En el documento, firmado por Emiliano Rolón Fernández, se insta a autoridades a “respetar el debido proceso” de las investigaciones y evitar la filtración de informaciones. 

Para el abogado Ricardo Preda, esta medida no buscaría amordazar a los agentes fiscales, aunque resaltó que el fiscal general debería hacer una aclaración sobre su disposición.

Según su interpretación, el agente fiscal -en su relación con la prensa- no puede presentar al imputado como culpable, pero sí puede señalar objetivamente cuáles son las decisiones que toma con relación a una investigación. 

En entrevista con radio Ñanduti, el especialista expresó que un agente fiscal no puede dar detalles de la investigación, como por ejemplo que va a realizar algún allanamiento. “La prensa puede hacer uso de otras herramientas para buscar la información. Esta disposición aplica solamente a quienes están bajo la potestad disciplinaria del fiscal general”,  comentó.

Por su parte, la fiscal Teresa Sosa mencionó que no hay ninguna colisión entre lo que establece el Código Procesal Penal, la circular -que es un recordatorio de lo que dice la Ley-, y la actuación de los agentes fiscales. “Me parece bien que haya ese recordatorio, pero el fiscal debe informar si los medios requieren sobre una causa, siempre respetando los elementos, como por ejemplo no presentar a un investigado como culpable o revelar elementos comprometedores de la investigación”, indicó.

EN CONTRA

Sin embargo, otros especialistas cuestionaron el tenor de la circular. “Así cómo fue presentada esta circular, hay como una suerte de orden de no hablar con la prensa. Lo que va a ocurrir es que se manejen las causas con total discreción. La corrupción tiene tierra fértil cuando hay secretismo”, mencionó el abogado Ezequiel Santagada.

A su vez, la abogada Alejandra Peralta Merlo indicó que “es un retroceso gigantesco a todo este proceso de transparencia. Es sumamente grave que en este país está haciendo metástasis por todos lados con la corrupción”.

Mediante la circular N.º 7, el fiscal general Emiliano Rolón insta a los funcionarios del Ministerio Público a que “observen las reglas del debido proceso instalado en la Constitución Nacional y en el sistema de ritual penal”.

En su inciso a establece que “ninguna autoridad pública presentará a un imputado como culpable o brindará información sobre él en ese sentido a los medios de comunicación social”.

El inciso b habla del carácter de las actuaciones y recuerda que “la etapa preparatoria no será pública para lo terceros...”. 

En el inciso c refiere que “las partes y funcionarios que participen en la actuación y las demás personas que por cualquier motivo tengan conocimientos de las actuaciones cumplidas tendrán la obligación de guardar secreto”.

Y en el inciso d recuerda que el incumplimiento de la obligación será considerad falta grave. 

Un caso de tentativa de feminicidio se registró dentro de un domicilio ubicado en la colonia Pueblo de Dios de Caaguazú, donde resultaron víctimas dos mujeres mayores de edad.

Sara Gavilán recibió una puñalada en el cuello, lado derecho, mientras que su hija Estelvina Raquel Recalde Gavilán tuvo una herida en la mano derecha al intentar defenderse e intervenir, según informó la Comisaría 33ª.

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Los agentes policiales identificaron y aprehendieron como supuesto autor a Silvio Recalde (66), quien fue trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Fiscalía.

Por su parte, las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial. La esposa del presunto autor fue la que se llevó la peor parte.

El informe concluye que el desenlace del caso no fue producto de un solo error, sino de una serie de fallas en distintos niveles del sistema de salud, desde la clasificación inicial del paciente hasta la disponibilidad de equipos e insumos.

Según explicó el superintendente Roberto Melgarejo, Vázquez ingresó el 26 de enero a las 11:39 al servicio de urgencias del IPS Ingavi con dolor torácico intenso, un síntoma considerado de alto riesgo cardiovascular.

Sin embargo, fue clasificado en triage con “código verde”, lo que indica un caso no urgente. “Esa fue la primera falencia, porque se trataba de un cuadro compatible con síndrome coronario agudo”, señaló.

Debido a esa clasificación errónea, el paciente no fue sometido de inmediato a un electrocardiograma, estudio que recién se realizó dos horas y 21 minutos después, cuando el estándar internacional establece un máximo de 10 minutos.

La demora se produjo además porque los tres equipos de electrocardiograma del área de urgencias no funcionaban, por lo que el paciente debió ser trasladado a otro sector con un equipo tercerizado.

Tras confirmarse el infarto, el paciente recibió un tratamiento de trombólisis a las 15:00, es decir 3 horas y 21 minutos después de su ingreso, cuando las guías médicas recomiendan que el tiempo “puerta-aguja” no supere los 30 minutos.

El medicamento no logró revertir el cuadro, lo que obligaba a realizar con urgencia un cateterismo coronario. Vázquez fue trasladado al Hospital Central del IPS e ingresó al área de urgencias a las 22:00 del mismo día.

Un cardiólogo recomendó su ingreso inmediato a la unidad coronaria, debido al riesgo de arritmias, pero la auditoría constató que el paciente fue derivado a clínica médica, sin registro de internación en una unidad de cuidados críticos.

El procedimiento tampoco pudo realizarse esa noche porque los médicos de guardia del servicio de hemodinamia no respondieron los mensajes enviados por el personal de internación. Es decir, no estaban en su lugar de trabajo.

Al día siguiente, el 27 de enero, se volvió a indicar el cateterismo, pero la intervención fue suspendida debido a falta de insumos en el hospital, por lo que los familiares debieron comprarlos. Los familiares habían contado que tuvieron que desembolsar G. 11 millones para esta compra.

Una vez entregados los materiales a las 12:30, el paciente ingresó al quirófano a las 13:00, pero el procedimiento volvió a suspenderse debido a una falla en el angiógrafo.

Finalmente, el cateterismo pudo realizarse recién a las 19:00 del 28 de enero, más de 48 horas después de su indicación urgente.

El informe también revela graves problemas en la gestión del equipamiento. El servicio funcionaba con un solo angiógrafo operativo, ya que el segundo equipo estaba fuera de servicio desde diciembre de 2025.

Además, el contrato de mantenimiento de los equipos había vencido el 18 de diciembre de 2025, sin que se gestionara su renovación a tiempo.

Las fallas técnicas también estaban asociadas a fluctuaciones eléctricas y deficiencias en el sistema de climatización, lo que generaba reinicios constantes y problemas en la calidad de imagen del equipo.

Respecto a los médicos, Melgarejo agregó que durante una visita sorpresa realizada por los auditores también se detectó la ausencia del personal médico en su guardia. “Cuando hicimos una visita relámpago, los médicos no estaban. Aparecieron 22 minutos después diciendo que estaban cenando”, relató a radio Ñanduti.

La auditoría concluye que la muerte de Vázquez se produjo por “una tormenta perfecta de fallas”: errores en el triage y demoras clínicas, problemas de coordinación entre servicios, fallas en equipos críticos, contratos de mantenimiento vencidos, procesos administrativos demorados y desabastecimiento de insumos.

El informe aclara que el análisis tiene carácter técnico-institucional y no constituye un peritaje judicial ni determina responsabilidades penales o disciplinarias individuales. Sin embargo, identifica graves debilidades estructurales en el sistema de atención del hospital, por lo que realiza una serie de recomendaciones, entre ellas que se haga un sumario para determinar las responsabilidades de todos los involucrados.

El proyecto que modifica la ley de Hambre Cero fue aprobado con modificaciones en la Cámara Alta, donde decidieron excluir de la gestión de este programa a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná, dejando todo en manos del Ministerio de Desarrollo Social, que actualmente tiene su cargo Asunción, Central y Presidente Hayes.

Consultado al respecto durante un acto de Gobierno, el mandatario Santiago Peña dijo que, desde un principio advirtió que el programa es demasiado grande y ambicioso, por lo tanto, el control es fundamental.

“Desde el Ejecutivo, desde el 2024 implementamos de manera rigurosa, aplicamos las primeras sanciones por algunos incumplimientos, multas, entonces, eso envió la señal correcta (...) estamos muy entusiasmados con el impacto, pero tenemos que cuidar entre todos”, opinó Peña.

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No obstante destacó que el programa de alimentación escolar no hubiera podido ponerse en marcha sin el apoyo de los gobiernos departamentales y locales.

La propuesta de exclusión la presentó sobre tablas ayer el senador Silvio Ovelar, afectando solamente a Concepción. Esto, tras la fiesta de 15 años de la hija de la gobernadora Liz Meza y los cuestionamientos y dudas respecto a la procedencia del dinero. En este momento la Contraloría realiza una verificación patrimonial.

Posteriormente, la senadora Lizarella Valiente mocionò para que el proyecto también agregue a la gobernación de Alto Paraná, algo que finalmente prosperó.El documento pasa ahora a la Càmara de Diputados.