Se trata del proyecto de ley “Que modifica y amplía el artículo 294 de la Ley 1160/97, Código Penal Paraguayo”, referente a la liberación de presos.

El proyecto establece dos modificaciones principales: por un lado, eleva de tres a cinco años la pena base para quien libere, induzca o apoye la fuga de un interno; mientras que, por otro lado, aumenta la pena para funcionarios públicos o personal penitenciario obligados a evitar evasiones, elevándola de “hasta siete años” (como contempla la ley actual) a un rango de “cinco a quince años” de privación de libertad.

MODIFICACIÓN PROPUESTA

El referido Art. 294, referente a la “Liberación de Presos”, quedó redactado de la siguiente manera:

“El que liberara a un interno, le indujera a la fuga o le apoyara en ella será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. Será castigada también la tentativa.

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Cuando el autor:

1) Fuera funcionario público o prestare servicio en la institución penitenciaria; y

2) Estuviera especialmente obligado a evitar la evasión, se aplicará una pena privativa de libertad de cinco a quince años”.

Tras la aprobación del proyecto, la presidencia dispuso que el documento sea remitido a la Cámara de Senadores, para su siguiente trámite constitucional.

La decisión fue adoptada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, mediante la Resolución N.° 2540, por la cual designó a la fiscal especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano, para llevar adelante las investigaciones.

La resolución señala que la causa tiene origen en la denuncia remitida el 13 de julio por el ministro del MITIC, Gustavo Villate, quien puso en conocimiento del Ministerio Público los supuestos hechos punibles de acceso indebido a datos y sistemas informáticos del Estado.

La denuncia fue presentada luego de que, el pasado 10 de julio, los gobiernos de Paraguay y Estados Unidos emitieran una declaración conjunta en la que informaron que una revisión de ciberseguridad detectó la infiltración de sistemas del Estado paraguayo por parte de múltiples actores de amenaza vinculados al Gobierno chino.

En ese documento también se recuerda que una investigación realizada en 2024 identificó al grupo de ciberespionaje Flax Typhoon, al que ambos gobiernos atribuyen vínculos con el Gobierno chino y la infiltración de sistemas gubernamentales paraguayos.

Con base en esos antecedentes, el MITIC formalizó la denuncia ante el Ministerio Público, que ahora impulsará la investigación penal para esclarecer el alcance de los accesos indebidos, identificar a los responsables y determinar las eventuales responsabilidades penales.

La resolución recuerda que corresponde al Ministerio Público dirigir la acción penal pública y realizar todas las diligencias necesarias para reunir los elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos denunciados.

En la noche de este lunes se registró un hecho de hurto agravado en un local gastronómico denominado “Q’ Delicia”, ubicado en el Km 6,5 - barrio Las Carmelitas de Ciudad del Este.

Dos delincuentes llegaron a esta lomitería a bordo de una motocicleta y aprovecharon la ausencia de personas en el lugar para poder ingresar, para lo cual violentaron la puerta de acceso.

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Una vez dentro, lograron apoderarse de una importante suma de dinero, que asciende a alrededor de G. 25.000.000, que se encontraba en el interior de una caja de madera.

Asimismo, los bandidos se llevaron una máquina tragamonedas, un horno, un equipo de sonido y el DVR del sistema de circuito cerrado, conforme a la denuncia del propietario del negocio, de nombre Julio Duarte.

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El hecho fue descubierto por empleados del establecimiento cuando llegaron al sitio y se percataron que la puerta había sido forzada, dando posteriormente aviso a su jefe.

La Policía Nacional ya inició la investigación por este caso y se encuentra analizando las imágenes de las cámaras de seguridad, a fin de tratar de identificar a los autores.

El procedimiento fue realizado en coordinación con agentes fiscales de la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual y Contrabando del Ministerio Público, tras denuncias presentadas por titulares de derechos marcarios.

Durante la inspección, autorizada por orden judicial, los intervinientes verificaron un total de 846 cajas máster que contenían perfumes de distintas marcas, modelos y fragancias. En el primer contenedor fueron contabilizadas 404 cajas y en el segundo 442.

El director general de Observancia de la DINAPI, Diego Bernal, señaló que la incautación representa un multimillonario golpe a las estructuras dedicadas a la comercialización de productos falsificados.

Además del perjuicio económico que ocasionan a los titulares de marcas, Bernal advirtió que este tipo de mercaderías también representa un riesgo para la salud de los consumidores, ya que carecen de controles de calidad, registros sanitarios y mecanismos que permitan garantizar su composición, seguridad y trazabilidad.

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Por disposición de la Fiscalía, toda la carga fue trasladada al depósito La Piedad del Ministerio Público, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúan las diligencias investigativas.

Los investigadores buscan identificar a los propietarios de la mercadería, establecer su origen y realizar las pericias técnicas correspondientes para confirmar la autenticidad de los productos.

El conteo de las unidades aún continúa, aunque las autoridades estiman preliminarmente que la incautación supera los 200.000 perfumes.

Desde la DINAPI destacaron que este tipo de operativos forma parte de las acciones para combatir la piratería, proteger los derechos de propiedad intelectual y promover el comercio legal en el país.