Según la exposición de motivos del proyecto, Paraguay cuenta con apenas 16 puestos de peaje a nivel nacional, lo que resulta claramente insuficiente para una gestión efectiva del mantenimiento vial.

En el documento se indica que la situación presenta contrastes extremos, en el entendimiento que algunas rutas, de gran extensión, carecen completamente de puestos de peaje, mientras que otras concentran múltiples puntos de cobro en distancias cortas, generando sobrecostos injustificados para los usuarios.

Como ejemplos de la desigualdad señalada, el documento cita la Ruta PY19 entre Villeta y Alberdi, que no cuenta con ningún puesto de peaje en más de 100 kilómetros, y la Ruta PY08 entre Cnel. Oviedo, Villarrica y Caazapá, que tampoco dispone de estaciones de cobro pese a su gran extensión.

En el extremo opuesto, departamentos como Cordillera (Emboscada) e Itapúa (Coronel Bogado), enfrentan el problema de peajes demasiado próximos entre sí, lo que genera costos diarios excesivos para la población local, según la justificación del proyecto.

En este aspecto, el documento señala que la recaudación anual de los 16 puestos de peaje existentes asciende, aproximadamente, a 20 millones de dólares, mientras que el MOPC necesita al menos 60 millones de dólares anuales para realizar, adecuadamente, los trabajos de mantenimiento y conservación de las redes viales bajo su responsabilidad.

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El proyecto establece cuatro criterios fundamentales para determinar las nuevas ubicaciones de los puestos de peaje: reubicación de estaciones cercanas a cascos urbanos; implementación de peajes en redes viales extensas sin cobro; reducción del impacto económico en comunidades con estaciones consecutivas; y evaluación de infraestructura disponible y necesidades de inversión.

La propuesta, por otro lado, fija parámetros técnicos específicos: 100 kilómetros de distancia mínima entre puestos de peaje; 20 kilómetros de distancia mínima entre cualquier estación y el casco urbano de un distrito; y 5 años como plazo máximo para completar la reorganización de todos los puestos existentes.

En cuanto a la innovación tecnológica, el proyecto contempla la modernización del sistema mediante la implementación de sistemas automatizados e inteligentes (telepeajes, arcos detectores), así como cobro mixto: efectivo y pago electrónico, además de uso de aplicaciones móviles y sistemas POS.

Los trabajos se llevan adelante de manera simultánea en dos frentes de obra, con jornadas diurnas y nocturnas que permiten sostener el cronograma de ejecución. El proyecto contempla la pavimentación de 90 kilómetros y beneficiará directamente a más de 400.000 habitantes del norte paraguayo.

Además de la colocación del hormigón, las tareas incluyen la preparación de la plataforma, el fortalecimiento de la base estructural de la calzada y la construcción de sistemas de drenaje, componentes esenciales para garantizar la durabilidad y resistencia de la futura carretera.

En el Lote A, a cargo del Consorcio Avanza Chaco, ya fueron construidos aproximadamente 8,76 kilómetros de pavimento rígido. En tanto, el Lote B, ejecutado por Ecomipa S.A., registra cerca de 6,06 kilómetros concluidos, totalizando más de 14 kilómetros de avance en toda la obra.

La utilización de pavimento de hormigón constituye uno de los aspectos más destacados del proyecto, ya que permitirá contar con una infraestructura de mayor vida útil y mejor comportamiento frente al intenso tránsito de cargas que caracteriza a este corredor estratégico.

Con una inversión superior a G. 611.000 millones, financiada por la CAF y Fonplata, la futura ruta busca transformar la conectividad entre el Chaco y la Región Oriental, fortaleciendo el desarrollo productivo, comercial y social de una de las zonas con mayor potencial de crecimiento del país.

El caso de Canela toma un nuevo rumbo en el ámbito judicial. Una jueza ordenó la restitución de la perra a la casa de sus antiguos dueños. En ese lugar, el animal sufrió la perdida de la mandíbula debido a la explosión de un petardo el 1 de enero. La decisión provocó el repudio inmediato de la ciudadanía y de las instituciones protectoras.

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El abogado Diego Tuma asumió hoy la representación legal del caso. El profesional cuestionó con dureza el criterio de la jueza. Tuma afirmó que los animales poseen sensibilidad y que el sistema judicial debe otorgar protección real. También aseguró que peleará hasta las últimas consecuencias para impedir el regreso de Canela al entorno donde padeció el sufrimiento.

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La cuidadora actual, Diana Camarasa, anunció una postura firme. Camarasa gestionó las cirugías y la prótesis mandibular para la recuperación de la mascota. La mujer afirmó con seguridad que no entregará a Canela bajo estas condiciones.

El abogado Francisco Segura Riveiro explicó a radio Ñanduti que la Ley 1/92 prevé una asistencia para el miembro de la pareja que quede desamparado o en situación de necesidad tras la ruptura. Sin embargo, reveló que es una herramienta muy poco utilizada debido a la interpretación restrictiva y “exagerada” que le dan los tribunales.

Recordó que este derecho existe para proteger a aquella persona que, tras la ruptura, queda en una situación de vulnerabilidad tal que no puede cubrir sus necesidades básicas por sí misma.

El profesional señaló que esta herramienta es poco utilizada y que muchas veces se interpreta de forma muy restrictiva en el ámbito judicial.

Desde el punto de vista técnico y doctrinario, la naturaleza de este reclamo genera debates entre los especialistas. “No está claro; algunos dicen que es una especie de derecho de alimento sobreviviente, otros dicen que es una indemnización”, detalló el abogado.

La base legal se encuentra establecida en el artículo 90 de la Ley 1/92, el cual estipula taxativamente: “Si terminada la convivencia y efectuada la separación de gananciales uno de los exconcubinos careciere de recursos y estuviere imposibilitado de procurárselo, podrá solicitar alimentos al otro mientras dure la emergencia”.

Segura Riveiro explicó que esta norma se extiende bajo la premisa de que, si a consecuencia del divorcio, especialmente en casos donde hay separación de bienes o donde la liquidación de la comunidad conyugal dejó más deudas que activos, uno de los cónyuges queda desamparado, subsiste un deber de auxilio que es remanente del matrimonio.

“Justamente esa norma la agregó mi suegra, que era una gran luchadora, que en paz descanse, una gran luchadora por los derechos de la mujer”, relató.

La ley buscaba convertirse en una vía de compensación para equilibrar esa cancha tras una ruptura. Explicó que el varón suele tener más facilidades para dedicarse por completo a su desarrollo profesional, mientras que la mujer generalmente posterga su crecimiento laboral, sobre todo cuando hay varios hijos de por medio.

A pesar del noble propósito con el que fue redactada, la herramienta permaneció prácticamente en el olvido desde su creación. Segura Riveiro lamentó que los juzgados civiles, desde la década de los 90 en adelante, le hayan dado una aplicación exageradamente rígida.

Para que los jueces otorguen este auxilio, prácticamente exigen que el cónyuge solicitante quede en una situación de miseria absoluta.

Debido a esta vara tan alta y restrictiva, los propios abogados litigaron muy poco bajo esta figura. “Yo he visto un par de demandas, no hay más”, dijo.