La empresa Insumos Médicos S.A. (Imedic) presentó una demanda contenciosa administrativa contra el Ministerio de Salud, impugnando dos resoluciones: una que rescindió el contrato para la adquisición urgente de insumos y camas en el marco de la pandemia de COVID-19; y otra que rechazó el recurso de reconsideración presentado por IMEDIC contra la rescisión del contrato, argumentando que fue injustificada, alegando fuerza mayor debido a las dificultades logísticas y de suministro generada por la pandemia.

La Procuraduría defendió la validez de las resoluciones, argumentando que Imedic incumplió con las especificaciones técnicas y los registros sanitarios de los bienes entregados.

Además, sostuvo que la fuerza mayor alegada por la empresa no era válida, ya que la pandemia era conocida al momento de ofertar y no justificaba los incumplimientos. También señaló que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas no declaró la nulidad del proceso licitatorio, lo que hacía improcedente el planteo de Imedic.

Los incumplimientos de Imedic que llevaron a la rescisión del contrato por parte del Ministerio fueron: las actas de verificación detectaron que los bienes entregados no correspondían a los ofertados y adjudicados.

Por ejemplo, las camas manuales para pacientes no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas tales como: debían contar con 3 funciones, tener una capacidad de 200 kilos, lecho de red de metal, colchón forrado de tela vinílica y altura de la cama; los trajes de protección entregados no coincidían con la marca establecida en el contrato; algunos bienes entregados carecían de registro sanitario o este fue presentado de forma extemporánea, lo que contravenía las exigencias del contrato.

Así también, las mascarillas entregadas no cumplían con las especificaciones técnicas según algunos informes, aunque Imedic entregó las KN95 (China) supuestamente eran equivalentes a las N95 (EE.UU.) y FFP2 (Europa); y, finalmente, Imedic alegó fuerza mayor debido a la pandemia, pero el Ministerio consideró que las dificultades logísticas y de suministro eran previsibles al momento de ofertar y no justificaban los incumplimientos.

Estos incumplimientos llevaron al Ministerio a rescindir el contrato N° 197/20, argumentando que IMEDIC no cumplió con sus obligaciones contractuales.

El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, rechazó la demanda de IMEDIC y confirmó las resoluciones impugnadas. Consideró que los actos administrativos estaban ajustados a derecho, fundamentados y producto de un proceso administrativo que respetó el debido proceso.

El Tribunal concluyó que no se comprobó la vulneración de derechos administrativos preestablecidos ni irregularidades que desvirtuaran la presunción de legitimidad de los actos del Ministerio. Además, impuso las costas del juicio a la parte perdidosa (IMEDIC).

El procedimiento fue realizado por técnicos de la institución con acompañamiento del Ministerio Público y en cumplimiento de una orden judicial, en el marco de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley de Recursos Hídricos del Paraguay.

Durante la inspección, los fiscalizadores verificaron intervenciones dentro de la franja de protección hídrica de la laguna, entre ellas la remoción de suelo para adecuar áreas recreativas y modificaciones del terreno para la construcción de isletas. Según el MADES, estas obras no estaban contempladas en los instrumentos ambientales aprobados.

Además, se detectó una disposición inadecuada de residuos sólidos, como botellas de vidrio, latas y materiales plásticos, depositados en fosas a cielo abierto dentro de sectores con vegetación, lo que representa un potencial riesgo para el ecosistema.

El Ministerio informó que continuará con las diligencias administrativas para determinar las eventuales responsabilidades y aplicar las medidas previstas en la legislación ambiental vigente.

La institución señaló que este tipo de intervenciones busca fortalecer las tareas de fiscalización y garantizar la protección de los recursos naturales mediante el cumplimiento de las normas ambientales.

Inicialmente, el Consorcio Palma había solicitado autorización para retirar 34 ejemplares en el marco del proyecto de revitalización del espacio público. Sin embargo, tras las inspecciones, la Comuna aprobó la remoción de solo 17 árboles dentro de la plaza y otros cinco en sus alrededores.

Según la Dirección General de Gestión Ambiental (DGGA), la decisión responde a que los ejemplares presentan un avanzado deterioro que compromete la seguridad de las personas o corresponden a especies exóticas invasoras.

El director de Gestión Ambiental, Máximo Barreto, señaló que cada árbol fue evaluado de manera individual y aseguró que la prioridad es preservar el patrimonio arbóreo sin descuidar la seguridad de quienes utilizan diariamente la plaza.

Entre los ejemplares autorizados para su remoción figuran cipreses secos, ficus con problemas estructurales y leucaenas, consideradas especies invasoras.

La Comuna recordó que la Plaza Uruguaya cuenta actualmente con 401 árboles y confirmó que todos los ejemplares retirados serán compensados con la plantación de especies nativas, como tarumá, guaviyú, agua’í, ñandypa y araticú, entre otras.

Las nuevas plantaciones se realizarán en la propia Plaza Uruguaya y, una vez cubierta su capacidad, continuarán en otros espacios públicos cercanos, como la Costanera Norte y plazas de la zona.

Los asegurados interesados en utilizar este servicio ya pueden acceder a la plataforma a través del sitio web oficial de la institución, www.portal.ips.gov.py, o remitir sus consultas al correo electrónico institucional habilitado para soporte técnico: subsidiosreposos@ips.gov.py.

El sistema guía al usuario paso a paso durante la carga de la solicitud, facilitando la presentación de los documentos requeridos según la particularidad de cada caso médico y disminuyendo los márgenes de error durante el proceso.

Entre las principales mejoras técnicas se destaca la generación inmediata de un número de trámite, el cual permite al asegurado realizar el seguimiento de su expediente en tiempo real con solo ingresar su número de cédula.

En caso de que la documentación presente algún error o requiera observaciones, el portal detalla de manera específica qué aspectos deben corregirse, lo que evita que el beneficiario tenga que reiniciar todo el trámite desde cero.

Con esta modernización, la previsional apunta a transparentar la gestión de los subsidios económicos y optimizar la respuesta administrativa para este beneficio de la seguridad social.