El juzgamiento concluyó esta semana en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, donde la agente fiscal de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes demostró con suficientes pruebas documentales y testimoniales la existencia del hecho punible y la responsabilidad penal del acusado.

En consecuencia, el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Milciades Ovelar y conformado por sus pares Flavia Lorena Recalde y Emilia Santos, emitió el fallo condenatorio.

Durante el juicio quedó plenamente demostrado que, desde el 18 de enero del 2022, el encausado abusaba de manera continua y sistemática de la víctima, quien en aquel entonces contaba con 11 años de edad. Las agresiones sexuales se registraron en un inmueble ubicado en el kilómetro 20 del distrito de Minga Guazú.

Según los antecedentes, al principio, el hombre manoseaba a la víctima hasta que llegó a consumar los actos sexuales en repetidas ocasiones, según pudo probar la representante del Ministerio Público en el debate público.

El nombre del condenado se mantiene en reserva a fin de proteger la identidad de la víctima, en cumplimiento del Código de la Niñez y Adolescencia.

La Escuela de Formación de Suboficiales de la Armada Paraguaya (EFSOA) se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de saltar a la luz una denuncia relacionada a supuestos episodios de agresión.

Los datos refieren que un grumete que cursaba el primer año fue sometido a torturas físicas y psicológicas de forma sistemática, razón por la que se habría visto en la necesidad de abandonar su formación militar.

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Entre los hechos denunciados se mencionan golpizas, baños con agua helada en horas de la madrugada y otros castigos físicos, de acuerdo al relato del denunciante, cuyos datos se mantienen en reserva.

“Demasiado mucho le jugaron a mi hijo, incluso en la hora del almuerzo le castigaban. Como le venían jugando mucho, se tenía que refugiar junto a otro pelotón”, refirió la madre al canal SNT.

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Los presuntos responsables serían grumetes un curso superior, en este caso puntual, del quinto año. De momento, la cantidad y las identidades de estas personas aún no fueron divulgadas.

La Suprema Corte de Justicia Militar realizó una intervención en la Escuela de Formación de Suboficiales, abriendo una investigación para dilucidar estos supuestos hechos de abuso de autoridad.

El Instituto de Previsión Social (IPS), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE (CJPPANDE) establecieron un marco normativo de cooperación. El documento apunta a coordinar acciones, brindar asistencia técnica y armonizar recursos para mejorar los servicios dirigidos a los beneficiarios del Régimen Unificado de Jubilaciones y Pensiones.

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A través de esta iniciativa, las entidades prevén la simplificación de los procesos administrativos y el cruce directo de datos. Esto reducirá los tiempos de espera para el acceso a los beneficios previstos por la ley una vez que los trabajadores culminen su etapa laboral activa.

Durante el acto oficial, el presidente del IPS, Isaías Fretes, resaltó que la actividad fortalece la institucionalidad y genera respuestas eficientes para los aportantes. El titular de la previsional señaló, además, la obligación de servir correctamente dentro de las normativas vigentes para generar confianza en el personal.

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A su turno, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, manifestó que la herramienta simplifica diversos procedimientos internos. Afirmó que la celeridad en los trámites representa un beneficio directo para el funcionario que inicia su etapa de retiro.

El compromiso conjunto busca la modernización de los servicios públicos y la eficiencia administrativa, de modo que los futuros jubilados encuentren canales de atención más ágiles.

Julio Esteban Duré, de 23 años, acudió a la Comisaría 11º de Asunción para denunciar la apropiación de una encomienda que nunca llegó a destino y que debía ser entregada vía delivery.

Se trata de unos smart glasses (lentes inteligentes), valuados en alrededor de G. 750.000, cuyo traslado estuvo a cargo de un conductor de Moto Bolt, identificado como Jhony Andrés Quiñónez Antúnez, de 19 años.

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Conforme a la denuncia, este joven nunca llegó a entregar el dispositivo a su destinatario final, que reside en la ciudad de Luque, quedándose con el mismo para posteriormente tratar de revenderlo.

Duré, comerciante de profesión, días después se percató que los mismos lentes estaban siendo ofrecidos a la venta a través de la plataforma online Marketplace de Facebook, razón por la que decidió acudir a la Policía.

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Fue así como el afectado coordinó una entrega vigilada con acompañamiento policial, simulando ser un potencial comprador. Al llegar al lugar indicado, en el barrio Herrera de la capital, los uniformados detuvieron al acusado.

En poder de Quiñónez incautaron el paquete, con todos sus accesorios en su interior, confirmándose así el hecho denunciado.