En la reunión estuvieron presentes representantes de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), el Dr. Lino López y el Dr. Gerardo Acosta; por la Secretaría Nacional de Deportes, la Dra. Silvia Patiño y el jefe de Federaciones, Mario González; así como representantes de Futbolistas Asociados del Paraguay, Gerardo Planás, Pablo Sosa y Rogelio Delgado.

En la apertura de la sesión, el senador Derlis Maidana subrayó que el objetivo principal del encuentro fue habilitar un espacio de diálogo abierto y constructivo para recibir opiniones, sugerencias, observaciones y críticas respecto a la propuesta legislativa.

Asimismo, el parlamentario destacó la relevancia de la participación activa de todos los sectores involucrados para asegurar que el proyecto sea implementado de forma inclusiva y consensuada, con miras a garantizar su eficacia.

Durante la exposición de motivos se explicó que la iniciativa plantea modificaciones a la legislación laboral deportiva con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica en las relaciones laborales entre clubes y futbolistas.

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Entre los principales cambios propuestos se encuentra la universalización del contrato escrito, que pasaría a ser obligatorio para todos los jugadores, sin distinción de la categoría en la que participen. También se establece que serán considerados profesionales todos aquellos jugadores que cuenten con contrato formal y perciban una remuneración igual o superior al salario mínimo legal. Además, se busca garantizar el pago de salarios y beneficios acordados, así como proteger los intereses deportivos de los futbolistas.

En el plano regulatorio, se enfatizó la intención de armonizar la legislación nacional con las normas internacionales establecidas por la FIFA, promoviendo coherencia y transparencia en los contratos y en la protección de los derechos de los jugadores.

“El proyecto cuenta con el respaldo total de la APF y de la Secretaría Nacional de Deportes; los futbolistas también manifiestan su acuerdo, aunque proponen algunas modificaciones”, expresó el senador Maidana.

A su vez, el presidente de la Comisión de Deportes, Juan Carlos Galaverna (h), informó que se resolvió postergar el tratamiento del proyecto por un plazo de ocho días, a fin de consensuar el texto y atender las observaciones planteadas por Futbolistas Asociados del Paraguay.

Esta medida, impactará directamente en un esquema que beneficia a más de un millón de estudiantes en todo el país. Cabe mencionar que, solo en 2025, las compras a Mipymes alcanzaron un poco más de USD 20 millones, lo que ya superaba el 5% destinado para el año pasado, con alrededor de 600 empresas vinculadas, y más de 9.000 facturas emitidas.

El ajuste estratégico se concreta de cara al reciente inicio del año lectivo, con el objetivo de fortalecer el componente productivo y territorial del plan.

Con esto, el Estado amplía el acceso de estas unidades productivas a contratos públicos, facilitando su formalización, crecimiento y estabilidad financiera.

Los departamentos de Amambay, Canindeyú y Caaguazú registraron el mayor nivel de ejecución en compras a Mipymes durante 2025, consolidando el impacto territorial del programa. El modelo de compras inclusivas busca integrar a productores y emprendedores locales en la cadena de suministro, garantizando alimentos frescos y de calidad para los estudiantes, mientras dinamiza las economías regionales.

Desde el Viceministerio ya se iniciaron convocatorias para conectar a las Mipymes con las 25 empresas adjudicadas para la provisión del servicio.

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, informó que del total adeudado unos US$ 250 millones corresponden a certificados de obras ya ejecutadas, mientras que cerca de US$ 110 millones son intereses acumulados por la mora.

Como alternativa para aliviar la situación financiera de las empresas, el Gobierno planteó el uso del mecanismo de factoraje financiero, mediante el cual las constructoras podrían vender sus certificados de obra a bancos de plaza para cobrar anticipadamente los montos pendientes. En ese esquema, las entidades bancarias compran las cuentas por cobrar, adelantan el pago a las empresas y luego cobran al Estado en un plazo establecido.

Desde el sector de la construcción señalan que, aun utilizando el factoraje, la obligación del Estado no desaparece, pues finalmente las instituciones públicas deberán cancelar los compromisos, ya sea pagando a las constructoras o a los bancos que adquieran los certificados.

Paul Sarubbi explicó que el gremio no se opone al mecanismo, siempre que los costos financieros no recaigan sobre las empresas. “Puede ser una opción. Es una herramienta que puede servir cuando el Estado tiene problemas de flujo (...) Pero lo que no puede pasar es que los intereses que se paguen por esa cesión de crédito sean absorbidos por las empresas”, afirmó.

Recordó que el mecanismo de factoring ya fue aplicado entre 2022 y 2023, cuando las constructoras cedieron certificados de obra a entidades financieras. En esa oportunidad, los intereses fueron descontados de los pagos y luego las empresas solicitaron al Estado la devolución de esos costos.

“En ese entonces los intereses se descontaban directamente de los certificados de obra. Uno cobraba solamente la diferencia, ya restando esos intereses por anticipado”, explicó. Detalló que dichos costos financieros acumulados son los que hoy explican los US$ 110 millones que el sector reclama por intereses.

“En nuestro rubro los márgenes son muy pequeños. Si el banco ya me descuenta de entrada la totalidad de los intereses, al final terminamos perdiendo. Por eso estamos de acuerdo gremialmente con la herramienta de factoraje, pero los intereses tienen que ser pagados directamente desde el Estado al ente financiador, los bancos”, sostuvo.

Además, a la deuda acumulada se suma un descalce presupuestario en obras públicas para este año. Según datos del sector, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para infraestructura ronda los US$ 570 millones en 2026, mientras que las obras actualmente en ejecución podrían demandar entre US$ 700 millones y US$ 850 millones. Esto implica que, al pasivo acumulado de US$ 360 millones, se suma el riesgo de que la deuda siga creciendo si no se establece un plan de pagos.

En ese contexto, Sarubbi informó que se solicitó audiencia el viernes con el Gobierno, en busca de un plan de pago para los millonarios compromisos.

El Servicio de Urología del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) llevó a cabo una linfadenectomía inguinal video-endoscópica (VEIL), que es una cirugía para extraer ganglios de la ingle usando una cámara, con una técnica mínimamente invasiva para el tratamiento del cáncer de pene.

El procedimiento se aplicó a un paciente de 65 años procedente de Canindeyú, quien recibió el alta médica a las 72 horas de la intervención tras presentar una evolución favorable.

Este método consiste en realizar tres incisiones de 1 centímetro en la región anterior del muslo. Mediante el uso de una óptica y pinzas, se accede a la zona inguinal para extirpar los ganglios superficiales y profundos con potencial metastásico, evitando las incisiones de gran tamaño de la cirugía convencional.

La intervención quirúrgica estuvo encabezada por los doctores Osvaldo Valdebenito y Luis Benítez, responsables de la cirugía.

Esta técnica permite la movilización precoz del paciente y reduce el tiempo de internación a un rango de entre 48 y 72 horas. Ante la incidencia de esta patología en la región, las autoridades del instituto instan a la población a acudir a una consulta urológica ante la aparición de cualquier tumoración en el pene para asegurar un diagnóstico temprano.