Emiliano R. Fernández, viceministro del Transporte, anunció que en el transcurso de este mes, la cartera a su cargo entregará al presidente Santiago Peña el anteproyecto de la reforma del transporte.

“Socializamos con todos y cada uno dio sus apreciaciones, de este circuito de trabajo, algunos elementos vamos a sacar otros a poner, pero no trabajamos el consenso total, sino los aportes que consideramos pertinentes, los agregados, etc.”, comentó el viceministro en una entrevista con radio Universo 970 AM - Nación Media.

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Las alusiones del ministro tienen que ver con la etapa en la que el texto estuvo colgado en la web, con la opción de que la ciudadanía envíe sus sugerencias.

La renovación de la flota, el mejoramiento de la infraestructura y la actualización de los contratos y normas que rigen el sistema son los ejes centrales de esta reforma.

La proyección apunta a 500 buses 0 Km para el 2028 y la inversión estimada está entre 80 a 90 millones de dólares.

Otro aspecto del proyecto es el enfoque social, específicamente en cuanto al ahorro de tiempo de espera y la reducción de la duración del viaje.

Los detalles de cada artículo del proyecto podrán conocerse una vez que el texto tenga entrada en la Cámara de Senadores.

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El requerimiento conclusivo fue formulado de manera conjunta por los fiscales Nathalia Silva, Giovanni Grisetti y Yeimy Adle. En la presentación formal, el Ministerio Público sostuvo la acusación por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y daños a obras públicas.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por los representantes de la Fiscalía, durante la gestión al frente de la cartera ministerial se adoptaron decisiones que terminaron destruyendo las estaciones y tramos previamente ejecutados con fondos públicos.

Esas medidas inhabilitaron de forma definitiva la infraestructura erigida, imposibilitando que el trazado cumpliera con su fin operativo original.

El cómputo del informe fiscal establece que el perjuicio patrimonial asciende a la cifra de 14.955 millones de guaraníes.

Al solicitar que el caso sea elevado a la etapa de debate oral y público, los fiscales buscan probar la responsabilidad penal del ex alto funcionario en las pérdidas sufridas por el Estado paraguayo.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dieron un nuevo paso hacia la digitalización de la gestión pública con la firma de un convenio para implementar el “Oficio Judicial Electrónico”.

La herramienta permitirá que los oficios y el intercambio de información entre ambas instituciones se realicen de manera electrónica, reduciendo los tiempos y costos asociados al traslado físico de documentos.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, destacó que la medida tendrá un impacto importante debido al elevado volumen de oficios judiciales que recibe diariamente la cartera sanitaria desde distintos puntos del país.

Además de reducir el uso de documentos físicos, el sistema permitirá mejorar la trazabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. Los funcionarios habilitados podrán gestionar los trámites independientemente de su ubicación.

El presidente de la Corte Suprema, Alberto Joaquín Martínez Simón, resaltó que la incorporación de herramientas digitales permitirá agilizar los procedimientos, mejorar su calidad y fortalecer la transparencia institucional.

El convenio se enmarca en la Ley N.º 6822/2021, tendrá una vigencia de cinco años y podrá prorrogarse automáticamente por otro periodo igual.

Con esta iniciativa, Salud y la Corte Suprema buscan avanzar hacia una gestión más rápida, eficiente y con menor dependencia del papel, en línea con el proceso de transformación digital del Estado.

La propuesta original contemplaba inicialmente el 22 de agosto como fecha conmemorativa. Sin embargo, la modificación hecha en la Cámara de Senadores fijó el 14 de abril con el objetivo de hacer coincidir la festividad con el hito de su consagración global.

Durante el debate, el diputado Héctor Figueredo, presidente de la Comisión de Industria defendió el dictamen favorable para aceptar la versión del Senado. Argumentó que la fecha elegida simboliza el reconocimiento mundial del tradicional caldo como uno de los mejor valorados del planeta.

Con la sanción del texto, se faculta a la Secretaría Nacional de Cultura, en coordinación con la Secretaría Nacional de Turismo, el Ministerio de Educación y Ciencias y las dependencias departamentales y municipales, a articular planes, proyectos y actividades para la difusión y valorización del plato a escala nacional e internacional.

El vorí vorí cuenta con una rica tradición en la mesa paraguaya y fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Paraguay en 2017.

Su distinción oficial refuerza la identidad culinaria del país, impulsada además por el prestigioso portal gastronómico TasteAtlas, que en diversas ocasiones lo situó en lo más alto de sus clasificaciones globales de sopas y platos tradicionales.