La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, este lunes mantuvo una reunión con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, y otras autoridades, a fin de analizar los últimos resultados de la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Dicho muestreo, llevado a cabo de manera periódica por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reveló una disminución en el nivel de desocupación, con 41.838 personas que ahora se encuentran ocupadas laboralmente.

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Asimismo, se destaca la reducción en la tasa de desempleo, que bajó del 6,9% a 5,6%, además del aumento en los índices de formalización, que pasaron del 3,5% a un 7% por mes.

Cerca de 35.000 trabajadores ingresaron al sector formal, según los datos recolectados por el INE. En la actualidad, poco más de 778.000 personas aparecen como aportantes al Instituto de Previsión Social (IPS).

Durante la conferencia de prensa, Recalde también enfatizó el crecimiento en el número de mujeres insertadas en el mercado laboral, con más de 34.000 beneficiadas. La mayor concentración se da en el área rural, añadió.

El informe divulgado por el Gobierno también confirma un incremento del empleo en el sector de servicios, así como en el rubro agroganadero, resaltando una mayor cantidad de contratados en el sector privado.

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“Hambre cero en las escuelas” fue otro pilar que contribuyó de manera positiva en la generación de empleos, afirmó la ministra. En tal sentido, precisó que más de 18.000 personas cuentan con seguridad social gracias a su trabajo en este programa.

“Estamos muy conforme con el avance y los resultados”, señaló la titular del MTESS, al hacer alusión a la reciente Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Esta medida, impactará directamente en un esquema que beneficia a más de un millón de estudiantes en todo el país. Cabe mencionar que, solo en 2025, las compras a Mipymes alcanzaron un poco más de USD 20 millones, lo que ya superaba el 5% destinado para el año pasado, con alrededor de 600 empresas vinculadas, y más de 9.000 facturas emitidas.

El ajuste estratégico se concreta de cara al reciente inicio del año lectivo, con el objetivo de fortalecer el componente productivo y territorial del plan.

Con esto, el Estado amplía el acceso de estas unidades productivas a contratos públicos, facilitando su formalización, crecimiento y estabilidad financiera.

Los departamentos de Amambay, Canindeyú y Caaguazú registraron el mayor nivel de ejecución en compras a Mipymes durante 2025, consolidando el impacto territorial del programa. El modelo de compras inclusivas busca integrar a productores y emprendedores locales en la cadena de suministro, garantizando alimentos frescos y de calidad para los estudiantes, mientras dinamiza las economías regionales.

Desde el Viceministerio ya se iniciaron convocatorias para conectar a las Mipymes con las 25 empresas adjudicadas para la provisión del servicio.

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, informó que del total adeudado unos US$ 250 millones corresponden a certificados de obras ya ejecutadas, mientras que cerca de US$ 110 millones son intereses acumulados por la mora.

Como alternativa para aliviar la situación financiera de las empresas, el Gobierno planteó el uso del mecanismo de factoraje financiero, mediante el cual las constructoras podrían vender sus certificados de obra a bancos de plaza para cobrar anticipadamente los montos pendientes. En ese esquema, las entidades bancarias compran las cuentas por cobrar, adelantan el pago a las empresas y luego cobran al Estado en un plazo establecido.

Desde el sector de la construcción señalan que, aun utilizando el factoraje, la obligación del Estado no desaparece, pues finalmente las instituciones públicas deberán cancelar los compromisos, ya sea pagando a las constructoras o a los bancos que adquieran los certificados.

Paul Sarubbi explicó que el gremio no se opone al mecanismo, siempre que los costos financieros no recaigan sobre las empresas. “Puede ser una opción. Es una herramienta que puede servir cuando el Estado tiene problemas de flujo (...) Pero lo que no puede pasar es que los intereses que se paguen por esa cesión de crédito sean absorbidos por las empresas”, afirmó.

Recordó que el mecanismo de factoring ya fue aplicado entre 2022 y 2023, cuando las constructoras cedieron certificados de obra a entidades financieras. En esa oportunidad, los intereses fueron descontados de los pagos y luego las empresas solicitaron al Estado la devolución de esos costos.

“En ese entonces los intereses se descontaban directamente de los certificados de obra. Uno cobraba solamente la diferencia, ya restando esos intereses por anticipado”, explicó. Detalló que dichos costos financieros acumulados son los que hoy explican los US$ 110 millones que el sector reclama por intereses.

“En nuestro rubro los márgenes son muy pequeños. Si el banco ya me descuenta de entrada la totalidad de los intereses, al final terminamos perdiendo. Por eso estamos de acuerdo gremialmente con la herramienta de factoraje, pero los intereses tienen que ser pagados directamente desde el Estado al ente financiador, los bancos”, sostuvo.

Además, a la deuda acumulada se suma un descalce presupuestario en obras públicas para este año. Según datos del sector, el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para infraestructura ronda los US$ 570 millones en 2026, mientras que las obras actualmente en ejecución podrían demandar entre US$ 700 millones y US$ 850 millones. Esto implica que, al pasivo acumulado de US$ 360 millones, se suma el riesgo de que la deuda siga creciendo si no se establece un plan de pagos.

En ese contexto, Sarubbi informó que se solicitó audiencia el viernes con el Gobierno, en busca de un plan de pago para los millonarios compromisos.

El Servicio de Urología del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) llevó a cabo una linfadenectomía inguinal video-endoscópica (VEIL), que es una cirugía para extraer ganglios de la ingle usando una cámara, con una técnica mínimamente invasiva para el tratamiento del cáncer de pene.

El procedimiento se aplicó a un paciente de 65 años procedente de Canindeyú, quien recibió el alta médica a las 72 horas de la intervención tras presentar una evolución favorable.

Este método consiste en realizar tres incisiones de 1 centímetro en la región anterior del muslo. Mediante el uso de una óptica y pinzas, se accede a la zona inguinal para extirpar los ganglios superficiales y profundos con potencial metastásico, evitando las incisiones de gran tamaño de la cirugía convencional.

La intervención quirúrgica estuvo encabezada por los doctores Osvaldo Valdebenito y Luis Benítez, responsables de la cirugía.

Esta técnica permite la movilización precoz del paciente y reduce el tiempo de internación a un rango de entre 48 y 72 horas. Ante la incidencia de esta patología en la región, las autoridades del instituto instan a la población a acudir a una consulta urológica ante la aparición de cualquier tumoración en el pene para asegurar un diagnóstico temprano.