Para Miguel Zayas, presidente de la Central de Trabajadores, se necesita un Consejo Nacional del Salario Mínimo que responda a las necesidades de los empleados que subsisten con el sueldo mínimo, tema sobre el cual se inició el año pasado una discusión que no condujo a ningún cambio en las consideraciones para fijar el monto

“Estamos trabajando, todavía no hay nada. Los precios de la canasta básica familiar van en avión y los trabajos que nosotros venimos realizando con las autoridades del gobierno van en carretilla, despacito”, respondió Zayas, en un contacto con radio Universo 970 AM, ante la consulta de cómo siguen las conversaciones del 2024, respecto al método para fijar el salario mínimo.

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El salario mínimo legal para actividades no especificadas, vigente desde julio del 2024, es de G. 2.798.309. En tanto, el jornal mínimo llega a G. 107.627.

La cifra actual se desprende del incremento del 4,4 %, equivalente al porcentaje del aumento de la inflación o Índice de Precios del Consumidor en el lapso de un año (junio 2023 a junio del 2024), que, en cifras redondas alcanza 117.936 guaraníes.

El artículo 255 de la ley 213/93 que establece el Código de Trabajo estipula que la consideración del salario mínimo será efectuada por el Ejecutivo a propuesta del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), sobre la base de la variación interanual del IPC y su impacto en la economía nacional al mes de junio de cada año. La definición se hará antes del 30 de junio de cada año.

Conasam está integrado por un representante del Estado, uno de los trabajadores y uno de los empleadores, con cargos ad honorem.

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También existen salarios mínimos para actividades especificadas, entre ellas:

Sector comercio: estibadores, escritorios comerciales, industriales y particulares

Industria y manufactura: marmolerías, fábricas de baldosas y mosaicos, operarios, vestidos e industrias textiles, gorrerías y sombrerías de género, sasterías, fábricas de calzados, zapateros de primera, segunda y tercera categoría; fábricas de muebles, mueblerías y carpinterías de primera y segunda, trabajadores de panaderías y fideerías, industrias almidoneras, molinos harineros, fábricas de fósforo, fábricas de papel y cartón, ayudante maquinista, ayudante secantero, empresas yerbateras.

Sector servicios: talleres mecánicos, empresas de seguros, cines y teatros, empresas de seguridad y vigilancia privada, trabajadores de la prensa.

Sector bancario, sector de la construcción, sector agrícola, sector de transporte terrestre, sector de transporte fluvial, entre otros.

El Directorio del BCP, a través de la resolución Resolución N° 2, Acta N° 12, aprobó la actualización del Reglamento General del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) con algunos cambios introducidos.

La nueva reglamentación establece un nuevo monto máximo por operación, se eleva de Gs. 5.000.000 a Gs. 10.000.000.

Esto permitirá a los usuarios realizar transferencias instantáneas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por montos de hasta Gs. 10 millones.

A partir de ahora, las entidades financieras deberán adecuar sus canales electrónicos para que sus clientes puedan realizar transferencias inmediatas con el nuevo monto límite.

En el medio del crecimiento de los pagos realizados vía transferencia, esta actualización brinda mayor flexibilidad a los usuarios del sistema financiero, facilitando las transferencias de manera rápida, segura y oportuna.

La cartera laboral recordó que el sistema de mediación constituye un mecanismo institucional destinado a facilitar la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores, garantizando un espacio de diálogo accesible y sin costo para las partes.

En este sentido, el MTESS enfatizó que los trabajadores no necesitan contar con un representante legal para participar en los procesos de mediación laboral, ya que este servicio es brindado directamente por la institución. Por lo tanto, no es obligatorio contratar abogados ni pagar honorarios para acceder a la mediación o para cobrar indemnizaciones o montos acordados entre las partes.

Asimismo, la institución informó que se ha tomado conocimiento de la presencia de personas que, en la puerta del organismo, ofrecen servicios profesionales a trabajadores que muchas veces desconocen el funcionamiento del proceso de mediación y son inducidos a contratar asesoramiento legal innecesario para un servicio que es gratuito.

El Ministerio advirtió que no tolerará prácticas abusivas ni maniobras que busquen aprovecharse de la necesidad o del desconocimiento de los trabajadores, e instó a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier intento de presión, condicionamiento o cobro relacionado con estos servicios gratuitos que ofrece el Ministerio.

Finalmente, el MTESS reiteró que la gratuidad del servicio de mediación y el acceso efectivo a los mecanismos de resolución de conflictos laborales forman parte de las garantías que el Estado pone a disposición de los trabajadores para la protección de sus derechos.

Padres y madres de alumnos de la Escuela “Reino Unido y Gran Bretaña”, ubicada en la colonia Thompson de Ypané, acudieron a la Policía Nacional para formalizar una denuncia por un supuesto robo de dinero.

La acusación menciona la desaparición de G. 16.000.000, suma de dinero recaudada por la cooperadora escolar con el objetivo de adquirir nuevos aires acondicionados para la institución.

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El dinero se encontraba en poder de la tesorera de la ACE, de nombre Jazmín Milagros Delgado Valiente. La misma alegó haber sido víctima de un hurto el pasado viernes mientras se desplazaba en un ómnibus del transporte público.

“Al llegar a la ciudad, en un camino vecinal y estando el colectivo en movimiento, una persona saltó por la mochila que tenía en su regazo”, mencionó al canal Trece la Crio. Sonia Pavón, jefa de la Comisaría 40 Central.

En ese momento, la tesorera no dio aviso de lo ocurrido al chofer ni tampoco a los demás pasajeros, aguardando hasta salir a la ruta para descender del bus y allí comunicarse de manera telefónica con uno de los miembros de la ACE, quien fue a su encuentro y la acompañó a realizar la denuncia.

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Ese viernes coincidentemente debía realizarse la rendición del millonario monto para concretar la compra de los acondicionadores de aire, confirmó la jefa policial. Ya el día anterior al hecho, Delgado habría presentado excusas para no hacer entrega del dinero, según señalaron los denunciantes.

Los padres de familia se muestran escépticos en relación a la veracidad de la denuncia de robo y apuntan sus sospechas contra la tesorera, motivo por el que exigen la intervención de las autoridades.