El año pasado, Brasil y Paraguay llegaron a un acuerdo sobre la tarifa de Itaipú a un precio de USD 19.28 por kilowatt/mes por un plazo de tres años, 2024, 2025 y 2026.

Además, habían quedado en definir el Anexo C en diciembre del 2024. A días de finalizar ese plazo, decidieron extender ese tiempo hasta el 31 de mayo, pero en medio de estos cinco meses salió a la luz el espionaje del gobierno brasileño al Paraguay, lo que hizo que las negociaciones se pusieran en pausa por tiempo indefinido, a la espera de una explicación oficial del Brasil.

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En medio de esa ronda de especulaciones sobre lo que va a suceder, medios brasileños publican que Brasil espera la propuesta de Paraguay sobre el Anexo C y, de paso, que la pretensión de Lula sería bajar la tarifa.

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“Obviamente forma parte de la conversación y discusión, en el gobierno pasado Brasil consiguió disminuir la tarifa, eso les benefició a ellos y le perjudicó al Paraguay. Nosotros llegamos, nos pusimos firmes y finalmente aumentó la tarifa y esto está confirmado”, contestó Peña, en alusión a los tres años.

Mientras tanto, consideró, el Paraguay debe seguir invirtiendo en infraestructura eléctrica, de tal forma a seguir atrayendo a empresas que apuesten por el Paraguay.

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La institución informó que el objetivo de la intervención es fortalecer la seguridad alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a alimentos esenciales y brindando una respuesta oportuna a las necesidades detectadas en estas comunidades.

En total, fueron distribuidos 130 kits de alimentos en la comunidad Jotoicha, 110 en San Miguel, 66 en Nasuc y 75 en San Ramón.

Asimismo, la SEN entregó 21 kits a Primavera 1, 22 a Primavera 2, 42 a San Pío, 35 a Trinidad, 30 a la comunidad San Pedro y 16 kits de alimentos a San Antonio.

Desde la institución señalaron que estas acciones forman parte de las intervenciones permanentes que se realizan en el Chaco para asistir a las poblaciones más vulnerables y garantizar el acompañamiento estatal ante las necesidades alimentarias.

La intervención estatal se activó tras la difusión de un video en redes sociales que alertó sobre la crítica situación en el barrio. Las imágenes mostraban a niños y adolescentes, principalmente varones de entre 10 y 15 años, portando y manipulando armas de fuego, presuntamente implicados en la comercialización de drogas.

Ante esta situación, el caso fue derivado de urgencia a la Fiscalía Ordinaria Penal para evaluar la responsabilidad de los padres por exposición al peligro, así como a la Fiscalía del Crimen Organizado y Tráfico.

Durante los procedimientos, las autoridades localizaron a seis niños cuyos padres también se dedicaban de forma directa a la venta de sustancias ilícitas.

Lourdes Fernández, directora de Protección del MINNA, advirtió que la utilización de menores en estas redes es una práctica común que los expone de manera directa al consumo de estupefacientes. La funcionaria señaló que, aunque el operativo resultó invasivo y generó temor en la comunidad, el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitirá visibilizar los mecanismos de reclutamiento de estos niños.

Durante las revisiones en las viviendas, los agentes capturaron a varios padres en flagrancia mientras comercializaban drogas y se incautaron de diversos elementos cortopunzantes.

Respecto al destino de los niños cuyos padres resultaron detenidos, las autoridades informaron que se está evaluando el entorno de sus familias ampliadas. En paralelo, un defensor de la Niñez dispuso medidas de protección urgentes para que los menores sean trasladados y resguardados en los centros especializados con los que cuenta el MINNA

El fiscal Aldo Cantero informó que Bustos incumplió una orden emitida por el Juzgado de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, en el contexto de un complejo litigio transfronterizo que busca el retorno de su hija menor a su país de origen.

E litigio tiene su punto de partida en Chile, donde se inició el reclamo de restitución debido a que la niña permaneció en territorio paraguayo más tiempo de lo establecido en una autorización vacacional que venció en enero pasado.

El fiscal aclaró que el cumplimiento de las medidas vigentes corresponden por jurisdicción a los magistrados locales, razón por la cual el desvío del procedimiento legal por parte de Bustos activó de inmediato la intervención de la justicia ordinaria en el ámbito penal.

En cuanto a Patricia Nieto, abuela de la menor, continuará sujeta al desarrollo de las indagaciones en calidad de investigada. Tras comparecer ante las autoridades, se dispuso que la mujer establezca su residencia temporal en la sede de la Embajada de Chile en Paraguay.

La niña de 2 años de edad, fue localizada este viernes en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, Argentina, luego de que se activaran los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda.