El titular del Gremio de Empresas Proveedoras de Alimentación Escolar y Empresarial (GAEPY), Carlos Carlson, informó al canal GEN que presentaron una nota al Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) para solicitar una prórroga en la implementación del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), herramienta digital con la que se registran las raciones entregadas a diario en las instituciones educativas.

Explicó que el gremio se ve imposibilitado de cumplir al 100% con la carga de datos en el sistema, debido a factores externos a las empresas, como la falta de conectividad en las escuelas, problemas técnicos en la plataforma, y la falta de capacitación de directores escolares, quienes deben confirmar la recepción diaria de alimentos.

Desde el CONAE respondieron que son mínimos los problemas, según comentó Carson. Sin embargo, el entrevistado insistió en que las fallas, por más pequeñas que parezcan, impiden el cobro por los servicios ya ejecutados. “El sistema es solo una parte administrativa, no afecta la provisión de alimentos, que se cumple en su totalidad por las empresas adjudicadas. Pero sin esa confirmación de los directores, no podemos procesar nuestras facturaciones”, advirtió Carlson.

Por otro lado, Carlson también se refirió al decreto que obliga a las empresas adjudicadas a comprar al menos el 10% de productos de la agricultura familiar y el 5% de MIPYMES. Aunque valoró la intención del Gobierno de apoyar al sector productivo local, cuestionó la viabilidad de la medida ante la falta de producción constante en el país.

“¿Qué pasa en febrero o marzo cuando no hay tomate o cebolla nacional? ¿Cómo cumplimos con ese 10% obligatorio?”, cuestionó, y pidió alternativas del Ministerio de Agricultura para asegurar el cumplimiento contractual en épocas de escasez.

En otro momento, sobre los controles laborales impulsados por el Ministerio del Trabajo, Carlson defendió a las empresas, al señalar que la rápida implementación del programa Hambre Cero —en menos de 60 días desde la adjudicación— no permitió completar a tiempo la formalización de todos los trabajadores en el sistema REOP.

“El 22 de febrero recibimos la orden de inicio para la provisión, contratamos y en ese momento hubo intermitencias en el sistema informático del Estado. No fue por causa de las empresas, sino que por el sistema del Estado”, concluyó.

Los aprehendidos fueron identificados como Arturo Tobías Montiel Ruiz Díaz, de 25 años, y José Sebastián Mora Montiel, de 22, quienes cuentan con antecedentes por hurto registrados en 2025.

Según el informe policial dado a conocer por Unicanal, ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron visualizados por agentes que realizaban patrullaje preventivo.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, los sospechosos intentaron escapar, lo que derivó en una breve persecución que culminó con la detención de los hermanos.

Durante el procedimiento, los intervinientes hallaron en poder de los detenidos varias autopartes, cuya procedencia no pudo ser justificada por los sospechosos, por lo que se presume que habrían sido robados minutos antes.

Tras el operativo, ambos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 19 Metropolitana, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

Agentes de la Comisaría 13ª Central recibieron el reporte de un caso de robo agravado a un local de Villa Elisa.

En una rápida intervención, los uniformados atraparon a Cándido Gabriel Fretes de 43 años de edad, sobre las calles Santa Cecilia del barrio Villa Bonita.

Los agentes incautaron un arma de fuego, cartuchos, un arma blanca y recuperaron los objetos sustraídos.

Entre las mercaderías incautadas figuran: cuatro paquetes de carne tapa cuadril, dos paquetes de matambre, dos paquetes de chorizo, un whisky de la marca Black Label, seis potes de shampoo y una mochila color negro

El detenido fue trasladado hasta la sede de la comisaría interviniente, donde quedó a disposición de la Fiscalía.

Se trata de Nicolás Alexander Acosta, de 32 años, quien fue capturado tras un pedido de detención nacional e internacional impulsado por el fiscal argentino Alejandro Perroud.

El cadáver del connacional paraguayo fue hallado el domingo en el subsuelo de una edificación ubicada en la provincia de Entre Ríos, ciudad de Colón, Argentina, luego de que los trabajadores detectaran manchas de sangre y dieran aviso a las autoridades.

Durante la inspección, los intervinientes descubrieron una estructura irregular, una pared improvisada que no figuraba en los planos de la obra.

Al demolerla, encontraron el cuerpo de la víctima, que sería un sereno de unos 52 años y oriundo de Paraguay, envuelto en una frazada y cubierto con cal, una técnica utilizada para acelerar la descomposición y disimular olores.

“Había moscas y un olor nauseabundo”, describió el fiscal Perroud sobre la escena del hallazgo.

De acuerdo con los primeros elementos de la investigación, el crimen habría ocurrido en el marco de una pelea entre la víctima y el ahora detenido, quien se habría mudado recientemente a la ciudad.

Los testimonios recabados por los investigadores apuntan a que, tras el homicidio, el sospechoso habría intentado ocultar el cuerpo construyendo una pared de forma precaria en el hueco de una escalera.