Una iniciativa planteada por el diputado Jatar Fernández y que cuenta con el respaldo de varios colegas, busca paliar el déficit de transporte público en Central en el horario nocturno.

La propuesta señala que el servicio “Búho” evidenció una cantidad considerable de pasajeros que dependen del transporte público en la noche madrugada para trasladarse a sus casas, pero que termina convirtiéndose más en un “negocio” para los transportistas y no en una solución para la ciudadanía.

Plantea que el transporte nocturno gratuito será regulado por la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y será financiado a través de los recursos sociales de Itaipú.

Para su implementación, pretenden destinar 10 buses eléctricos que estarán operativos en Central.

La Gobernación del Departamento Central será la encargada de administrar la iniciativa una vez recibido los buses entregados por la Dinatran.

Cabe recordar que un plan piloto es implementado por el mismo Jatar Fernández con su “Oso Bus”, que circula de 22:00 a 4:00 hs entre hospitales de ciudades como Limpio, Villa Elisa y zonas aledañas, incluyendo una parada en Petropar.

El proyecto contempla una presa de 160 metros de altura en la garganta del río Pilaya, un afluente clave de la cuenca del Pilcomayo. “El Carrizal” busca generar energía eléctrica y habilitar sistemas de riego, pero veinte científicos internacionales de seis países rechazan la iniciativa por su impacto ambiental. Los expertos señalan la sedimentación extrema como el mayor peligro técnico de la obra. El río Pilcomayo arrastra 200 millones de toneladas de materiales al año, una cifra récord a nivel mundial. Esta carga llena el embalse rápidamente y reduce la vida útil de la estructura de forma drástica.

Las naciones indígenas Weenhayek, Tapiete y Guaraní dependen del sábalo para su alimentación y economía. Uno de los puntos que se critica del proyecto, es que la represa actuaría como una barrera física que bloquea la ruta migratoria de los peces hacia sus zonas de reproducción.

Los líderes indígenas denuncian la falta de una consulta previa y obligatoria según las leyes locales. Francisco Nazario, capitán de la organización weenhayek, califica la obra como una sentencia de muerte para su cultura.

La construcción inunda también tierras agrícolas de comunidades como Camblaya y Los Sotos. Expertos ambientales descartan el éxito del sistema de riego prometido por las autoridades, argumentan que los canales sufren colmatación inmediata por la arena y el barro del río. El cañón del Pilaya, el sexto más profundo del mundo, corre riesgo de una alteración visual y biológica irreversible por la intervención.

Si bien los promotores defienden la obra como una respuesta a la crisis del gas, los científicos reiteran que el costo ambiental supera los beneficios energéticos. El destino del Pilcomayo y la biodiversidad de la zona permanecen hoy bajo una gran incertidumbre.

El Ministerio de Justicia puso en marcha una transformación radical en el sistema penitenciario con la eliminación total de la circulación de dinero en efectivo dentro de los nuevos centros de reclusión del país. En su lugar, las personas privadas de libertad (PPL) operan mediante billeteras electrónicas virtuales que se activan de forma exclusiva a través de un lector de huellas dactilares.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, explicó a radio Ñanduti que esta tecnología ya se encuentra plenamente activa en el Centro de Reinserción Social de Emboscada (Comple), comenzó a ejecutarse en la penitenciaría de Minga Guazú y su próxima parada de implementación será el penal Martín Mendoza.

Para evitar riesgos de seguridad, los internos no tienen acceso a teléfonos celulares, tarjetas ni a ningún dispositivo físico de pago, elementos que están estrictamente prohibidos en los regímenes de máxima seguridad.

El funcionamiento es 100% biométrico y a cada recluso se le habilita una cuenta virtual a la que se le asigna un crédito. Al momento de adquirir productos en las cantinas de las penitenciarías, el interno solo debe asentar su dedo en el lector de huellas para verificar su saldo disponible y autorizar los descuentos de su compra.

De acuerdo con el viceministro, este sistema corta de raíz los esquemas convencionales de corrupción que históricamente azotaron a las cárceles.

“Esto garantiza no solo transparencia y trazabilidad, evita también situaciones de coacción por parte de algún funcionario hacia la persona privada de libertad, como también a la inversa cualquier intento de soborno. Nos da bastante control porque podemos saber qué producto compra y con qué frecuencia”, detalló Maciel.

Asimismo, al ser consultado sobre el peligro de que estas billeteras sean utilizadas para recepcionar dinero proveniente de las conocidas estafas telefónicas desde las cárceles, el alto funcionario respondió que sería una torpeza absoluta de parte del interno que haga eso. Explicó que el monitoreo es en tiempo real y el sistema registra con precisión el nombre y los datos de cada persona que realiza una transferencia, facilitando el trabajo del Ministerio Público ante cualquier sospecha.

La plataforma no permite el libre flujo de capitales. El Ministerio de Justicia estableció límites estrictos al dinero que puede ser depositado en las cuentas de los reclusos, y existe una lista rigurosa de familiares autorizados para realizar dichas transferencias. “No es que se va a poder depositar 10 millones, existen límites”, acotó.

La autoridad contó que además de la ayuda familiar, la billetera electrónica se convirtió en la vía legal para que los internos bancarizados perciban sus “recompensas pecuniarias”. Esto corresponde al salario que reciben por parte de empresas privadas que aliadas a los programas de reinserción laboral de las penitenciarías.

Jaime Bestard, ministro del TSJE, explicó que el cronograma electoral fue elaborado con mucha anticipación y se cumplió de manera puntillosa desde el inicio hasta hoy con todas las fuerzas políticas.

Las auditorías se calendarizaron y ejecutaron del 1 al 27 de febrero. “Durante todo el mes estuvieron acá en la Justicia Electoral muchísimos representantes técnicos de las fuerzas políticas y se desarrolló incluso con la presencia de funcionarios técnicos, extranjeros, gente de la OEA, de CAPEL, absolutamente en forma normal”, comentó Bestar, en un contacto con el canal Gen.

Sin embargo, recientemente se instaló la idea de que pueden haber dudas y se vuelve a exigir la auditoría, fuera de los plazos estipulados.

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Pese a ello, el ministro Bestard confirmó que, en señal de apertura, el TSJE recibirá a los representantes técnicos de cada partido que estén interesados en aclarar dudas.

“Nosotros estamos dispuestos a hacer las reuniones la semana que viene, preparando nuestra gente para que brinden todas las explicaciones que hagan falta, manteniendo la fecha de las internas”, aclaró Bestard.

Señaló que, evidentemente, no se podrá dedicar todo un mes de auditoría nuevamente como sucedió en febrero, pero que sí podrán hacer hasta dos días de jornadas exclusivas para aclarar las dudas.

El ministro enfatizó que no será modificado el cronograma, es decir, las internas se realizarán el 7 de junio y las municipales el 4 de octubre.

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