El fiscal Silvio Corbeta confirmó a la 970 AM que la intervención se realizó como parte de una causa iniciada tras un reporte de la Contraloría General de la República, relacionado a presuntas irregularidades en la compra de kits alimenticios durante la pandemia. “La investigación fue abierta a fines de 2024, pero las compras datan del 2020. Se trata de una de las empresas que recibió cerca de G. 3.000 millones por licitaciones”, explicó.

El interviniente recordó que la Municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9.000 millones en total para la adquisición de estos kits, repartidos entre tres empresas proveedoras. La primera fue “Tía Chela”, ya con una acusación formal del Ministerio Público. La segunda es la firma recientemente allanada, y una tercera también figura bajo investigación.

Sobre las versiones de que la causa fue reactivada tras el cambio de gobierno, el fiscal fue enfático: “Esa es una información falsa. Esta causa fue asignada a mi unidad ya en junio del 2022, un año antes de las elecciones generales. No tiene relación con el actual Gobierno”.

El operativo busca determinar si hubo o no sobrefacturación en la provisión de los kits, lo que podría constituir un perjuicio patrimonial al municipio. “Estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley. El intendente, como cualquier ciudadano, tiene todas las garantías de que los informes serán objetivos y que se actuará en base a las pruebas”, agregó Corbeta.

El Ministerio Público ya formuló acusaciones en el primer caso y sigue recabando evidencia en los demás.

Según la hipótesis investigativa, la Municipalidad a cargo de Miguel Prieto habría desembolsado la suma de Gs. 2.637.408.000 para la adquisición de productos que no cumplían con las especificaciones acordadas y sin los permisos necesarios para la comercialización de productos de consumo humano.

Además, se sospecha que estos alimentos fueron distribuidos de manera irregular a las familias beneficiarias sin que se haya podido determinar su origen o si cumplían con los requisitos legales.

Las esperadas fiestas organizadas por los empleadores para cerrar el año con los trabajadores es casi una tradición en nuestro país, pero esta celebración no significa que uno deba dejarse llevar o superar por la euforia del momento.

De acuerdo a Enrique López Arce, existen compañeros de trabajo que son “bomba de tiempo”, es decir, en la fiesta de fin de año toman en exceso, pierden el control y terminan acosando o agrediendo a otros en pleno festejo.

Explicó que las personas que se comportan de esa manera en los festejos con sus compañeros e incluso jefes, posteriormente son desvinculadas del trabajo.

“La patronal no te dice que te despiden por lo que hiciste en la fiesta, pero es muy evidente”, sostuvo Arce, quien recomendó a los trabajadores a no participar de la fiesta si no se puede controlar tras ingerir alcohol.

El especialista en empleo sostuvo que ya hay muchos casos en nuestro país de despidos por comportamiento inadecuado en los festejos con compañeros.

Comentó, además, que existen ocasiones en las que el acoso que inició en la fiesta, en medio del alcohol, persiste luego en el lugar de trabajo, lo cual genera estrés en la víctima, quien por temor, no denuncia.

“Estamos prácticamente con tres meses de salario atrasado. Octubre y noviembre aún no se pagaron, y el pago de diciembre tampoco tiene fecha. Mucha gente depende únicamente de estos ingresos, y se acerca Navidad y Año Nuevo sin saber qué hacer”, señaló Guerín en entrevista con el canal GEN.

El concejal criticó la actitud del ejecutivo municipal, al que calificó de “dictatorial”, y explicó que incluso los concejales aliados del intendente enfrentan retrasos en sus haberes. Según indicó, la Junta Municipal no logra dialogar con la administración debido a la falta de transparencia y a decisiones impuestas sin consenso.

Guerín recordó que el Ejecutivo intentó aprobar un nuevo préstamo de 10.000 millones de guaraníes sin explicar el destino del dinero. “No podemos dar quórum para aprobar créditos a ciegas. Los préstamos no deben usarse para pagar salarios sin transparencia”, afirmó.

El concejal destacó que, aunque algunos directores leales al intendente cobran en tiempo y forma, la mayoría de los funcionarios se encuentra en situación crítica. “Muchos solo tienen un trabajo y dependen de la municipalidad. Es lamentable ver cómo se repiten los antiguos vicios de administración, con promesas incumplidas y sin obras visibles”, agregó.

La Policía Nacional de Colombia fue la que inició la investigación internacional que busca desbaratar una red que intercambia contenido de explotación sexual infantil.

El grupo de Whatsapp se denomina Free World y está integrado por 117 usuarios de 12 países.: Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Panamá, España, Perú, Ecuador, entre otros.

En Paraguay identificaron tres ubicaciones en periodo de actividad que abarca desde enero hasta la actualidad. Los buscados son: Mauro Vidal Fleitas, Victoriano Araújo Fernández y Óscar Augusto Cáceres.

La evidencia recolectada incluye: Teléfonos celulares ytarjetas SIM recolectadas como evidencia digital en investigaciones forenses, computadoras, tablets y cámaras personales, discos duros, pendrives, tarjetas de memoria con información relevante, archivos multimedia y aplicaciones.

La operación Atenea busca desmantelar las redes de explotación sexual infantil y cuenta con el apoyo de la Ameripol (Policías de América), el AC3 Centro Especializado de Ciberdelincuencia y el Programa EU-LAC-Partnership.