Este beneficio está contemplado en el artículo 62 de la Ley 98/92 y permite el reintegro de hasta 75 jornales mínimos legales vigentes para actividades diversas no especificadas en la capital del país, a la fecha del deceso.

La medida tiene como fin aliviar los costos que implican los servicios funerarios en situaciones donde no exista heredero o beneficiario que pueda reclamar otras prestaciones.

Requisitos para acceder al reembolso

Para iniciar el trámite, el solicitante —quien debe haber pagado los gastos funerarios— debe presentar la siguiente documentación:

-Certificado de defunción original

- Fotocopia de cédula de identidad del fallecido

- Fotocopia de cédula de identidad del solicitante

- Factura legal original y al contado, expedida por la funeraria, que demuestre el pago de los servicios.

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La factura debe incluir:

• Nombre y apellido del solicitante (como figura en su cédula)
• Número de cédula del solicitante como RUC
• Detalle con nombre, apellido y número de cédula del fallecido

En casos donde el fallecido figure como casado/a en su documento y haya sido viudo/a, se debe adjuntar también el certificado de matrimonio y el certificado de defunción del cónyuge. Si existiera una deuda con la Caja de Préstamos del IPS, debe presentarse el comprobante de cancelación correspondiente.

Observaciones importantes

- El plazo para solicitar el beneficio es de un año a partir del fallecimiento.

- No se requiere la sentencia declaratoria de herederos si se trata únicamente del reembolso de gastos funerarios.

- El beneficio aplica exclusivamente a personas que no tienen derecho a pensión ni indemnización y que no forman parte del grupo familiar del fallecido.

Trámite presencial y gratuito

El trámite debe realizarse de manera presencial, presentando toda la documentación en las oficinas del IPS. El tiempo estimado de resolución oscila entre 15 a 30 días hábiles, siempre que los documentos estén completos y en regla.

El IPS recuerda a la ciudadanía que todos los trámites son totalmente gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios. Solo es necesaria la presentación de una cédula de identidad vigente.

El planteamiento fue realizado durante una reunión de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Yamil Esgaib, en el marco del análisis de la iniciativa que regula la actividad y la seguridad de los prestadores de servicios y usuarios de plataformas digitales de movilidad y reparto.

Los representantes del sector manifestaron su preocupación por la demora en el estudio del proyecto y señalaron que la ausencia de reglas claras dificulta la implementación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo para los trabajadores de plataformas.

Explicaron que la propuesta aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, donde permanece pendiente de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones. En ese sentido, pidieron el acompañamiento de la comisión asesora para impulsar su avance.

El proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional. La iniciativa busca otorgar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos, además de evitar diferencias regulatorias entre municipios.

La propuesta también apunta a acompañar el crecimiento de la economía digital en Paraguay, reconociendo que miles de personas obtienen ingresos mediante plataformas bajo modalidades de trabajo flexible e independiente, promoviendo al mismo tiempo la formalización del sector.

Entre los principales ejes del proyecto figura el fortalecimiento de la seguridad mediante la verificación de identidad de conductores y usuarios, la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios, mecanismos de denuncias y reclamos, protección de datos personales, protocolos de emergencia y políticas de no discriminación.

Además, la iniciativa contempla la conformación de un Grupo de Trabajo Permanente integrado por representantes del Estado, las empresas y los prestadores de servicios, con el objetivo de evaluar la evolución del sector, proponer mejoras regulatorias y buscar un equilibrio entre la innovación tecnológica, la seguridad y la protección de los usuarios y trabajadores.

Representantes de la Asesoría Jurídica del IPS en el transcurso de esta tarde se presentaron en la sede de Fiscalía Barrial Nº 7, a fin de formalizar una denuncia penal contra ”personas innominadas”.

La misma se relaciona con el robo de más de 100 metros de costosos cables de alta tensión que debían encontrarse en los depósitos del Hospital Central y que, llamativamente, desaparecieron.

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Este hallazgo se concretó semanas atrás luego de una verificación ‘in situ’ por parte del presidente del IPS, Isaías Fretes, quien detectó una serie de irregularidades durante su recorrido por las instalaciones.

El daño patrimonial ascendería a una suma aproximada de USD 15.000, detalló a los medios el asesor jurídico de la previsional, Pablo Morínigo, quien fue el encargado de presentar la denuncia. “No podemos dejar pasar esto”.

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El mismo aseguró que “no se dejarán presionar” por ningún sector, destacando el trabajo realizado desde la asunción de Fretes para destapar diversas irregularidades, al tiempo de afirmar: “Esto es solo la punta del iceberg”.

El profesional no descartó que nuevos hallazgos surjan a partir de próximas auditorías en el ente, lo cual a su vez derivaría en la presentación de otras denuncias penales y eventuales sumarios contra funcionarios.

El procedimiento fue ejecutado de manera conjunta con el Comando Tripartito, el Departamento Contra la Trata de Personas y la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (CODENI), en el marco de las acciones para reforzar la seguridad fronteriza y prevenir delitos transnacionales.

Durante el operativo fueron verificadas 47 personas, de las cuales 30 eran paraguayas y 17 brasileñas. Asimismo, las autoridades realizaron controles a un total de 12 niños y adolescentes.

En el desarrollo de las inspecciones también fueron detectados menores de edad que viajaban acompañados por terceros sin portar la documentación física exigida o sin certificado de nacimiento.

Tras las verificaciones para confirmar la identidad de los niños y el vínculo con los adultos que los acompañaban, algunos fueron entregados a sus progenitores, mientras que otros quedaron a disposición de las autoridades competentes, de acuerdo con los protocolos vigentes.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones señalaron que estos operativos interinstitucionales tienen como objetivo fortalecer los controles migratorios, garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes y prevenir posibles casos de trata de personas, además de otros hechos relacionados con el crimen transnacional.