Entre 2018 y 2023, el IPC general acumuló un aumento del 28%, mientras que, el IPC de alimentos subió un 47%, lo que evidencia una importante pérdida del poder adquisitivo, la cual, no se compensa en el cálculo de salario, ya que el cálculo toma el Índice General y no de Alimentos.

El proyecto que modifica la ley 5764 que modifica el artículo 255 de la ley 213/93 que establece el Código del Trabajo y deroga el artículo 256 fue presentado ayer en la Cámara de Senadores.

Se propone que la variación del salario mínimo se calcule anualmente en base al índice que resulte mayor entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general y el IPC de alimentos.

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Actualmente, el artículo 255 del Código del Trabajo modificado por la Ley N. 5764/16 establece que el salario mínimo será reajustado anualmente en base a la variación del IPC general entre los meses de mayo de un año y el siguiente.

Sin embargo, lo que plantea el proyecto es que se dé prioridad al IPC más elevado, que generalmente es el IPC de alimentos.

El propio ministro de economía, Carlos Fernández Valdovinos, manifestó a principios de mayo que la fórmula utilizada para el cálculo del salario mínimo necesita una revisión, ya que no refleja la pérdida del poder adquisitivo.

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Un llamativo hallazgo dejó desconcertados a habitantes de la zona de Loreto, en un terreno baldío situado sobre la Ruta PY22, a orillas del arroyo Saladillo.

Se trata de una especie de cementerio improvisado, donde fue hallada una gran cantidad de restos óseos de animales vacunos, principalmente cráneos.

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De acuerdo al informe del periodista de Nación Media, Ángel Flecha, cerca de 500 ejemplares muertos ya habrían sido depositados en este sitio, que se encuentra cubierto mayormente por árboles y malezas.

Las sospechas apuntan a “cuatreros” que operan en la zona como responsables de arrojar en este terreno los restos del ganado robado de diversos establecimientos.

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Desde la Asociación Rural del Paraguay (ARP) - Regional Concepción lamentan que los abigeatos continúen campantemente en el departamento, por lo que exigen una acción más contundente a las autoridades.

“Algunos directivos ya han tenido 100 casos en el año”, expresó a GEN Gustavo Ruiz, presidente del citado gremio local. El mismo teme que exista complicidad de la Policía Nacional con estos criminales.

Con el propósito de garantizar una jornada electoral transparente, la Justicia Electoral pone a disposición de la ciudadanía datos e informaciones relevantes para las votaciones de este domingo en Ciudad del Este.

Una de las aclaraciones principales tiene que ver con la cédula de identidad, siendo el único documento válido para sufragar, sin importar si está vigente o vencida. En este caso, no se podrá utilizar el documento digital de la app Portal Paraguay.

Un total de 237.223 electores están habilitados para votar al nuevo intendente de la capital del Alto Paraná. Unas 795 Mesas Receptoras de Votos, distribuidas en 23 locales de votación, se encontrarán a disposición de los mismos.

Para estos comicios, se prevén una serie de prohibiciones, incluyendo la portación de armas de fuego a menos de 200 metros de los centros de votación, la venta de bebidas alcohólicas desde 12 horas antes del inicio de las elecciones y el ingreso al cuarto oscuro con teléfonos celulares o cámaras.

Una vez culminada la votación y cerrados los locales electorales, a las 17:00 hs se prevé iniciar el escrutinio público y fiscalizado, que luego dará paso a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

En esta oportunidad, nuevamente se implementará el Programa “Voto Accesible”, que contempla los servicios de “Voto en Casa” para personas con discapacidad física severa o que por motivos graves de salud no puedan acudir a su local de votación, y el “Voto en Mesa Accesible” para adultos mayores o personas con dificultad para movilizarse, disponibles en todos los locales de votación.

Los ciudadanos esteños pueden consultar su local de votación ingresando al sitio padron.tsje.gov.py. Para informes, se encuentra habilitado el número 134, de la Oficina de Información y Respuesta Electoral (OIR), además del teléfono (021) 618 0111 (Centro de Atención al Ciudadano) y el WhatsApp +595216180111.

El documento tiene la intención de remediar la situación de re victimización que padecen ante la burocracia estatal, y en particular ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quienes fueron declarados víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura stronista, entre los años 1954-1989.

La iniciativa apunta, exclusivamente, a las solicitudes de indemnización que ingresaron en plena vigencia de la ley Nº 838/96, el cual en su artículo 3 establecía que la Defensoría del Pueblo es el ente encargado de recibir y evaluar reclamos por indemnización.

Estipulaba, igualmente, que la duración del proceso no tenía que sobrepasar 90 días y que requería la revisión y dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, establecía, con meridiana claridad, que su dictamen no eran vinculante para la decisión final de la Defensoría del Pueblo.

La exposición de motivos explica que la citada disposición fue modificada por la Ley Nº 4381/2011, la cual establece que la Defensoría del Pueblo debe enviar las pruebas a la Procuraduría General de la República para que emita un dictamen, en un plazo de 30 días. Dicho dictamen es un requisito previo para que la Defensoría del Pueblo resuelva sobre la calificación e indemnización.

Los proyectistas explican que hay casos que comenzaron cuando regía la antigua Ley 838/96, la cual permitía indemnizar a los hijos menores de las víctimas de la dictadura.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió sus dictámenes recién en 2011, 2012 y años siguientes, oponiéndose a las solicitudes de indemnización.

Aducen que, a pesar de estos dictámenes negativos, la Defensoría resolvió aprobar las indemnizaciones. “El problema actual es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en lugar de proceder con los pagos, vuelve a enviar los expedientes a la PGR pidiendo un nuevo dictamen. Esto genera demoras innecesarias, ya que según la ley anterior, estos dictámenes no son obligatorios”, según entienden los legisladores.