Los agentes de la Patrulla Caminera se desplegaron en puntos estratégicos a lo largo de las rutas nacionales, ordenando la circulación y brindando asistencia constante a los conductores. Los trabajos se reforzaron en los horarios de mayor tráfico, principalmente durante el retorno del domingo.

“Se logró la agilización efectiva del tránsito vehicular, no habiendo así aglomeración de vehículos, ni atascamientos en los lugares de alto flujo”, destacó la inspectora Patricia Ferreira, jefa de Relaciones Públicas de la institución. La presencia en los puestos de peaje también fue fundamental para mantener la fluidez en accesos clave a la capital y centros turísticos.

Entre el 13 y el 20 de abril, la Patrulla Caminera llevó a cabo 1.039 procedimientos de sanción a nivel país. En ese marco, se procedió a la demora de 131 vehículos y a la retención de 32 conductores por manejo bajo los efectos del alcohol.

Las maniobras peligrosas volvieron a figurar entre las infracciones más comunes. “Las maniobras indebidas como adelantamientos indebidos fueron sancionados: 131 conductores en infracción al artículo 60, inciso D”, señaló Ferreira al detallar los resultados operativos.

En total, se reportaron 54 siniestros viales en diferentes tramos del territorio nacional. De ese número, 30 no registraron consecuencias físicas y 17 requirieron asistencia médica para los involucrados. Desde la institución reiteran la importancia de conducir con responsabilidad para evitar situaciones de riesgo.

Esta mañana se llevó a cabo una manifestación pacífica a la altura del Km 331 de la Ruta PY03, en el cruce Ybyrarobaná, encabezada por integrantes de la comunidad indígena Tekoha Y’apo y habitantes de Corpus Christi.

La medida de fuerza, que incluyó cierres de ruta de forma intermitente, se dio con el propósito de exigir justicia para el líder indígena Antonio Carrillo y el docente Catalino Correa, quienes fueron abatidos durante la Operación “Redención”, impulsada por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).

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Los manifestantes exigen el esclarecimiento de este polémico suceso, que dejó dos personas fallecidas y sendos cuestionamientos, principalmente por las dudas que generó la manera en que fue ejecutado el operativo.

Desde la SENAD salieron al paso de la polémica suscitada por el procedimiento en Canindeyú, asegurando que tanto Carrillo como Correa habrían formado parte de la estructura criminal liderada por Felipe Acosta Riveros, alias “Macho”.

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Bruno Correa, padre de Catalino Correa, cuestionó esta versión y negó que su hijo esté involucrado en actividades ilícitas, señalando que el mismo desde hace años trabajaba como activista social en favor de los pueblos indígenas.

Al momento de ser abatido, Correa iba en busca de más regalos para un festejo del Día del Niño organizado para nativos de la zona, según mencionó el hombre en una entrevista difundida por el canal GEN.

Según la Ley Orgánica Municipal de la ciudad, las calles, avenidas, aceras y plazas constituyen bienes de dominio público destinados al uso común. En ese sentido, las firmas privadas de servicios, en particular las proveedoras de telefonía e internet que despliegan tendidos de cables o instalan infraestructura urbana, quedan obligadas a abonar la tasa fijada por el municipio para la explotación de dichos espacios.

La postura comunal fue sostenida y confirmada por la Justicia, durante un proceso legal que había sido promovido por una compañía de telefonía que se oponía a esa ordenanza.

La justicia impuso las costas procesales a la empresa apelante y dejó sin margen de discusión la competencia del municipio para exigir el cumplimiento tributario a las prestatarias de servicios.

A partir de este fallo, la Municipalidad de Encarnación avanza no solo en la regularización del cobro de las tasas correspondientes, sino también en el ordenamiento del entorno urbano.

La administración comunal requerirá a las empresas del sector el retiro del cableado en desuso, con el objetivo de erradicar la polución visual y neutralizar los riesgos de seguridad que estas instalaciones generan en la ciudad.

Una mujer de 53 años que se encontraba en compañía de su hermana denunció haber sufrido lesiones durante un viaje realizado días atrás en una unidad de la Línea 187 - empresa San José Obrero S.A.

Según relató a los medios, al alcanzar una curva entre las calles Nueva Asunción e Itapé de Fernando de la Mora, antes de girar hacia la avenida Pitiantuta, el conductor pasó una lomada y realizó una maniobra brusca.

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Esta situación provocó la abrupta caída de varios pasajeros, incluyendo a la denunciante, quien acabó con diversas contusiones en el cuerpo luego de quedar en el suelo, al igual que su hermana.

La mujer reprochó la actitud negligente y desinteresada del chofer del colectivo, quien omitió asistirlas en ese momento. “Continuó su itinerario y nos dejó ahí tirados en el suelo”, expresó al canal SNT.

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Gracias a la ayuda generosa de otros viajeros, la afectada y su hermana pudieron descender del bus, aunque ambas quedaron con algunos dolores después del percance.

Las víctimas confirmaron la presentación de una denuncia contra la empresa de transporte responsable, a fin de dejar un precedente y esperando que se puedan tomar acciones para que no vuelvan a ocurrir hechos de este tipo.