La decisión fue adoptada por la jueza Celeste Jara, de la segunda sala del Tribunal de Cuentas, quien hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la firma Bypar S.A. Esta misma empresa ya había presentado una protesta en mayo pasado, que fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

“Esta empresa nunca se presentó en ninguna etapa del proceso: no participó de la verificación de precios, no trajo una sola máquina para mostrar, no es fabricante, no tiene experiencia ni capacidad económica demostrada, pero igual aparece ahora con una acción que sólo busca entorpecer”, reclamó Carlos María Ljubetic en charla con el canal GEN.

Según explicó, uno de los puntos cuestionados por Bypar es la exigencia de 10 años de experiencia en provisión de máquinas de votación, condición que no cumple la firma, pues declara tener solo cinco. “Cinco años es poco. Si una empresa hace una elección en cinco años, eso no da garantía de solidez ni de trayectoria”, sostuvo el director del TSJE.

Ljubetic remarcó que las tres empresas que compiten actualmente sí reúnen los requisitos exigidos en el pliego, incluyendo trayectoria, solvencia y experiencia real en procesos electorales: Consorcio Paraguay Democrático, integrado por Selex, Excelsis y Smartmatic. Consorcio Comitia-MSA, conformado por Comitia (Paraguay) y MSA (Argentina). Miru Systems, empresa de origen coreano.

“Estamos en plena etapa de revisión documental. Si cumplen, procederemos a la evaluación técnica de las máquinas, donde se prueba desde duración de batería, resistencia al calor, peso, hasta precisión del conteo. Solo después se abre el sobre económico”, explicó Ljubetic.

El funcionario también alertó sobre las consecuencias presupuestarias que puede acarrear esta suspensión. “Tenemos previsto recibir este año 5.000 máquinas, y el pago está en el presupuesto 2024. Si no se concreta este año, no podremos pagar, y eso implicaría reajustar el presupuesto para los próximos tres años, siempre y cuando Hacienda lo apruebe. Es un perjuicio operativo, financiero y logístico”, advirtió.

“Esto nos puede llevar a un incumplimiento. Es el clásico caso del perro del hortelano: no come ni deja comer”, remató.

Ljubetic recordó que la DNCP ya desestimó las pretensiones de Bypar, pero con esta nueva cautelar, el proceso vuelve a quedar en pausa. “Es llamativo que alguien que no cumple ni un solo requisito, ni siquiera mostró una máquina, logre frenar todo un proceso nacional tan delicado como la preparación de unas elecciones”, sentenció.

Agentes de la Comisaría 22ª de Asunción, junto con personal de los departamentos de Investigaciones y Criminalística, en la tarde de ayer se constituyeron en el Hospital San Jorge, ubicado sobre Avenida Ñu Guazú.

La comitiva policial llegó hasta el citado centro asistencial, que funciona dentro del predio del Comando del Ejército, para recabar datos en relación al supuesto hurto de medicamentos en el sitio.

Nota relacionada: Investigan desaparición de fentanilo, clonazepam y otros medicamentos del Hospital San Jorge

De igual manera, tomaron intervención funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), quienes recibieron la denuncia sobre la llamativa desaparición de un lote de fármacos de uso controlado.

La lista abarca 18 tipos de medicamentos, en su mayoría de alto costo, incluyendo ampollas de fentanilo, tabletas de Clonazepam, además de antibióticos. El valor total ronda los G. 804 millones.

“Fuimos a constituirnos para revisar las condiciones de la farmacia y ver si tenían todas las áreas requeridas para el almacenamiento de productos controlados, y también para que nos puedan proveer las marcas y lotes de los medicamentos”, indicó al canal C9N Jorge Iliou, titular de Dinavisa.

Leé también: Alias Yakare Po’i, sindicado como el que mató a su “colega” tortolero

La tarea del ente consistirá en intentar hacer una trazabilidad y detectar los posibles puntos de comercialización informal donde podrían estar ofreciéndose los fármacos. “Es donde generalmente más se encuentran estos productos”, añadió.

La detección de este faltante se dio como resultado de un inventario semestral efectuado en el Hospital San Jorge.

La agente fiscal Natalia Cacavelos obtuvo la condena de Mabel Corvalán Achucarro, funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, a dos años de pena privativa de libertad. Asimismo, Nilsa Evelin Morel Giménez, agente policial, fue sentenciada a un año y ocho meses de prisión, ambas por la comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado

. Las sentencias fueron dictadas con suspensión de la ejecución de la condena.

Las ahora condenadas fueron halladas culpables de participar en un esquema de expedición irregular de registros de conducir, mediante la entrega anómala de certificados de vida y residencia, exigidos como requisito para la tramitación del documento.

Según lo determinado en juicio oral, cobraban entre Gs. 25.000 y Gs. 30.000 por cada certificado, conforme a lo denunciado por el intendente de San Lorenzo.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las magistradas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

En la jornada de ayer fue reportado un robo de motocicleta en la ciudad de Mbocayaty, departamento de Guairá, siendo acusados por este hecho delictivo dos criminales.

Se trata de Arnaldo Antonio Ramírez González, de 24 años, y Aldo Enrique Céspedes Almada, de 23 años, ambos con frondosos antecedentes penales.

Te puede interesar: Trágico accidente en Ñemby: joven en moto fue arrollada por un ómnibus

Luego de recepcionar la denuncia, la Policía Nacional realizó un patrullaje por la zona y logró divisar a ambos ladrones, iniciándose posteriormente una breve persecución.

Los agentes primeramente capturaron a Ramírez, mientras que su cómplice logró darse a la fuga, internándose en una zona boscosa en inmediaciones de la Escuela Agrícola local.

Luego de una intensa búsqueda, uno de los uniformados localizó a Céspedes, quien intentó herirlo atacándolo con un puñal para luego tratar de despojarlo de su arma reglamentaria.

Leé también: Proponen penas de hasta 25 años de cárcel para funcionarios públicos corruptos

Durante un forcejeo entre ambos, se produjo un disparo que impactó en el brazo y hombro izquierdo del joven delincuente. El mismo fue llevado de urgencia al Hospital Regional de Villarrica, donde finalmente falleció a causa de un shock hipovolémico.

Por su parte, Arnaldo Ramírez permanece detenido en la Comisaría N° 9 Mbocayaty, a disposición de la Fiscalía.