En entrevista con la radio Universo 970 AM, Blanca Agüero, representante del rector Simón Benítez, explicó que asumió la defensa tras mantener conversaciones con testigos vinculados a la denunciante. Aseguró que, luego de verificar documentación y ciertas circunstancias, encontró elementos que ameritan una revisión objetiva del caso.

Detalló primero que la causa nació mal, ya que no se habrían seguido los pasos para su inicio. “La denuncia no fue presentada ante la Fiscalía ni la Policía, sino a través de una vía administrativa”, dijo y explicó que la funcionaria manifestó que sufría una carga laboral muy extensa con tres rubros y que era porque la misma no accedía a deseos del rector.

“La causa tuvo nacimiento de muerte porque contradice el artículo 133 del Código Penal, que exige una denuncia directa de la víctima en casos de acoso sexual. En este caso la víctima no hizo, sino que fue una denuncia administrativa. A lo mejor pudo habérsele ido de las manos esto”, afirmó la abogada.

Agüero detalló que la denunciante ocupa tres rubros en la universidad —docencia en aula, docencia técnica y funciones administrativas— y que su carga laboral es producto de decisiones voluntarias. Según relató, uno de los rubros incluía una comisión en un municipio cercano, donde supuestamente no asistía con regularidad.

“Ese comisionamiento terminó y ahí surgió el problema. Ella debe entrar a las 07 y salir a las 19 por sus rubros. Ahí vemos que la señora tenía una rutina de ir al gimnasio por las mañanas. Ella tenía esa práctica habitual. Cuando esa comisión terminó, se le pidió que retome su horario laboral completo desde las 07. A partir de ahí surgen los reclamos y se rompe la relación con el rector”, explicó.

La defensa asegura que la denunciante habría utilizado una denuncia mediática como represalia, aprovechando una acusación previa —ya resuelta en favor del rector incluso por fallo de la máxima instancia judicial— para darle mayor impacto público. Hay que recordar que el rector ya había sido denunciado anteriormente por presunto acoso.

Agüero señaló que el equipo jurídico propuso a la Fiscalía la inclusión de un perito de parte para colaborar en el análisis psicológico del rector y que se encuentran a la espera de la fijación de una audiencia. “Esperamos que la investigación sea objetiva. La reputación del rector está en juego y cualquier imputación lo podría apartar del cargo, entonces hay también detrás una puja de poder”, resaltó.

LA DENUNCIA

La denunciante, identificada como Karina Leske, es funcionaria de la institución y habría soportado un acoso sistemático durante casi una década, según relató su abogado Isaías Acosta en entrevista con radio Universo 970 AM.

“El acoso fue constante, psicológico y laboral. Mi clienta es madre de dos niños y debió soportar todo ese tiempo bajo amenaza de perder su empleo”, afirmó el abogado, quien aseguró que la víctima intentó durante años ser comisionada a otro lugar, sin éxito. “Lo único que pedía al señor era que se le traslade, y un tiempo la trasladó, pero luego de dos años volvió al lugar y fue lo mismo. Le daba más carga horaria para mantenerla allí”, detalló.

La denuncia fue presentada formalmente este año, luego de que la víctima recibiera contención y acompañamiento psicológico a través del Ministerio de la Mujer. Según relató Acosta, la mujer recurrió al sistema 137 y luego de mucha contención e insistencia para que formalice la denuncia, decidió denunciar al hombre.

“Existen otras denuncias anónimas contra la misma persona. Además, hay una testigo clave, una exempleada del rectorado que también vivió situaciones similares”, sostuvo Acosta.

El abogado mencionó que el rector cuenta con respaldo político, lo que habría dificultado que otras denuncias prosperen. “Un senador nacional incluso llamó a mi clienta para pedirle que pare con la denuncia. Dijo incluso que mientras él esté en el cargo, el rector no se mueve de la universidad”, denunció.

Este martes se tuvo conocimiento sobre la trágica muerte de una bebé en la comunidad indígena Jety Poty, distante a unos 130 kilómetros del casco urbano de Capitán Bado.

La víctima es una niña de apenas 7 meses de vida, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en medio de un yuyal por pobladores locales.

La madre de la bebé, una adolescente de 15 años, aparece como responsable de este horrendo crimen. “La madre ya le confesó al líder de la comunidad ayer a la tarde”, indicó a C9N la fiscal Esther Giménez.

La médica forense diagnosticó como probable causa de muerte una asfixia mecánica, a causa de un estrangulamiento. El cadáver presentaba rasguños y hematomas en el cuello.

Según lo manifestado por la joven, tomó la drástica decisión de acabar con su pequeña debido a que “estaba cansada de cuidarla”.

La adolescente fue detenida y llevada a la Comisaría de Mujeres de dicha jurisdicción, quedando a disposición del Ministerio Público, que formulará imputación en las próximas horas.

Este martes se llevó a cabo una reunión entre el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, el titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Juan Ramón Benegas, y representantes del grupo de indígenas apostado sobre la avenida Artigas.

Durante dicho encuentro, se logró sellar un acuerdo entre las partes, luego de que los nativos aceptaran la propuesta planteada por el Gabinete Social de la Presidencia, presidido por el ministro Rojas.

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Con ello, finalmente se logró el levantamiento de la medida de fuerza impulsada por los indígenas desde hace unas semanas frente a la sede del INDI, y que implicó el bloqueo temporal de Artigas.

La propuesta del gobierno consiste en replicar en las comunidades indígenas el modelo de trabajo implementado en distritos priorizados, en el marco de las “Mesas de Protección Social”, explicaron en conferencia de prensa.

Esto se llevará a cabo mediante la construcción de un plan comunitario que permitirá identificar, priorizar y gestionar las principales necesidades territoriales de manera coordinada con las instituciones del Estado.

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Horas después de sellarse el acuerdo, los nativos procedieron a retirar sus pertenencias para retornar a sus respectivas comunidades, ubicadas en los departamentos de Canindeyú y Caaguazú.

Se prevé que el próximo lunes 5 de mayo inicie el relevamiento de datos en la zona de Canindeyú, para luego continuar la siguiente semana en Caaguazú.

Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, la institución realizará las verificaciones laborales durante el feriado.

“Vamos a verificar y a dejar notificaciones en los lugares donde se encuentren trabajadores, para que se les pague el salario correspondiente con el recargo del 100%. Este día no puede ser compensado con un día libre posterior, Queremos dejar esto en claro: el Ministerio va a estar trabajando el 1 de mayo”, informó la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.

Cabe mencionar que, el artículo 234 del Código Laboral establece que las horas trabajadas en días feriados deben abonarse con un recargo del 100%. Por ejemplo, si el trabajador cobra por jornal 107.627 guaraníes, por el día feriado trabajado, el monto a percibir debe ser de G 215.254.

Además, el Ministerio recuerda que se encuentran habilitados los canales de denuncia para reportar incumplimientos de obligaciones laborales.

Las personas pueden acercarse a la sede central, ubicada en Herrera y Paraguarí, de Asunción, a las oficinas regionales en todo el país, comunicarse al (021) 729 0100, escribir al WhatsApp (0993) 308 100 o enviar un correo a dgss@mtess.gov.py. Las denuncias pueden realizarse de forma anónima o con identificación.