Se trata del acuerdo internacional más importante del siglo XX para el país después de la firma del Tratado de Paz del Chaco; porque cambiaría la historia de Paraguay y Brasil.

Las diferencias limítrofes entre ambos países encontraron la solución en una obra para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Paraná, perteneciente en condominio a las dos naciones, desde el Salto del Guairá o Salto Grande de Sete Quedas hasta la desembocadura del río Yguazú.

La rúbrica del instrumento tuvo lugar hace 52 años en el Palacio de la Meseta, Brasilia, y en representación de las Altas Partes Contratantes suscribieron el documento los cancilleres Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Mario Gibson Barboza (Brasil), ante la presencia de los presidentes Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazú Médici, respectivamente.

El documento estableció las bases para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica en generación de energía del mundo. Posteriormente, el Tratado sería aprobado primero en el Brasil el 30 de mayo de 1973, y luego en el Paraguay el 17 de julio de 1973.

Su entrada en vigor se produjo el 13 de agosto del mismo año con el intercambio de los documentos de ratificación.

Con la firma del documento se dio cumplimiento a lo establecido en el Acta Final firmada en Foz de Yguazú el 22 de junio de 1966, en lo que respecta a la división en partes iguales, entre los dos países, de la energía eléctrica eventualmente producida en el tramo referido. De hecho, la mencionada acta es considerada la piedra angular sobre la cual se erigió posteriormente el Tratado.

“Me llenó de alegría conversar con las personas que hacen posible el Operativo Caacupé en la Estación de Buses: choferes, funcionarios, equipos de orden y limpieza, y sobre todo, los peregrinos que parten con el corazón puesto en la Basílica”, escribió el intendente capitalino, Luis Bello.

Dijo que pudo escucharles, recibió sus sugerencias y sintió el cariño sincero de la gente que saluda, agradece y reconoce el trabajo. “Ese apoyo vale oro y nos impulsa a seguir elevando los servicios para los asuncenos”, enfatizó.

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La comuna de Asunción lleva en marcha el operativo especial ante el alto flujo de pasajeros que tradicionalmente se registra durante las festividades de la Virgen de Caacupé en la ex terminal de ómnibus.

Según el intendente, Luis Bello, este fin de semana unas 60.000 personas pasarán por la EBA con destino a la villa Serrana.

Durante un procedimiento realizado por el Ministerio Público, uno de los canes aún se encontraba con vida. Sin embargo, en la jornada de este sábado, en una nueva constitución en el domicilio, el animal fue hallado enterrado y presentaba lesiones graves.

Al ser desenterrado, se constató que el perro tenía miasis en una de las extremidades, la cual estaba completamente dañada por larvas, dejando incluso el hueso expuesto.

Asimismo, la zona de la cabeza se encontraba severamente afectada y había perdido un ojo. El cuerpo no presentaba rigidez cadavérica, lo que hace presumir que el animal fue enterrado en el transcurso del día.

Los vecinos de la zona manifestaron que los perros sufrían constantes maltratos y no recibían alimentación adecuada.

En el procedimiento también intervino la Dra. Mabel Vega, de la Dirección de Defensa Animal, quien acompañó las diligencias realizadas por la Fiscalía.

Según la ARP, el rápido despliegue del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras instituciones permitió impedir el ingreso forzoso a inmuebles rurales, detener a los responsables e imputarlos “en el marco de la ley y con respeto al debido proceso”.

La asociación condenó enérgicamente las agresiones, el uso de proyectiles de arma de fuego contra policías y la utilización de camiones y otros vehículos para atropellar portones, barreras humanas y dispositivos de seguridad.

También calificó como “especialmente grave” la presencia de menores en medio del enfrentamiento y la participación de personas con antecedentes penales.

La ARP remarcó que “no hay causas justas que se defiendan mediante la violencia ni mediante la invasión de propiedades”, sean públicas o privadas.

Indicó que las demandas sociales o agrarias deben canalizarse por vías institucionales, dentro del marco constitucional y sin desconocer decisiones judiciales.

La entidad expresó su solidaridad con el productor afectado por la invasión en la estancia Toro Veve, así como con ganaderos, agricultores y trabajadores rurales de San Pedro, nuevamente expuestos a “situaciones de extrema tensión e incertidumbre”.

Sostuvo que defender a quienes producen e invierten en el campo es indispensable para el desarrollo del país.

La ARP exhortó a que las investigaciones sean objetivas y rápidas para que los hechos no queden impunes. Además, pidió a líderes sociales y políticos evitar discursos que inciten a delitos y contribuir al mantenimiento de la paz social.

Los agentes fiscales de Santa Rosa del Aguaray imputaron ayer sábado a 29 campesinos por el violento intento de invasión a la estancia Lusipar, administrada por Senabico. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los procesados.