, se concretaron 87 intervenciones quirúrgicas, y en la V Región Sanitaria-Caaguazú, 81.

En las próximas semanas, el servicio se habilitará en otras regiones sanitarias como Concepción, Alto Paraná y Central.

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Para acceder al servicio de cirugías, el paciente debe consultar en los servicios de oftalmología de la red del Ministerio de Salud Pública, donde se le expedirá la indicación de cirugía y con la misma puede acceder a la evaluación en uno de los centros quirúrgicos habilitados.

Tanto en los servicios de Caaguazú como de Itapúa, el agendamiento se realiza vía llamada a la línea 154.