En el documento, firmado por Emiliano Rolón Fernández, se insta a autoridades a “respetar el debido proceso” de las investigaciones y evitar la filtración de informaciones. 

Para el abogado Ricardo Preda, esta medida no buscaría amordazar a los agentes fiscales, aunque resaltó que el fiscal general debería hacer una aclaración sobre su disposición.

Según su interpretación, el agente fiscal -en su relación con la prensa- no puede presentar al imputado como culpable, pero sí puede señalar objetivamente cuáles son las decisiones que toma con relación a una investigación. 

En entrevista con radio Ñanduti, el especialista expresó que un agente fiscal no puede dar detalles de la investigación, como por ejemplo que va a realizar algún allanamiento. “La prensa puede hacer uso de otras herramientas para buscar la información. Esta disposición aplica solamente a quienes están bajo la potestad disciplinaria del fiscal general”,  comentó.

Por su parte, la fiscal Teresa Sosa mencionó que no hay ninguna colisión entre lo que establece el Código Procesal Penal, la circular -que es un recordatorio de lo que dice la Ley-, y la actuación de los agentes fiscales. “Me parece bien que haya ese recordatorio, pero el fiscal debe informar si los medios requieren sobre una causa, siempre respetando los elementos, como por ejemplo no presentar a un investigado como culpable o revelar elementos comprometedores de la investigación”, indicó.

EN CONTRA

Sin embargo, otros especialistas cuestionaron el tenor de la circular. “Así cómo fue presentada esta circular, hay como una suerte de orden de no hablar con la prensa. Lo que va a ocurrir es que se manejen las causas con total discreción. La corrupción tiene tierra fértil cuando hay secretismo”, mencionó el abogado Ezequiel Santagada.

A su vez, la abogada Alejandra Peralta Merlo indicó que “es un retroceso gigantesco a todo este proceso de transparencia. Es sumamente grave que en este país está haciendo metástasis por todos lados con la corrupción”.

Mediante la circular N.º 7, el fiscal general Emiliano Rolón insta a los funcionarios del Ministerio Público a que “observen las reglas del debido proceso instalado en la Constitución Nacional y en el sistema de ritual penal”.

En su inciso a establece que “ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social”.

El inciso b habla del carácter de las actuaciones y recuerda que “la etapa preparatoria no será pública para lo terceros...”. 

En el inciso c refiere que “las partes y funcionarios que participen en la actuación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimientos de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de guardar secreto”.

Y en el inciso d recuerda que el incumplimiento de la obligación será considerad falta grave. 

El asesor jurídico del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, comisario principal León Almirón, explicó que el caso de María Concepción Cáceres, quien denunció la existencia de una cédula paralela con su identidad, corresponde a un error que ya está siendo subsanado.

“Este tipo de situaciones se daba frecuentemente antes del 2015. Desde la implementación del sistema AFIS en 2017, cualquier intento de renovación genera una alerta si hay duplicidad”, afirmó en entrevista con el canal GEN.

Según detalló, en el caso específico de Cáceres —quien realizó su trámite en la oficina regional de Caaguazú—, se detectó que una mujer fallecida llamada María Auxiliadora Cáceres poseía una cédula con datos similares, lo que generó la confusión. “La señora fallecida tenía la doble cédula, no así María Concepción. Hoy mismo se va a adjudicar el número correcto que le corresponde legalmente”, aclaró.

El comisario indicó que las dobles cédulas pueden surgir por diversas causas, como por ejemplo la doble inscripción en el Registro Civil, cuando un niño es registrado por separado por cada progenitor en distintos momentos; la homonimia perfecta, es decir, personas con nombre, apellido y fecha de nacimiento idénticos, y los errores previos al 2015, cuando una persona solicitaba su documento en distintas oficinas (ante la tardanza de su primera solicitud, iba a otra sede a volver a hacer el trámite, por lo que le salían dos cédulas con dos documentos).

“En el pasado, si uno sacaba la cédula en una ciudad y tardaba, podía ir a otra oficina, y ahí le emitían otro número. Todo eso fue corregido desde el 2015”, sostuvo.

En los casos en que se detecta doble inscripción en el Registro Civil, debe realizarse un juicio de cancelación de instrumento público, lo cual suele tardar entre dos y tres meses. Sin embargo, en el caso de Cáceres, no fue necesario acudir a la vía judicial, al ser un trámite administrativo.

La resolución emitida por la ANTSV aprueba los valores impositivos de vehículos que regirán para este año y que serán utilizados para calcular lo que un conductor debe abonar por su habilitación en la Municipalidad, de acuerdo a la ley 7459/25.

El listado incluye motos, autos, camionetas, camiones, entre otros, y se puede verificar el año, procedencia, modelo y el valor imponible en este enlace.

Según la nueva ley que fija estos costos, el costo de la habilitación se calcula sobre el 0,3% del valor imponible del vehículo. Esta disposición rige para todas las municipalidades, incluida la ciudad de Asunción.

El cálculo se realiza de la siguiente manera: el valor del vehículo que aparece en la lista debe multiplicarse por 0,3, y el resultado dividir por 100. Ese monto es lo que corresponde a la patente del rodado.

La ley también establece la reducción anual del 5% en el valor de vehículos durante los primeros 10 años de antigüedad, es decir, si el auto es modelo 2016, irá reduciéndose cada año hasta el 2026, allí quedará el último valor fijo.

La Organización Paraguay de Cooperación Intermunicipal (Opaci) tiene disponible en su sitio web una pestaña de consulta donde se puede seleccionar fácilmente la marca y modelo del vehículo para determinar el valor imponible y el monto a abonar en concepto de patente municipal.

El director de Trabajo y presidente de Conasam, Enrique Galeano; el representante de los trabajadores Bernardo Rojas y el representante de los emprendedores Enrique Vidal Lovera participaron de la última sesión de la Conasam.

El incremento que se recomendará al Poder Ejecutivo es de G. 100.700 , con lo cual, el nuevo salario mínimo será de G. 2.988.048.

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“Se eleva a consideración de la máxima autoridad. Se remite al Ejecutivo antes del 30 de junio, pero en la brevedad posible”, explicó Vidal Lovera al término de la reunión.

La votación tripartita para emitir la recomendación del reajuste tuvo un voto en disidencia y fue el del sector obrero, que esperaba un aumento del 15 %.

Con estas variables, el jornal mínimo, que hoy es de G. 107.627, tendrá una diferencia de G. 3.874 con el 3,6 % de inflación, lo que significa que pasará a valer G. 111.501.

Por otro lado,aplicando el 9 % de descuento del IPS(Instituto de Previsión Social) el salario a cobrar quedaría en G. 2.638.133.

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