“Yo no acudí al lugar. Tengo que salir a desmentir eso categóricamente”, expresó en charla con la prensa.

La congresista opositora explicó que su madre, comerciante en el área de insumos alimenticios, cruzó la frontera con una chequera que contenía documentos de sus clientes, sin conocer que debían ser declarados. “Ella se maneja con esos cheques porque trabaja con ventas. El efectivo sí sabía que no debía superar los USD 10.000, pero desconocía lo del cheque. Fue un error humano”, sostuvo.

La legisladora también rechazó que haya usado su investidura para liberar el vehículo ni los valores incautados. “Jamás me presenté como diputada ni pedí la liberación de nada. Solo hablé con ella por teléfono y me pidió que averigüe sobre el procedimiento legal”, afirmó.

Sobre la versión de que su madre habría invocado su nombre durante el procedimiento, Zena consideró que podría tratarse de un malentendido. “Mi madre jamás me menciona para este tipo de cosas, siempre actúa con prudencia. No entiendo por qué están intentando vincularme directamente con algo que no hice”.

Consultada sobre la naturaleza de los cheques, la diputada aclaró que todos los documentos estaban fechados, cruzados o diferidos, y que se trataba de pagos legítimos correspondientes a su actividad comercial. También pidió que se revisen las cámaras del lugar para confirmar que no estuvo allí. “Esto me salpica a mí y a mi familia”, agregó.

Desde la Aduana se informó que fue abierto un sumario administrativo y que el caso sigue su curso conforme a las normativas vigentes. La Dirección de Asuntos Jurídicos se encargará de determinar la procedencia de los valores incautados.

A partir de hoy, los interesados en becas para hacer maestrías, doctorados, posdoctorados, especializaciones y movilidad de grado en el exterior y para renovación de cursos de idiomas en Paraguay, a través del Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López” (BECAL) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para iniciar el trámite, los interesados deben crear un usuario en la plataforma digital del CONACYT y completar las secciones requeridas, comenzando por los datos personales y la validación de la declaración jurada. Posteriormente, se deberán adjuntar en formato digital los documentos exigidos.

Las autoridades del programa recuerdan a los postulantes la importancia de no dejar el trámite para el último momento para evitar inconvenientes técnicos o imprevistos con la documentación. Además, aclaran que la omisión o falsificación de datos derivará en la exclusión directa del proceso o en la revocación del beneficio en caso de adjudicación.

Para consultas metodológicas o dudas sobre el proceso, los aspirantes pueden contactar a la organización vía correo electrónico a consultasbecal@mef.gov.py.

El juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia dispone la prisión preventiva de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, alias Chiqui. La imputación fiscal atribuye al procesado los hechos de tráfico internacional de drogas, comercialización y asociación criminal dentro del caso denominado Nexus.

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Cáceres, de 38 años, permanecía prófugo y con declaración de rebeldía desde febrero. Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía lo detienen en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera. Tras la aprehensión, el magistrado extingue el estado de rebeldía.

Durante la audiencia de imposición de medidas, la defensa del imputado solicita el arresto domiciliario con tobillera electrónica y ofrece una fianza real. Sin embargo, el juez rechaza el pedido por el alto peligro de fuga, la posibilidad de obstrucción de las pesquisas y la elevada expectativa de pena, la cual supera los 15 años de cárcel.

Según la investigación de la fiscala Ingrid Cubilla, Dionisio Cáceres cumplía funciones de secretario y operador logístico de Sebastián Marset. El imputado negociaba la compra de drogas, coordinaba el transporte de los cargamentos y facilitaba la venta de la mercadería. La Fiscalía sostiene que la pareja del procesado y su hermano administraban comercios para ingresar el dinero ilícito al sistema legal.

Funcionarios de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada del MADES, con apoyo del Ministerio Público y la Policía Nacional, efectuaron una verificación in situ en un sector comprendido dentro de la Reserva de Recursos Manejados del Lago Ypacaraí.

Dicha inspección permitió constatar el desarrollo de obras de alto impacto ambiental relacionadas con la explotación de canteras para la extracción de material pétreo, dentro de los límites de la reserva.

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Ante esta situación, la institución tomará acciones conforme a las competencias establecidas y a la normativa ambiental vigente, según anunció a través de una publicación en su página oficial.

El MADES continuará desplegando controles estrictos y permanentes en la zona, con el objetivo de prevenir y detectar actividades que puedan afectar los ecosistemas y recursos naturales de la reserva, enfatiza el comunicado.

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De igual manera, la cartera medioambiental se comprometió al fortalecimiento de las acciones de protección y conservación de este estratégico patrimonio.

La Reserva de Recursos Manejados del Lago Ypacaraí y sus Humedales Adyacentes es un área silvestre protegida que abarca aproximadamente 36.947 hectáreas y se extiende entre los departamentos Central y Cordillera.