La conclusión fue dada luego de una revisión exhaustiva de los registros y cámaras de circuito cerrado del penal, en los que se confirma que no hubo ningún intento de agresión a una mujer privada de libertad en la oficina de Judiciales en el Centro Penitenciario “Casa del Buen Pastor”.

Al respecto, las autoridades competentes verificaron la situación y no se encontraron indicios que respaldan la información publicada en algunos medios de comunicación.

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Coincidentemente, en la mañana de este lunes, el Ministerio de Justicia llevó a cabo un trabajo interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de la Defensa Pública reafirmando el compromiso con la seguridad y el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad.

El Ministerio insta a la ciudadanía y a los medios de comunicación a recurrir a los canales oficiales para la verificación de información y evitar la difusión de noticias no confirmadas.

William Wilka, nuevo presidente de Petropar, explicó que desde el 1 de marzo, fecha del inicio del conflicto bélico, están observando los números del petróleo, que desde entonces tuvo una suba sostenida, aunque aflojó un poco en los días recientes.

“La idea es no tomar ninguna decisión en forma apresurada que pueda generar una incertidumbre en el mercado local”, expresó Wilka, en un contacto telefónico con la emisora Universo 970 AM.

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A diferencia de los emblemas privados, que desde la semana pasada hablan de la necesidad de un reajuste de precios, Petropar tiene la ventaja de contar con la mayor capacidad de tancaje: 300.000 m3. Esta medida otorga fácilmente tres a cuatro meses de stock, por tanto, hay mayor margen de compra y de volumen.

“Por lo menos esta y la otra semana podemos aguantar todavía y esperamos que en ese lapso el petróleo pueda tener un comportamiento a la baja en el mercado”, afirmó Wilka.

Otra de las instrucciones que recibió el nuevo presidente de Petropar es mantener un diálogo directo con los caficultores, quienes se manifiestan desde ayer en reclamo de la culminación del tren de molienda.

El jefe departamental recordó, en entrevista con GEN, que el acuerdo con los productores se firmó en octubre del año pasado, luego de un paro del sector, con autoridades del Gobierno de ese momento. En aquella ocasión participaron el entonces titular de Petropar, Eddie Jara, el entonces ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez y el ministro de Agricultura, Carlos Giménez.

Según Sosa, tras ese compromiso se siguieron todos los procedimientos administrativos para impulsar la obra. El proceso incluyó un nuevo llamado a licitación que fue elevado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en diciembre y publicado oficialmente en enero.

El plan avanzaba con normalidad y la apertura de sobres estaba prevista para el 27 de febrero. Sin embargo, pocos días antes la empresa vinculada al proceso anterior, que había sido adjudicada por el abdismo pero que no terminó la obra, presentó una acción judicial que volvió a frenar el procedimiento.

“Dos o tres días antes la empresa EISA mete algo judicial y tranca el proceso”, explicó el gobernador, al señalar que el conflicto pasó al ámbito judicial, lo que escapa a la gestión directa de las autoridades.

Sosa sostuvo que el objetivo del Gobierno es destrabar la situación y cumplir con el reclamo histórico de los cañicultores de contar con un nuevo tren de molienda que permita mejorar la producción y el procesamiento de caña de azúcar en la planta de Troche.

El gobernador indicó que el presidente de la República, Santiago Peña, autorizó la realización de un nuevo llamado a licitación para avanzar con el proyecto, aunque la judicialización volvió a paralizar el proceso.

Mientras tanto, las autoridades mantienen conversaciones con los productores para explicar el estado de las gestiones y buscar una salida al conflicto. Según Sosa, el tema también fue abordado recientemente por ministros del Ejecutivo que se reunieron con los cañicultores y se prevé que el caso sea analizado en el ámbito de la Presidencia.

El gobernador pidió además a los productores y a la ciudadanía “no tener memoria corta” y recordó que el conflicto se originó en el proceso licitatorio del periodo anterior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, y que hasta hoy sigue generando trabas para concretar el proyecto.

La obra, adjudicada inicialmente a la empresa EISA (de Alberto Palumbo) y luego cedida a Ocho A S.A. (de Luis Alberto Pettengill), debía estar operativa en 2023 y permitir el aumento de la capacidad de molienda de caña de azúcar de 2.000 a 5.000 toneladas diarias.

Sin embargo, el proyecto quedó paralizado debido a una presunta sobrefacturación gigantesca registrada durante la administración de Mario Abdo Benítez. La denuncia de Petropar busca esclarecer los hechos para evitar que la situación genere más pérdidas para el Estado, ya que la obra, tal como está, no puede funcionar por problemas de diseño al no prever consideraciones ambientales y de aumento de la producción de caña, además de la correcta gestión del subproducto: la linaza.

El proceso de construcción del nuevo tren de molienda en Troche estuvo plagado de irregularidades desde el inicio. Un informe de auditoría interna de 2023 realizado por Petropar, reveló anticipos millonarios otorgados para obras en la planta, que suman 38.440 millones de guaraníes, sin una verificación clara del avance.

Además, la Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República, realizada en el mismo año, expuso que durante el ejercicio fiscal 2022 se realizaron pagos por 41.815 millones de guaraníes por la instalación de la nueva línea de molienda, de los cuales 30.949 millones corresponden a trabajos inconclusos o sin evidencia de ejecución.

A su vez, en diciembre de 2023, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) impuso una multa de 2,5 millones de dólares por las falencias y retrasos en la ejecución de las obras. El informe de verificación realizado por la DNCP concluyó que la planta no cumple con varios de los ítems establecidos en el contrato, a pesar de los millonarios desembolsos realizados.

El contrato inicial con EISA, firmado en 2021 bajo la administración de Denis Lichi, fue cuestionado desde el principio por su elevado costo, seis veces mayor que instalaciones similares en Brasil. La adjudicación fue por 195.299 millones de guaraníes (28,7 millones de dólares). Posteriormente, la empresa subcontrató a Ocho A S.A. para completar la obra, pero los problemas continuaron.

LA CAJA NEGRA

Este acuerdo se firmó en el año 2017 mediante la figura del fideicomiso, que en términos más sencillos consiste en una caja de seguridad o contrato de confianza donde uno entrega bienes, dinero o propiedades a un banco para que los cuide, gestione y use específicamente para un fin definido en el contrato.

En este caso, el IPS y Atlas acordaron que debía servir para financiar la construcción de cuatro hospitales: el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico. Y para ese objetivo se fijó la suma de 828.000 millones de guaraníes.

A simple vista todo parecería conveniente para el IPS, sin embargo, en la práctica es otra la situación, ya que todo el dinero que la previsional recauda para salud pasa primero por el banco.

¿Cómo funciona el mecanismo? Cada mes, el IPS recibe aportes de trabajadores y empleadores para el fondo de salud. Según el contrato, el 100% de ese dinero se deposita primero en las cuentas administradas por el banco durante 30 días. Durante ese tiempo, el banco debe separar una reserva mínima de hasta 160.000 millones de guaraníes. Recién después de ese proceso, el resto del dinero vuelve al IPS para ser utilizado.

En pocas palabras, el banco actúa como una especie de aduana financiera. El dinero entra primero allí, se retiene una parte y luego se libera lo restante.

El contrato del IPS otorga grandes ventajas al banco Atlas porque el plazo de este acuerdo es de nada más y nada menos que de 30 años, es decir, durante ese periodo cada mes el banco tiene en sus cuentas sumas muy grandes de dinero provenientes de los aportes de los asegurados. Eso significa que la entidad financiera dispone de una enorme liquidez, y que puede utilizar dentro de sus operaciones habituales, sin asumir riesgos con su propio capital.

En el acuerdo firmado en el año 2017 y que sigue vigente, se fijó que los gastos de administración del contrato no los paga el banco Atlas. Es así que los honorarios profesionales, auditorías, impuestos o gastos legales se cubren con el propio dinero del IPS o con los fondos administrados en esa cuenta especial. Con esto el banco de los Zuccolillo no gasta ni arriesga su capital.

El principal problema de este contrato leonino es que los aportes de los trabajadores quedan retenidos cada mes en el banco, mientras los hospitales y servicios que debían construirse con ese dinero todavía siguen inconclusos o demorados.

Hay que recordar que los actuales administradores del IPS realizaron auditorías internas y externas por este contrato con Atlas, que derivaron en cuatro denuncias penales por las irregularidades detectadas en su manejo.

Uno de los informes reveló que solo el 26% del dinero de este pacto con Atlas se utilizó para los proyectos originales, que eran los cuatro hospitales, mientras que el 74% restante se destinó a obras o refacciones no previstas inicialmente. Para poder hacer esta jugarreta, se hizo una pequeña pero decisiva modificación al contrato para incluir un punto llamado “otros centros de salud” y así se comenzó a desviar la plata.

Pero lo más grave de todo es que algunos de estos supuestos trabajos para obras no previstas inicialmente no se ejecutaron; lo que a simple vista demuestra que se desviaron millones a obras fantasmas.

Como consecuencia, dos hospitales no se terminaron en tiempo y forma. El Hospital Día tuvo un avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera comenzó con esos fondos, lo que obligó a las actuales autoridades del IPS a buscar después recursos propios para continuar las obras, que se esperan que terminen recién este año.