El diputado Alejandro Aguilera, presidente de la Comisión Especial que analiza la solicitud de intervención del municipio esteño, confirmó que a las 9:00 de la mañana recibirán al contralor general de la República, Camilo Benítez.

Después de escuchar la exposición sobre los argumentos de la Contraloría para pedir la intervención, con base a las irregularidades detectadas en la administración de fondos, la misma comisión recibirá a Miguel Prieto a las 11:00 de la mañana.

En comunicación con radio Universo 970 AM, Aguilera informó que el intendente de Ciudad del Este anunció que acudirá acompañado por su equipo de asesores.

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“Lo que vamos a estudiar es si corresponde o no que sea intervenido. Ya el interventor haría ese trabajo minucioso de investigar punto por punto todas las irregularidades que señaló el contralor y si encuentra otras cosas más o no”, comentó el legislador.

La comisión tiene un plazo de 15 días para expedirse, pero puede hacerlo antes de ese tiempo. La decisión podría anticiparse ya que las dudas ya están satisfechas con la información proporcionada hoy.

Según el contralor Benítez, se decidió pedir la intervención de los municipios de Ciudad del Este y Asunción, debido a las dificultades de hecho y de derecho con las que tropieza la Contraloría para acceder a datos e información.

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La Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) anunció que la alta demanda de personas que irán a Caacupé, se requerirá un gran número de buses, por lo que, el horario quedará liberado como cada año.

La medida rige desde las 12:00 hs del domingo 7 hasta las 18:00 hs del 8 de diciembre.

Desde Dinatran indican que los buses que prestarán servicios en estos días deberán contar con carteles específicos en el parabrisas, que indique hasta qué punto llega, “Hasta Caacupé” o “Hasta Ypacaraí”.

Con respecto a las tarifas, advierten que no debe sufrir ninguna variación. El precio más elevado es de 11.300 guaraníes, para aquellas personas que llegarán hasta la Basílica desde la ciudad de Coronel Oviedo.

Si los pasajeros detectan cobro indebido o irregularidades en los servicios de transporte de pasajeros prestados por empresas habilitadas por la Dinatran, está habilitado el número de WhatsApp 0962 352 235 para denuncias.

La comuna de Asunción lleva en marcha el operativo especial ante el alto flujo de pasajeros que tradicionalmente se registra durante las festividades de la Virgen de Caacupé en la ex terminal de ómnibus.

Según el intendente, Luis Bello, este fin de semana unas 60.000 personas pasarán por la EBA con destino a la villa Serrana.

“Estamos cubriendo cada detalle para que miles de usuarios viajen seguros, bien atendidos y sin contratiempos. Asunción está preparada para acompañar a todos los peregrinos en esta celebración tan especial para nuestro país”, expresó el jefe comunal en sus redes sociales.

Este sábado Bello realizó un recorrido por las instalaciones de la EBA para verificar de qué manera se está llevando a cabo el operativo.

Recordó tarifas vigentes para los pasajes desde Asunción e informó que se está trabajando de forma conjunta con la Policía Nacional y Dinatran.

El fiscal Luis Fernando Escobar presentó imputación en contra del hombre que, además de docente, ejercía funciones como secretario de despacho, lo que le otorgaba influencia sobre la adolescente.

La víctima manifestó que el imputado le enviaba mensajes en distintos horarios, preguntando sobre su asistencia a clases, pidiéndole que acudiera a la dirección con excusas académicas y ofreciéndole intervenir en sus calificaciones. Incluso insistió en verla fuera del horario escolar y sugirió acercarse a su domicilio.

Cuando asistía al despacho, el docente le tomaba de la mano, la abrazaba y además intentó besarla en tres ocasiones, aunque ella se resistió. Estos episodios generaron incomodidad en ella y comentó a un familiar su deseo de no seguir asistiendo a clases. A raíz de esta situación, se radicó la denuncia formal.

Entre los elementos de sospecha se encuentran la denuncia remitida por la Subcomisaría 52 de la jurisdicción, la declaración testifical de un familiar y el informe de asistencia psicológica elaborado por el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.

El fiscal solicitó la imposición de medidas menos gravosas que la prisión preventiva, bajo reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o sus familiares.