Paraguay consiguió igualar los niveles de desempleo abiertos registrados en 2018, antes del impacto de la pandemia del COVID-19. Así lo confirmó el especialista en empleo, Enrique López Arce, quien valoró positivamente la tendencia, aunque subrayó que el país todavía no alcanza los niveles de desocupación más bajos registrados en 2013.

“El desempleo abierto se ubica actualmente en 5,6%, lo que representa unas 171.664 personas que buscan activamente trabajo. Es un número importante, pero muy por debajo de los más de 400.000 desocupados y subocupados que tuvimos en el pico de la pandemia”, explicó el experto al canal GEN.

En el primer trimestre de 2024, Paraguay tenía más de 212.740 personas buscando empleo activamente. Esa cifra bajó a 142.880 en diciembre del mismo año, coincidiendo con el “efecto temporada alta”, en el que se generan alrededor de 30.000 empleos temporales -aquellos considerados “salvatore”- por las fiestas y el pago de aguinaldos. En el primer trimestre de 2025, esa cifra volvió a ubicarse en torno a 171.664 personas, consolidando una recuperación estable.

El especialista explicó que el sector primario (agricultura y ganadería) sufre una merma anual de entre 3 y 5% debido a la automatización. En cambio, la construcción muestra un comportamiento positivo. “Pasamos de 219.000 a 234.000 personas empleadas entre el inicio de 2024 y el primer trimestre de 2025, incluso sin grandes licitaciones públicas”, indicó.

Destacó la importancia de las obras de vivienda y caminos vecinales. “El ministro (Juan Carlos) Baruja (Urbanismo) está haciendo un excelente trabajo y hay que apoyarlo”, añadió.

En cuanto a la industria, el panorama es más incierto. El contexto internacional afecta el dinamismo del sector, debido a la tensión comercial entre Estados Unidos y China, lo que ya generó revisiones en las proyecciones de crecimiento para Paraguay.

“Si bien igualamos el nivel de 2018, todavía no estamos en los niveles del 2013, cuando el desempleo era de apenas 5%. Esto quiere decir que hay margen para mejorar”, reflexionó el especialista.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado, Peña destacó la afinidad con la administración colombiana entrante.

En declaraciones brindadas a medios locales, el mandatario paraguayo lamentó la postura del gobierno saliente de Gustavo Petro, señalando que rechazó en reiteradas oportunidades las propuestas de reunión planteadas por la cancillería paraguaya, aunque aclaró que la cooperación operativa en materia de seguridad no se interrumpió en ningún momento.

Peña resaltó la decisión del gobierno de De la Espriella de integrarse a la iniciativa Escudo de las Américas, plataforma de la cual Paraguay ya forma parte. Además, valoró la capacidad del nuevo presidente colombiano para consolidarse como un articulador regional decisivo en el combate contra el crimen transnacional organizado.

Igualmente, la agenda de trabajo incluyó el impulso de las relaciones comerciales. Desde la Presidencia paraguaya informaron que ambos líderes coincidieron en la importancia de promover un mayor acercamiento de Colombia al Mercosur, con el objetivo de dinamizar el intercambio comercial, atraer inversiones y consolidar un plan de trabajo conjunto a largo plazo.

La propuesta plantea blindar el tope de responsabilidad fiscal y garantizar el equilibrio presupuestario de entre el 1,5% y el 3%, estableciendo que los políticos e integrantes de las altas esferas del Estado paguen de su propio bolsillo si autorizan o legislan gastos no previstos que sobrepasen los límites legales.

El titular del Poder Legislativo explicó que la iniciativa afectará de manera directa los ingresos de los legisladores, del presidente y vicepresidente de la República, así como de las autoridades del Poder Judicial en caso de incumplir las metas fiscales.

Pese a que el plan contempla reducir salarios —como el sueldo parlamentario de 35 millones de guaraníes, Núñez aclaró que no busca ser tan radical como en otros países donde se propone la suspensión total de haberes, aunque enfatizó la necesidad de que la clase política asuma un impacto monetario real ante el descontrol presupuestario.

Dentro del alcance del proyecto, Núñez apuntó de forma particular contra el Poder Judicial al denunciar la existencia de una presunta “mafia de los amparos”, un esquema mediante el cual se dictan fallos que obligan al Estado a adquirir medicamentos de alto costo o no disponibles en el sistema de salud pública. Según el legislador, esta dinámica involucra a clínicas y laboratorios.

En caso de prosperar, la norma excluirá explícitamente de cualquier ajuste a las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y universales, seguro de desempleo, salud, seguridad, defensa nacional y servicios penitenciarios.

El agente fiscal Federico Delfino logró sostener la acusación al demostrar que el edil exigió la suma de 15.000 dólares americanos a la víctima a cambio de frenar una denuncia en su contra por supuesta violencia contra la mujer.

El fallo judicial fue emitido tras el juicio oral y público conducido por el Tribunal de Sentencia que estuvo integrado por los magistrados Natalia Cacavelos, Fabián Escobar y Juan Fretes.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público expuso diversos medios probatorios que resultaron determinantes para probar la responsabilidad penal del político del partido Yo Creo.

De acuerdo con los antecedentes presentados en la causa, los hechos sucedieron el 17 de marzo del año 2023 en la ciudad de Asunción.

La investigación confirmó que Villalba Alves utilizó su posición e influencia para amedrentar a la víctima y chantajearla económicamente con la promesa de evitar que el proceso legal en su contra prosperara.