Agentes policiales en la noche de este sábado llevaron a cabo un control de rutina sobre la Ruta PY02, en inmediaciones de la Rotonda Oasis de Ciudad del Este.

Durante dicho procedimiento, los intervinientes visualizaron a un automóvil realizando imprudentes maniobras, por lo que procedieron a altearlo para solicitarle que se detenga.

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El conductor del rodado hizo caso omiso a la señal de pare y decidió acelerar la marcha, iniciándose una persecución que acabó cuadras más adelante.

El automovilista, identificado como Rubén Antonio Vera Duarte (32), iba al mando de un vehículo de marca Subaru modelo Impreza color azul y viajaba junto a su madre, su esposa y un menor de edad.

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Al momento de intentar demorarlo, este sujeto opuso resistencia y agredió físicamente a los agentes, por lo que los mismos debieron recurrir al uso de la fuerza para reducirlo.

Vera fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando un resultado positivo de 0,652 mg/L, por lo que se confirmó que manejaba en estado de ebriedad.

La acusación fiscal que había sido presentada contra el presunto narcotraficante Miguel Ángel Insfrán Galeano revela que la organización criminal liderada junto al uruguayo Sebastián Marset logró consolidarse y expandir sus operaciones de tráfico internacional de cocaína durante el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez.

Según el documento presentado por el fiscal Deny Yoon Pak, la red narco comenzó a tejer alianzas en Paraguay desde el 2018, año en que Marset ingresó por primera vez al país.

Esto coincidió con el inicio de la administración de Abdo Benítez.

La Fiscalía sostiene que, tras varios encuentros entre distintos grupos criminales, la organización terminó consolidándose entre los años 2020 y 2021, periodo en el que se estructuró un sistema de tráfico internacional de cocaína y lavado de dinero con base en Paraguay.

De acuerdo con la acusación, Marset inició contactos con empresarios y operadores locales bajo la fachada de “empresario de espectáculos”, lo que le permitió vincularse con Insfrán y otros integrantes que posteriormente formarían parte de la estructura criminal.

A partir de esa alianza, el grupo organizó el ingreso de cargamentos de cocaína provenientes de Bolivia, que luego eran trasladados a depósitos en Paraguay para su posterior envío a mercados internacionales.

El esquema incluía aeronaves para el traslado de la droga, pistas de aterrizaje clandestinas, establecimientos rurales para el acopio y empresas utilizadas para encubrir el movimiento de mercancías.

Según la investigación, parte de las cargas ingresaban al país mediante vuelos que aterrizaban en zonas aisladas, incluso en áreas cercanas a la Reserva Natural Cabrera-Timane.

Posteriormente, la droga era trasladada al departamento Central y ocultada dentro de mercaderías aparentemente legales que luego eran exportadas a Europa y África a través del Puerto Seguro Fluvial de Villeta.

El Ministerio Público señala que entre 2020 y 2021 la organización logró enviar importantes cargamentos de cocaína al exterior.

En total, se detectaron al menos 17.340 kilogramos de droga vinculados a la estructura investigada. Cada kilogramo era comercializado inicialmente entre 12.000 y 14.500 dólares, mientras que en Europa el precio podía alcanzar entre 20.000 y 25.000 dólares.

Solo considerando las cargas descubiertas, las ganancias potenciales en el mercado europeo superarían los 433 millones de dólares.

Otro dato llamativo es que durante ese periodo (mandato de Mario Abdo), Marset y su entorno lograron obtener documentación paraguaya.

En agosto de 2020 fueron expedidas cédulas de identidad para varios miembros de su familia, entre ellos su pareja Gianina García Troche. El propio Marset recibió su documento paraguayo en febrero de 2021.

Paralelamente, la organización creó empresas y realizó inversiones en bienes y vehículos. Entre ellas figura la firma Grupo San Jorge S.A. – Total Cars, constituida con un capital declarado de G. 1.000 millones.

La investigación forma parte del operativo A Ultranza Py, considerado uno de los mayores golpes contra el narcotráfico en el país.

“Este señor me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la república, era muy amigo de gente de la Fiscalía de alto nivel que permitieron que se borrara su nombre de los expedientes del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, Colombia,el fiscal Pecci fue asesinado en su luna de miel y ante su mujer embarazada, como si la vendeta reviviera”, afirmó Gustavo Petro, presidente de Colombia.

También aseguró que Marset no solamente integra la “Junta del Narcotráfico en Dubái”, sino que sus socios son grandes capos de la cocaína en Europa y Medio Oriente, además de tener minas de esmeralda en Colombia.

Esta no es la primera vez que Petro responsabiliza a Marset del asesinato de Marcelo Pecci. La justicia de Colombia atrapó a los autores materiales y participantes del crimen, desde la coordinación hasta la ejecución, pero, llegado un momento aseguraron que la tarea de dar con el autor moral quedaría en manos de Paraguay.

En junio del pasado, el fiscal general, Emiliano Rolón, reveló que su par de Colombia, Adriana Camargo, dio información respecto al crimen de Pecci y ubicó a Sebastián Marset como uno de los autores intelectuales.

Nuestro compatriota Marcelo Pecci fue asesinado el 10 de mayo del 2022 en Barú, Colombia, en el último día de su luna de miel con su esposa Claudia Aguilera.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA) iniciaron una fiscalización en diferentes supermercados de Mariano Roque Alonso y el barrio Loma Pytã de Asunción.

Equipos técnicos de las tres instituciones realizaron inspecciones coordinadas para verificar las condiciones de trabajo, el respeto a los derechos de los consumidores y el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos para la comercialización de productos.

Revisaron aspectos vinculados a la registración laboral de los trabajadores, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la correcta información y protección al consumidor, así como la habilitación y el cumplimiento de las normativas sanitarias en la manipulación y comercialización de productos.

Desde las instituciones se destacó que este tipo de operativos conjuntos permiten abordar de manera integral distintas dimensiones del funcionamiento de los establecimientos comerciales, promoviendo condiciones de trabajo dignas, prácticas comerciales transparentes y la seguridad sanitaria de los productos ofrecidos a la ciudadanía.

Los controles continuarán desarrollándose en distintos puntos del país como parte de una agenda coordinada de fiscalización interinstitucional.