El exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola logró el sobreseimiento definitivo en el caso conocido como “comisarías de oro” tras una estrategia de dilatación judicial que se prolongó por más de una década. La sentencia fue dictada por el juez penal de garantía Yoan Paúl López, quien admitió la prescripción del delito de lesión de confianza.

El político estaba acusado de haber causado un perjuicio de G. 1.131 millones durante su gestión (2008-2011) en la remodelación de 23 comisarías, obras adjudicadas a la empresa Todo Verde Emprendimientos. Pese a las numerosas evidencias, el caso nunca llegó a juicio oral debido a las constantes chicanas.

El modus operandi

La estrategia de la defensa consistió en presentar recursos dilatorios que fueron admitidos por el sistema judicial. Inclusive permitió que el expediente permaneciera “cajoneado” por más de cinco años en la Corte.

En su resolución, el juez López argumentó que el caso prescribió debido al extenso tiempo transcurrido del caso, y además cuestionó que no se hayan presentado urgimientos fiscales durante el periodo en que el expediente estuvo varado en la Corte.

El rol de Desirée Masi

En el proceso también resalta el papel de la exsenadora Desirée Masi, esposa de Filizzola. Coincidentemente, durante el tiempo en que el expediente permaneció detenido en la Corte Suprema de Justicia, Masi ocupaba una banca en el Senado. Según el periodista Aldo Ynsfrán, era un “secreto a voces” que se enviaban emisarios a la Corte para obstaculizar el avance del caso.

MÁS DEL CASO

Este proceso se inició en octubre del año 2010 cuando el fiscal Luis Piñánez imputó a Rafael Filizzola y a los responsables de la empresa Todo Verde Emprendimientos, perteneciente a Alejandro Apolonio Giménez, fue la empresa adjudicada para hacer refacciones en 24 Comisarías, el mencionado trabajo, por una suma de G. 1.131.812.500, mediante un contrato firmado en fecha 2 de diciembre de 2010.

Las obras iniciaron el 25 de enero del 2011 y según el documento debían concluir en 60 días en 23 comisarías; mientras que en la restante, la comisaría número 19, ubicada en el Barrio Jara, debía concluir en 90 días. El 27 de enero se abonó la totalidad del monto establecido en el contrato. El requerimiento conclusivo del fiscal explica que Filizzola llamó a licitación sin que existiera una necesidad, ni un pedido de los responsables de las áreas afectadas, que avalen la construcción de las mismas, ni un estudio técnico con relevamiento de datos de cada comisaría.

Además, refiere que el exministro ordenó el pago teniendo conocimiento de que el plazo para la ejecución de las obras era de 60 y 90 días, y que conforme a la fecha del llamado y del proceso administrativo las obras no estarían terminadas para el último día hábil del período fiscal 2010. Esto ocasionó un perjuicio de G. 408.112.313 según la investigación.

Durante los años de proceso se fueron presentando varios incidentes para dilatar el caso y en el 2016 Rafael Filizzola presentó una acción aclaratoria y con ayuda de la Corte Suprema de Justicia que cajoneó el caso por más de cinco años, ayudó a que se congele el caso.

Cuando se llegó a la audiencia preliminar se planteó la prescripción de la acción penal por el tiempo que ya había transcurrido. Hoy esta causa quedó en el oparei.

En la tarde de este jueves se registró un accidente de tránsito con derivación fatal sobre la avenida Mariscal López casi Cnel. Martínez, en jurisdicción del barrio Santa María de Asunción.

Se vieron involucrados en este siniestro vial los suboficiales Marcelo Iván Benítez Balbuena, de 24 años, y Esteban Ramón Peralta Ramírez, de 21 años, quienes circulaban a bordo de una motocicleta.

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Según testigos, el conductor del biciclo intentó realizar un adelantamiento para rebasar a un ómnibus del transporte público, perdiendo el control al alcanzar una curva antes de caer violentamente al suelo.

Benítez fue quien se llevó la peor parte, ya que perdió la vida a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo, aparentemente después de que su cabeza impactara contra el cordón del paseo central.

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Por su parte, Peralta sufrió lesiones en los brazos y las piernas, siendo trasladado de urgencia hasta el Hospital de Policía “Rigoberto Caballero”, donde permanece internado.

Desde la Policía Nacional expresaron su pesar y sus sentidas condolencias a los familiares del suboficial fallecido en este penoso accidente de tránsito.

Un transformador de intensidad ardió en llamas en la subestación de la ANDE a raíz de la fuga de aceite que contiene el equipo.

El reporte fue hecho a los bomberos de la 7ma Compañía de San Lorenzo, cuyos voluntarios acudieron de inmediato para controlar el siniestro y que no se expanda a otros transformadores.

Según relató uno de los bomberos intervinientes, tras el incendio, la subestática ingresa automáticamente a un sistema de protección, por lo que se corta la energía eléctrica.

Este corte afectó no solo a San Lorenzo, sino también a ciudades vecinas como Fernando de la Mora, Capiatá y Luque.

Los bomberos controlaron las llamas en unos 15 minutos y la energía fue repuesta en aproximadamente 40 minutos posteriores.

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional esta madrugada ejecutaron un allanamiento en una propiedad situada en el barrio San Vicente de Lambaré.

Durante la intervención, los efectivos policiales hallaron una importante cantidad de marihuana “premium” que se encontraba preparada para su comercialización al menudeo.

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Se trata de una variedad de marihuana conocida como “yensis”, cuyo valor en el mercado supera al de la droga convencional debido a su elevado porcentaje de THC, principal componente psicoactivo del cannabis.

Cerca de 9 kilos de la sustancia, equivalente a unas 10.000 dosis, fueron incautados en el lugar, así como también un revólver, teléfonos celulares, tarjetas de crédito y una camioneta.

César Daniel Amarilla, de 31 años, fue detenido durante el operativo policial. El mismo, según los datos manejados por los investigadores, sería un distribuidor de estupefacientes en la zona.

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Cabe señalar que al menos cinco instituciones educativas se encuentran en inmediaciones del inmueble allanado, por lo que no se descarta que la potencial clientela del detenido sean estudiantes.

El valor estimado del cargamento decomisado oscila los G. 50.000.000, conforme a las estimaciones de la Policía Nacional.