A pesar de que no figuraba en el orden del día de la sesión ordinaria, la extraordinaria incluyó en el primer punto el proyecto de ley Mafe, con dictamen positivo de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer.

La propuesta legislativa crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENAPED), a cargo de la Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional. Contendrá los siguientes datos:

a) Datos personales: se registrarán nombres y apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de Cédula de Identidad, fotografía reciente y características físicas. Se deberán consignar los apodos, seudónimos o sobrenombres.

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b) Detalles de la desaparición: fecha y lugar de último avistamiento; información proporcionada por familiares, testigos o autoridades sobre los hechos.

c) Información Familiar y de Contacto: se incluirá información de contacto de los familiares o personas cercanas a la persona desaparecida, como nombres, apellidos, direcciones, números de teléfono y correos electrónicos, para facilitar la comunicación y coordinación en la búsqueda.

d) Registros de Búsqueda y Localización: se mantendrá un registro detallado de las acciones de búsqueda llevadas a cabo por las autoridades y organismos competentes, incluyendo los resultados obtenidos y la ubicación geográfica de los operativos realizados.

e) Alerta: se consignará la activación de la Alerta MAFE en caso de desaparición de niños, niñas y adolescentes, y personas adultas, así como las autorizaciones judiciales correspondientes para realizar las publicaciones en telefonías.

f) Actualización periódica: se establecerá la obligación de mantener actualizada la información contenida en el Registro, con la finalidad de contar con datos precisos y veraces para agilizar la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.

ALERTA MAFE

Según el artículo 10, la alerta MAFE se activará en casos de desaparición de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, basándose en criterios de riesgo que determinen que la vida o seguridad de la persona desaparecida está en peligro inminente.

La alerta por medio de los servicios de telefonía regulados en la ley de Telecomunicaciones, podrá incluir aplicaciones digitales en forma de texto, audiovisual o imágenes, con sonido de notificación especial, que permitan la difusión masiva de datos que identifiquen y permitan apoyar las tareas de búsqueda de niños, niñas y adolescentes, así como de personas adultas desaparecidas.

La denuncia podrá formularse ante la Policía Nacional de la circunscripción más cercana, sin que sea exigible el transcurso de un tiempo mínimo entre la desaparición y la denuncia.

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El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, pidió al Tribunal de Apelaciones confirmar la resolución que revocó las medidas alternativas y ordenó la prisión preventiva de la expresidenta de Petropar, Patricia Samudio, y de su esposo, José Costa Perdomo.

La presentación responde al recurso de reposición promovido por la defensa para evitar que el expediente sea remitido al Juzgado de Ejecución Penal y se haga efectiva la condena, que ya fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Para el Ministerio Público, la firmeza de la sentencia modificó la situación procesal de ambos condenados y justificó plenamente que el Tribunal de Sentencia dejara sin efecto las medidas alternativas.

Además, la Fiscalía sostiene que la defensa presentó recursos de reposición, aclaratorias y una acción de inconstitucionalidad con un objetivo dilatorio: postergar la ejecución de la condena.

En ese contexto, Corbeta solicitó rechazar el planteamiento de la defensa y confirmar el Auto Interlocutorio N.° 663, dictado el 9 de julio, que ordenó la prisión preventiva de Samudio y Costa Perdomo para asegurar el cumplimiento efectivo de las penas.

La Municipalidad de Asunción intensificó los controles contra la disposición ilegal de residuos con el operativo “Vertederos Cero”, una estrategia que apunta a erradicar la formación de vertederos clandestinos y sancionar a quienes arrojan basura en espacios no habilitados.

Como parte de estos procedimientos, una camioneta fue retenida este martes en el barrio Sajonia, luego de que sus ocupantes fueran sorprendidos descargando basura y restos de poda en un sitio prohibido.

La rápida intervención de funcionarios municipales evitó la formación de un nuevo vertedero clandestino. Tras labrarse el acta correspondiente, el vehículo fue trasladado hasta la Base 1 de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal.

Los responsables se exponen a multas por infringir la Ordenanza N.º 408/14 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que considera esta conducta como una falta gravísima.

El director de la Policía Municipal de Vigilancia (PMV), Miguel Ángel Stampf, explicó que, por instrucciones del intendente Luis Bello, los controles forman parte de una estrategia permanente para combatir una práctica que afecta la limpieza urbana y genera elevados costos para la comuna.

Según indicó, los operativos fueron reforzados en sectores donde este tipo de infracciones es recurrente, como la zona de 21 Proyectadas, las inmediaciones del Cementerio de la Recoleta y otros puntos considerados críticos.

Stampf agregó que, además de la camioneta retenida este martes, en los últimos días también fueron incautados dos motocarros utilizados para el transporte y descarga irregular de residuos. En algunos casos, incluso, los vehículos circulaban sin documentación o sin chapas identificatorias.

El funcionario recordó que cada vertedero clandestino obliga a la Municipalidad a destinar recursos económicos, personal y maquinarias para retirar los residuos, fondos que podrían utilizarse en otros servicios para la ciudadanía.

La comuna anunció que el operativo “Vertederos Cero” continuará de forma permanente en distintos barrios de Asunción e instó a la ciudadanía a denunciar el arrojo de residuos en lugares indebidos a través del 0986 128 777.

El viceministro de Obras, Hugo Arce, valoró la preocupación de la ciudadanía y ratificó el compromiso institucional con la protección del patrimonio ambiental del lugar. El funcionario aclaró que la directiva es no intervenir ningún árbol dentro del área de influencia del proyecto, a menos que exista una situación de peligro inminente y comprobado para la seguridad de los transeúntes.

Respecto a los documentos técnicos difundidos, Arce explicó que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación exige a la contratista, el Consorcio Palma, la elaboración de un inventario forestal y un análisis fitosanitario. Si bien este estudio detectó ejemplares con presencia de termitas y riesgo de caída, las autoridades enfatizaron que el informe es un diagnóstico preliminar y no constituye una autorización de tala.

Actualmente, el documento se encuentra bajo evaluación de la Municipalidad de Asunción y de la Dirección de Gestión Socioambiental del MOPC para determinar las medidas pertinentes.

Por su parte, la directora de Obras Públicas, Verónica Martínez, detalló que la intervención busca recuperar integralmente la plaza respetando su valor histórico, ambiental y paisajístico.

El proyecto contempla mejoras en pisos, iluminación, paisajismo, área infantil y gimnasio al aire libre. La arquitecta reiteró que cualquier acción sobre el arbolado será el último recurso y requerirá la aprobación de ingenieros forestales y especialistas ambientales.

Con el fin de garantizar la transparencia, el MOPC mantiene abiertos los canales de comunicación con los vecinos y usuarios para brindar aclaraciones y facilitar los planos del proyecto. L