Impulsado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), este programa marca un antes y un después en la política de empleo juvenil del país. Por primera vez, se implementa una medida concreta que no sólo promueve la contratación de jóvenes, sino que también articula formación profesional, cobertura de seguridad social y acompañamiento institucional.

El programa, en esta primera etapa, está dirigido a jóvenes de entre 18 y 23 años con escasa o nula experiencia contributiva al Instituto de Previsión Social (IPS). Para facilitar su inserción al mercado formal, EmpleaPy Joven brinda una cobertura parcial de la seguridad social durante un contrato laboral de entre 8 y 12 meses, además de una capacitación técnica de al menos 40 horas vinculada al puesto de trabajo.

¿Cómo funcionan los incentivos?

El subsidio se transfiere directamente al IPS, sin intermediarios, garantizando transparencia y trazabilidad. Cubre hasta el 18% del total de la contribución a la seguridad social:

● 14% correspondiente al aporte patronal, y

● 4% del aporte obrero, garantizando así la transparencia, trazabilidad y el fortalecimiento del sistema previsional.

El empleador solo debe cubrir una fracción del costo de cotización, lo que reduce significativamente las barreras de contratación para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), principales generadoras de empleo juvenil en Paraguay.

Además, todos los jóvenes beneficiarios deberán participar de una capacitación profesional mínima de 40 horas, relacionada con su puesto de trabajo, gestionada por el SNPP o Sinafocal. La vinculación entre jóvenes y empresas se realizará exclusivamente a través de la plataforma pública EmpleaPy, que validará automáticamente el cumplimiento de requisitos y priorizará la selección de postulantes en situación de vulnerabilidad.

EmpleaPy Joven inicia su implementación gradual con una meta clara: formalizar a 10.000 jóvenes en todo el país, fortaleciendo el sistema previsional, dinamizando a las Mipymes y construyendo un ecosistema de empleo decente con enfoque de inclusión y productividad.

Con esta estrategia, el Gobierno Nacional responde a una deuda histórica con la juventud trabajadora, dando un paso firme hacia un Paraguay con más oportunidades, mayor equidad y trabajo digno para todos.

Sin impacto fiscal adicional

El programa se financia con fondos provenientes del aporte patronal establecido por ley. No requiere recursos adicionales del fisco, lo que garantiza su sostenibilidad y viabilidad a largo plazo.

La nueva normativa permitirá ampliar las oportunidades de inversión, fomentar la participación del sector privado y brindar mayor seguridad jurídica a quienes apuestan por Paraguay.

El presidente destacó que esta legislación representa un paso fundamental para consolidar las bases de un sistema financiero moderno, estable y confiable, que proteja los intereses de los inversionistas y garantice el uso responsable de los recursos del pueblo paraguayo.

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Afirmó que “con la promulgación de esta ley buscamos algo esencial: que haya más confianza en los mercados, más transparencia y más dinamismo económico”.

“Esta ley es una herramienta para cuidar mejor los recursos de nuestra gente, proteger a los inversionistas y dar más seguridad a quienes apuestan por Paraguay”, señaló el jefe de Estado.

El mandatario subrayó que cada avance económico debe reflejarse en el bienestar de las familias paraguayas, apuntando a una economía cada vez más robusta y estable.

“Queremos que cada paso que demos en materia económica se traduzca en crecimiento, estabilidad y solidez financiera”, expresó.

El reporte actualizado de Vigilancia de la Salud muestra una notificación de 34516 consultas por virus respiratorios a nivel país. Ante este escenario, la curva de tendencia continúa por encima del umbral de alerta.

El rhinovirus y el SARS-CoV-2 son los virus que guardan relación con el mayor motivo de consultas y hospitalizaciones.

Por otra parte, la cifra de ingresos hospitalarios se mantiene estable, sin aumentos en los últimos días. En este contexto, en la semana epidemiológica (SE) 44 se contabilizaron 289 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en los centros centinelas, observando un descenso del 2 % con relación a la semana anterior. El 22 % de los hospitalizados ingresó a la unidad de cuidados intensivos.

La mayor afectación se observa en personas mayores de 60 años (29 %), seguido de la franja pediátrica: menores de 2 años (19 %) y el grupo de 5 a 19 años (18 %).

En la última semana, se identificó que los virus respiratorios circulantes en pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas son: rhinovirus, SARS-CoV-2, seguido de adenovirus, influenza B, virus sincitial respiratorio y parainfluenza.

En lo que va del año, suman 356 los fallecidos confirmados por virus respiratorios, principalmente por influenza A H1N1, rhinovirus y SARS-CoV-2. En la última semana (SE) 44 se identificaron 4 fallecidos asociados a virus respiratorios: por SARS-CoV2 (3) y por rinovirus (1).

Ante la presencia de síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta u otro), es recomendable usar tapabocas para impedir contagios y acudir a la consulta médica.

El agente fiscal Marcelo Saldívar confirmó al canal GEN que, luego de tomar conocimiento sobre esta grave denuncia, impulsó una serie de diligencias para avanzar en la investigación.

La acusación habla de una cirugía errónea en la mano sana de la niña, aunque que desde el Hospital Militar sostienen otra versión, alegando el padecimiento de otra patología en el mano donde no estaba el quiste a extirpar.

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El representante del Ministerio Público confirmó que no hubo autorización expresa de los padres de la pequeña paciente para operar esta mano, ya que los estudios previos no detectaron ninguna anomalía en ella.

Los dos hechos punibles que son analizados en estos momentos son lesión culposa (en caso de constatarse la operación incorrecta) y tratamiento médico sin consentimiento (si la intervención se llevó a cabo sin orden de los padres), indicó.

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De momento, no existe imputación contra ninguno de los profesionales que estuvieron a cargo del procedimiento quirúrgico en el Hospital Militar.

La Suprema Corte de Justicia Militar decidió abrir una investigación interna para dilucidar lo ocurrido. A la par, se dispuso la separación del cargo del Dr. Fernando Sanabria, médico cirujano a cargo de la operación.