El Ministerio de Obras Públicas informó que del lado de Carmelo Peralta, el terraplén de acceso ya cuenta con la capa de refulado concluida, y actualmente se realizan tareas de regularización de esa superficie. Paralelamente, se ejecutan ensayos de contraste en laboratorio sobre muestras de suelo mejorado, como parte de los trabajos previos a la colocación de la subrasante mejorada.

En cuanto a los viaductos de acceso, avanzan las estructuras de protección y soporte: el cordón anticolisión ya fue construido hasta el vano 8 del lado derecho, mientras que el cordón antisuicidio llegó hasta el vano 6. La mureta de apoyo para las losetas de vereda alcanzó el vano 4 en la misma margen. Además, continúa la fabricación de losetas para vereda en el sitio de obras del lado paraguayo.

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Uno de los principales hitos se da en la pila N.º 13, del lado paraguayo, donde ya se completó el retiro de las cimbras utilizadas en la dovela de disparo y se montó el carro de avance, que permitirá iniciar la construcción del tablero principal. Los mástiles de esta pila ya alcanzan la trepa número 20, de un total de 27 por lado, con postensado de cabos en curso. Del lado de Puerto Murtinho, en la pila N.º 14, se trabaja en el montaje de armaduras para las dovelas D3 y D3′, correspondientes al lado central y lateral, respectivamente. También se realiza el postensado de cabos en ambos mástiles y el cargamento de losas inferiores en la trepa 27, lo que marca un importante avance estructural.

La ejecución del proyecto está a cargo del Consorcio Binacional PYBRA, con fiscalización del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y financiamiento de Itaipú Binacional. Una vez concluido, el puente será un nexo clave en la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, atravesando el Chaco paraguayo y consolidando a Paraguay como un país de tránsito dentro de la red logística sudamericana.

Agentes de la Comisaría 22ª de Asunción, junto con personal de los departamentos de Investigaciones y Criminalística, en la tarde de ayer se constituyeron en el Hospital San Jorge, ubicado sobre Avenida Ñu Guazú.

La comitiva policial llegó hasta el citado centro asistencial, que funciona dentro del predio del Comando del Ejército, para recabar datos en relación al supuesto hurto de medicamentos en el sitio.

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De igual manera, tomaron intervención funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), quienes recibieron la denuncia sobre la llamativa desaparición de un lote de fármacos de uso controlado.

La lista abarca 18 tipos de medicamentos, en su mayoría de alto costo, incluyendo ampollas de fentanilo, tabletas de Clonazepam, además de antibióticos. El valor total ronda los G. 804 millones.

“Fuimos a constituirnos para revisar las condiciones de la farmacia y ver si tenían todas las áreas requeridas para el almacenamiento de productos controlados, y también para que nos puedan proveer las marcas y lotes de los medicamentos”, indicó al canal C9N Jorge Iliou, titular de Dinavisa.

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La tarea del ente consistirá en intentar hacer una trazabilidad y detectar los posibles puntos de comercialización informal donde podrían estar ofreciéndose los fármacos. “Es donde generalmente más se encuentran estos productos”, añadió.

La detección de este faltante se dio como resultado de un inventario semestral efectuado en el Hospital San Jorge.

La agente fiscal Natalia Cacavelos obtuvo la condena de Mabel Corvalán Achucarro, funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, a dos años de pena privativa de libertad. Asimismo, Nilsa Evelin Morel Giménez, agente policial, fue sentenciada a un año y ocho meses de prisión, ambas por la comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado

. Las sentencias fueron dictadas con suspensión de la ejecución de la condena.

Las ahora condenadas fueron halladas culpables de participar en un esquema de expedición irregular de registros de conducir, mediante la entrega anómala de certificados de vida y residencia, exigidos como requisito para la tramitación del documento.

Según lo determinado en juicio oral, cobraban entre Gs. 25.000 y Gs. 30.000 por cada certificado, conforme a lo denunciado por el intendente de San Lorenzo.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las magistradas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

En la jornada de ayer fue reportado un robo de motocicleta en la ciudad de Mbocayaty, departamento de Guairá, siendo acusados por este hecho delictivo dos criminales.

Se trata de Arnaldo Antonio Ramírez González, de 24 años, y Aldo Enrique Céspedes Almada, de 23 años, ambos con frondosos antecedentes penales.

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Luego de recepcionar la denuncia, la Policía Nacional realizó un patrullaje por la zona y logró divisar a ambos ladrones, iniciándose posteriormente una breve persecución.

Los agentes primeramente capturaron a Ramírez, mientras que su cómplice logró darse a la fuga, internándose en una zona boscosa en inmediaciones de la Escuela Agrícola local.

Luego de una intensa búsqueda, uno de los uniformados localizó a Céspedes, quien intentó herirlo atacándolo con un puñal para luego tratar de despojarlo de su arma reglamentaria.

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Durante un forcejeo entre ambos, se produjo un disparo que impactó en el brazo y hombro izquierdo del joven delincuente. El mismo fue llevado de urgencia al Hospital Regional de Villarrica, donde finalmente falleció a causa de un shock hipovolémico.

Por su parte, Arnaldo Ramírez permanece detenido en la Comisaría N° 9 Mbocayaty, a disposición de la Fiscalía.