A través de un comunicado divulgado este viernes, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) expresó su postura, a raíz de los últimos cuestionamientos al plan de adquisición de máquinas de votación.

Algunos parlamentarios del bloque opositor en la Cámara de Senadores plantearon la suspensión del proceso licitatorio internacional, que actualmente se encuentra en marcha, luego de que Contrataciones Públicas diera ‘luz verde’ al desestimar la protesta planteada.

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Desde el organismo electoral afirman que dicho proceso viene desarrollándose con absoluta transparencia, conforme a la Constitución Nacional, las leyes vigentes y los más altos estándares técnicos y administrativos.

Así también, sostienen que esta licitación fue sometida a todas las instancias de control y supervisión establecidas, garantizándose el acceso público a las bases, condiciones y procedimientos “en resguardo de la igualdad, la competencia legal y el interés público”.

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“Se rechaza cualquier insinuación que pretenda instalar dudas sobre la seguridad del proceso licitatorio”, menciona el comunicado dado a conocer por la Justicia Electoral, reafirmando que las máquinas de votación cumplirán “verificables, auditables y funcionales”.

Finalmente, el TSJE ratifica que la organización y ejecución de procesos electorales con voto electrónico y listas desbloqueadas constituyen “una obligación legal”, razón por la que se mantienen firmes en la idea de avanzar con la licitación.

Varios cuarteles de la capital se declararon en alerta ante una inminente crisis operativa. Exigen a la Municipalidad de Asunción la transferencia inmediata de la deuda acumulada, un fondo proveniente de los impuestos a la construcción que la ciudadanía ya pagó, pero que sigue retenido.

Según la ordenanza municipal, el 3,5 % del impuesto a la construcción que debe destinarse a los cuerpos de bomberos de la capital, sin embargo, ese fondo no está siendo liberado desde hace 5 años y a la fecha acumula más de G. 10.000 millones.

La ordenanza municipal rige desde el 2012, pero recibieron el aporte hasta el 2020, según comentó Lorena Canan, presidenta del CBVP, al canal GEN/Nación Media.

Este incumplimiento municipal afecta directamente a la capacidad de respuesta de los bomberos, quienes deben cubrir mantenimiento de móviles, comprar nuevos equipos, combustible.

Ante la presión del comunicado y el malestar generalizado, el intendente capitalino convocó a una reunión con los voluntarios para hallar una solución, aunque los bomberos urgen un cronograma de pago real para garantizar su operatividad en las calles.

La normativa busca introducir mayores controles y garantías en los procesos judiciales vinculados a reclamos de deudas, estableciendo que los documentos originales deberán permanecer bajo custodia del juzgado mientras dure el litigio.

Esto significa que, cuando un acreedor presente un pagaré o cheque para demandar judicialmente el cobro de una deuda, el documento físico quedará depositado en la secretaría judicial hasta la finalización del proceso.

El diputado Héctor Figueredo, presidente de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, explicó que el objetivo es asegurar que el título de crédito permanezca plenamente identificado como objeto de un reclamo judicial.

“El título de crédito debe estar siempre custodiado, ya sea a través de su inmovilización física o de otro mecanismo que permita identificar el hecho fundamental de que el título en cuestión es objeto de reclamo judicial”, expresó.

La ley también incorpora la posibilidad de que el acreedor conserve físicamente el documento bajo la figura de “depositario judicial”. En esos casos, el juzgado realizará una anotación oficial en el pagaré o cheque dejando constancia de que se encuentra sometido a un proceso judicial.

Sin embargo, el acreedor tendrá la obligación de presentar el documento cuando sea requerido por el juzgado. El incumplimiento podrá derivar en un caso de quebrantamiento de depósito, con eventuales consecuencias penales.

Otro aspecto destacado es que el deudor tendrá derecho a recuperar el documento original una vez cancelada la deuda, una disposición ya contemplada en el Código Civil, aunque con dificultades en su aplicación práctica dentro del sistema judicial.

Por su parte, el diputado Jorge Ávalos Mariño, titular de la Comisión de Legislación y Codificación, señaló que el proyecto apunta a fortalecer la trazabilidad y transparencia en los juicios ejecutivos.

Asimismo, indicó que la normativa incorpora actualizaciones procesales vinculadas al uso de herramientas digitales, como notificaciones electrónicas, verificación de firmas electrónicas y reconocimiento de títulos ejecutivos digitales.

Con la sanción parlamentaria, el proyecto queda ahora pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Los mellizos, un niño y una niña, fueron rescatados inconscientes por un tío quien los derivó de inmediato al centro asistencial.

Según el reporte, los síntomas de los menores eran de intoxicación, pero marcadamente distintos debido a las diferentes sustancias que ingirieron.

El niño ingresó a la urgencia presentando un cuadro severo de agitación, midriasis, taquicardia y una sudoración profusa, efectos relacionados con el consumo de cocaína. Por su parte, la niña ingresó en un estado de sedación profunda, provocado por la ingesta de un potente ansiolítico.

Los allegados de los mellizos señalaron de forma directa al padre de los niños como el presunto responsable de haberles suministrado las sustancias. De acuerdo con los testimonios, el hombre se encuentra atravesando por un cuadro depresivo severo.

El comisario Francisco López, subjefe de la Cría. 4ta. de Capitán Bado, comentó a la radio Universo 970/Nación Media que el padre acudió a la escuela para retirar a los pequeños. pero nunca los llevó a casa. La madre acudió a la comisaría para radicar la denuncia por desaparición.

El hombre había trasladado a los niños hasta una vivienda rural y posteriormente, se adentró con ellos en una zona boscosa donde los dejó abandonados e inconscientes.

Fue detenido horas más tarde y puesto a disposición del Ministerio Público.