El documento presentado por el diputado itapuense Carlos Pereira, rinde homenaje a la ciudad de Encarnación por su hazaña cultural, social y humana, que representa alcanzar la edición 100 del carnaval encarnaceno, un proceso colectivo que atraviesa generaciones, que se transmite como herencia cultural y convierte a Encarnación en la capital del carnaval paraguayo, según la exposición de motivos.

Así mismo, el documento menciona las potencialidades que rodean a esta fiesta y resalta su papel como motor económico durante gran parte del año.

“Aunque el carnaval se celebra entre los meses de enero y febrero, su impacto se extiende más allá de la temporada, es el evento principal del verano encarnaceno y genera empleos en sectores como el turismo, el diseño, la gastronomía, la hotelería, el transporte y, especialmente, en el sector artístico local”, reza parte del escrito de presentación.

Agrega que el sector de trabajadores, beneficiados con la realización del carnaval, está constituido por comparseros, maquilladores, músicos, coreógrafos, artesanos y un público maravilloso que responde, edición tras edición, según se informó.

La exposición de motivos hace un relatorio de cómo ha venido evolucionando el carnaval encarnaceno. Alude que la primera edición de los hoy conocidos como carnavales o corsos encarnacenos se realizó en el año 1916, fuertemente influenciada por las costumbres carnestolendas europeas. Este primer desfile tuvo lugar frente al edificio de Aduanas, ubicado entonces en la actual calle Mariscal José Félix Estigarribia, tenían un formato de marcha y participaban principalmente hombres.

Agrega que estas celebraciones fueron suspendidas en 1922 debido a la guerra civil que aconteció ese año. Poco tiempo después, el 20 de septiembre de 1926, un ciclón destruyó buena parte de la ciudad, alargando así la interrupción de los carnavales, los cuales retornaron en el año 1928. Fueron nuevamente interrumpidos durante la Guerra del Chaco, y luego continuaron realizándose sin interrupciones hasta hoy.

Finalmente, el escrito señala que en el año 2012, se cumplió el sueño de tener un sambódromo exclusivo para la realización de los carnavales. Cuenta con zonas de graderías, palcos, camarotes y todas las comodidades necesarias. Su capacidad es de 11.000 personas y se ve cubierta año a año en cada nueva edición de los corsos.

Agentes de la Comisaría 22ª de Asunción, junto con personal de los departamentos de Investigaciones y Criminalística, en la tarde de ayer se constituyeron en el Hospital San Jorge, ubicado sobre Avenida Ñu Guazú.

La comitiva policial llegó hasta el citado centro asistencial, que funciona dentro del predio del Comando del Ejército, para recabar datos en relación al supuesto hurto de medicamentos en el sitio.

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De igual manera, tomaron intervención funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), quienes recibieron la denuncia sobre la llamativa desaparición de un lote de fármacos de uso controlado.

La lista abarca 18 tipos de medicamentos, en su mayoría de alto costo, incluyendo ampollas de fentanilo, tabletas de Clonazepam, además de antibióticos. El valor total ronda los G. 804 millones.

“Fuimos a constituirnos para revisar las condiciones de la farmacia y ver si tenían todas las áreas requeridas para el almacenamiento de productos controlados, y también para que nos puedan proveer las marcas y lotes de los medicamentos”, indicó al canal C9N Jorge Iliou, titular de Dinavisa.

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La tarea del ente consistirá en intentar hacer una trazabilidad y detectar los posibles puntos de comercialización informal donde podrían estar ofreciéndose los fármacos. “Es donde generalmente más se encuentran estos productos”, añadió.

La detección de este faltante se dio como resultado de un inventario semestral efectuado en el Hospital San Jorge.

La agente fiscal Natalia Cacavelos obtuvo la condena de Mabel Corvalán Achucarro, funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, a dos años de pena privativa de libertad. Asimismo, Nilsa Evelin Morel Giménez, agente policial, fue sentenciada a un año y ocho meses de prisión, ambas por la comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado

. Las sentencias fueron dictadas con suspensión de la ejecución de la condena.

Las ahora condenadas fueron halladas culpables de participar en un esquema de expedición irregular de registros de conducir, mediante la entrega anómala de certificados de vida y residencia, exigidos como requisito para la tramitación del documento.

Según lo determinado en juicio oral, cobraban entre Gs. 25.000 y Gs. 30.000 por cada certificado, conforme a lo denunciado por el intendente de San Lorenzo.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las magistradas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

En la jornada de ayer fue reportado un robo de motocicleta en la ciudad de Mbocayaty, departamento de Guairá, siendo acusados por este hecho delictivo dos criminales.

Se trata de Arnaldo Antonio Ramírez González, de 24 años, y Aldo Enrique Céspedes Almada, de 23 años, ambos con frondosos antecedentes penales.

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Luego de recepcionar la denuncia, la Policía Nacional realizó un patrullaje por la zona y logró divisar a ambos ladrones, iniciándose posteriormente una breve persecución.

Los agentes primeramente capturaron a Ramírez, mientras que su cómplice logró darse a la fuga, internándose en una zona boscosa en inmediaciones de la Escuela Agrícola local.

Luego de una intensa búsqueda, uno de los uniformados localizó a Céspedes, quien intentó herirlo atacándolo con un puñal para luego tratar de despojarlo de su arma reglamentaria.

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Durante un forcejeo entre ambos, se produjo un disparo que impactó en el brazo y hombro izquierdo del joven delincuente. El mismo fue llevado de urgencia al Hospital Regional de Villarrica, donde finalmente falleció a causa de un shock hipovolémico.

Por su parte, Arnaldo Ramírez permanece detenido en la Comisaría N° 9 Mbocayaty, a disposición de la Fiscalía.