Tras la muerte de Fernanda Benítez de 17 años, víctima de feminicidio por parte un adolescente de la misma edad, con quien mantuvo una relación sentimental, se generó cuestionamientos sobre la condena a los menores que cometen este tipo de hechos.

En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Enrique Riera, expresó que existe un grupo de legisladores que buscará elevar le pena máxima de los adolescentes infractores.

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“Hay una discusión muy larga y grande, les anticipo que sé que hay legisladores que van a plantear no solo elevar la pena, sino bajar el grado de imputabilidad”, expresó.

Cabe desatacar que el artículo 207 del Código de la Niñez establece que un hecho calificado como crimen la duración máxima en un adolescente es de 8 años.

Riera señaló que para el Ejecutivo, elevar la pena no sería el camino, sino analizar de una forma más profunda que incluya la salud mental.

La nueva normativa permitirá ampliar las oportunidades de inversión, fomentar la participación del sector privado y brindar mayor seguridad jurídica a quienes apuestan por Paraguay.

El presidente destacó que esta legislación representa un paso fundamental para consolidar las bases de un sistema financiero moderno, estable y confiable, que proteja los intereses de los inversionistas y garantice el uso responsable de los recursos del pueblo paraguayo.

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Afirmó que “con la promulgación de esta ley buscamos algo esencial: que haya más confianza en los mercados, más transparencia y más dinamismo económico”.

“Esta ley es una herramienta para cuidar mejor los recursos de nuestra gente, proteger a los inversionistas y dar más seguridad a quienes apuestan por Paraguay”, señaló el jefe de Estado.

El mandatario subrayó que cada avance económico debe reflejarse en el bienestar de las familias paraguayas, apuntando a una economía cada vez más robusta y estable.

“Queremos que cada paso que demos en materia económica se traduzca en crecimiento, estabilidad y solidez financiera”, expresó.

El reporte actualizado de Vigilancia de la Salud muestra una notificación de 34516 consultas por virus respiratorios a nivel país. Ante este escenario, la curva de tendencia continúa por encima del umbral de alerta.

El rhinovirus y el SARS-CoV-2 son los virus que guardan relación con el mayor motivo de consultas y hospitalizaciones.

Por otra parte, la cifra de ingresos hospitalarios se mantiene estable, sin aumentos en los últimos días. En este contexto, en la semana epidemiológica (SE) 44 se contabilizaron 289 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en los centros centinelas, observando un descenso del 2 % con relación a la semana anterior. El 22 % de los hospitalizados ingresó a la unidad de cuidados intensivos.

La mayor afectación se observa en personas mayores de 60 años (29 %), seguido de la franja pediátrica: menores de 2 años (19 %) y el grupo de 5 a 19 años (18 %).

En la última semana, se identificó que los virus respiratorios circulantes en pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas son: rhinovirus, SARS-CoV-2, seguido de adenovirus, influenza B, virus sincitial respiratorio y parainfluenza.

En lo que va del año, suman 356 los fallecidos confirmados por virus respiratorios, principalmente por influenza A H1N1, rhinovirus y SARS-CoV-2. En la última semana (SE) 44 se identificaron 4 fallecidos asociados a virus respiratorios: por SARS-CoV2 (3) y por rinovirus (1).

Ante la presencia de síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta u otro), es recomendable usar tapabocas para impedir contagios y acudir a la consulta médica.

El agente fiscal Marcelo Saldívar confirmó al canal GEN que, luego de tomar conocimiento sobre esta grave denuncia, impulsó una serie de diligencias para avanzar en la investigación.

La acusación habla de una cirugía errónea en la mano sana de la niña, aunque que desde el Hospital Militar sostienen otra versión, alegando el padecimiento de otra patología en el mano donde no estaba el quiste a extirpar.

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El representante del Ministerio Público confirmó que no hubo autorización expresa de los padres de la pequeña paciente para operar esta mano, ya que los estudios previos no detectaron ninguna anomalía en ella.

Los dos hechos punibles que son analizados en estos momentos son lesión culposa (en caso de constatarse la operación incorrecta) y tratamiento médico sin consentimiento (si la intervención se llevó a cabo sin orden de los padres), indicó.

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De momento, no existe imputación contra ninguno de los profesionales que estuvieron a cargo del procedimiento quirúrgico en el Hospital Militar.

La Suprema Corte de Justicia Militar decidió abrir una investigación interna para dilucidar lo ocurrido. A la par, se dispuso la separación del cargo del Dr. Fernando Sanabria, médico cirujano a cargo de la operación.