El decreto N° 3813/2025 sienta las bases normativas para que los Organismos y Entidades del Estado elaboren sus presupuestos institucionales con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad.

Respecto a las medidas de racionalización del gasto público, se estipula que “no podrán incorporarse incrementos salariales”, salvo aquellos vinculados al salario mínimo legal. Además, se tendrán en cuenta criterios estrictos para crear o modificar cargos, principalmente para los docentes y el personal de seguridad.

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Dentro de los gastos superfluos que “se prohíben expresamente” aparecen: arreglos florales, souvenirs, catering, agasajos y celebraciones. Se dará prioridad a lo meramente esencial para los fines misionales.

Todos los organismos deberán apuntar a la eficiencia en la asignación de recursos y utilizar la evidencia para programar el presupuesto de manera razonable.

Los gastos deberán respetar los límites y metas del déficit fiscal y alinearse a la capacidad real de financiamiento, al tiempo de evitar duplicidades.

El decreto será aplicable a los anteproyectos de Presupuestos para el ejercicio fiscal 2026, incluyendo el Presupuesto Plurianual 2026–2028.

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El agente fiscal antidrogas de Cordillera, Gedeón Escobar, obtuvo una condena de 12 años de pena privativa de libertad para Justina Ruiz Flecha y su hijo Alfirio Ruiz Flecha por la comisión del hecho antijurídico de tenencia y comercialización de drogas.

El Tribunal de Sentencia que dictó la condena estuvo integrado por las magistradas Ángela Carolina Jara, como presidenta, y Cristel Muller y Liliana Ruiz Díaz, como miembros.

El ilícito fue detectado en mayo del 2024. Los hoy condenados fueron detenidos durante un allanamiento realizado mediante orden judicial en una vivienda ubicada en la ciudad de Atyrá. En el citado lugar se hallaron e incautaron cocaína y otras sustancias, así como aparatos celulares y dinero de distintas denominaciones.

Cabe mencionar que Alfirio Ruiz Flecha cuenta con antecedentes por venta de drogas.

A las 11:00 de la mañana salió doña Cecilia de su casa ubicada sobre la Avda. Félix Bogado y Japón, barrio San Vicente de Asunción, al lado del supermercado Luisito.

La señora llevaba una hebilla blanca, remera blanca con motas negras y un short de color beige. Los familiares indicaron que la mujer padece alzheimer y que podría estar desorientada y asustada.

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En caso de tener información, se solicita intentar resguardarla y llamar de inmediato al 0981 362 040 o bien, directamente al 911.

Durante su exposición ante los jueces, la representante del Ministerio Público recordó que Giuzzio se desempeñó como ministro del Interior entre el 22 de enero de 2021 y el 22 de febrero de 2022, periodo en el que se habrían producido los hechos investigados.

Según la acusación, el entonces secretario de Estado mantuvo contacto frecuente con el ciudadano brasileño, quien administraba la empresa Black Eagle Group SA, dedicada al blindaje de vehículos, mantenimiento de unidades blindadas, alquiler de móviles de seguridad y venta de materiales de protección.

De acuerdo con la Fiscalía, las comunicaciones entre Giuzzio y Marques de Padua se realizaban principalmente a través de mensajes de WhatsApp. En ese contexto, el 16 de agosto de 2021 el entonces ministro habría aceptado la oferta del empresario para enviar hasta Ciudad del Este una camioneta blindada Santa Fe, con chapa AAY 082, con el objetivo de realizar mantenimiento de suspensión, revisión del blindaje y retoques de pintura sin costo.

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, Giuzzio también habría aceptado servicios de reparación y blindaje de otro vehículo asignado al Ministerio del Interior para la llegada de un agregado de la Policía de Israel. Según la acusación fiscal, el 15 de diciembre de 2021 igualmente se habría concretado la reparación de un móvil de la FOPE.

La fiscala también mencionó que el 26 de diciembre de 2021 Giuzzio solicitó ayuda al empresario brasileño para un viaje familiar de vacaciones, tras lo cual recibió en préstamo gratuito una camioneta blindada. El vehículo habría sido devuelto el 19 de enero del año siguiente.

Según la hipótesis del Ministerio Público, estos beneficios se habrían ofrecido a cambio de favorecer posteriormente a la empresa Black Eagle Group en procesos de contratación pública vinculados a la provisión de chalecos antibalas y blindaje de vehículos para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Durante el juicio, la Fiscalía expuso que ya existían tratativas para concretar esos negocios. Entre las evidencias citadas figuran mensajes de noviembre de 2021 en los que el empresario informaba que se encontraba en Asunción con muestras de materiales para pruebas balísticas de chalecos antibalas.

Además, Giuzzio habría acudido junto con el comisario general Pablo René Ríos a las oficinas de la empresa para observar demostraciones de los chalecos. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2021, el entonces ministro participó junto a Marques de Padua en pruebas balísticas realizadas en el polígono de tiro de la FOPE.

Para el Ministerio Público, estas gestiones constituían parte de un esquema para direccionar futuras adjudicaciones a favor de la empresa del ciudadano brasileño, lo que contravendría las disposiciones de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

No obstante, las negociaciones no llegaron a concretarse, ya que Marques de Padua fue detenido el 15 de febrero de 2022, lo que interrumpió las tratativas para convertir a la firma en proveedora del Estado.

La Fiscalía sostiene que las pruebas documentales, mensajes y testimonios presentados durante el juicio demostrarían que Giuzzio aceptó beneficios indebidos en el marco de esas gestiones, conducta que implicaría la violación de sus deberes como funcionario público.