Durante una reunión interinstitucional, autoridades del Gobierno, representantes del sector privado y actores estratégicos compartieron los avances en el proceso de construcción de esta nueva imagen país, que busca posicionar a Paraguay en el escenario internacional con un perfil más competitivo y auténtico.

La viceministra de Comunicación del MITIC, Alejandra Duarte, resaltó la importancia de articular una comunicación institucional coherente. “Estamos trabajando en una comunicación integrada, mancomunada, que unifique el mensaje y fortalezca la identidad nacional”, dijo.

Por su parte, la ministra de Turismo, Angie Duarte, subrayó los atributos únicos de Paraguay que despiertan interés global, tales como la riqueza de su naturaleza, su gastronomía y, especialmente, la calidez de su gente.

La agencia adjudicada para la ejecución de la estrategia presentó varias propuestas centradas en destacar un factor intangible que hace único al país, que consiste en su cultura de hospitalidad.

Alison Townsend, directora general de Marca País del MIC, enfatizó además el potencial creciente del Paraguay en el turismo de negocios, un segmento en el que el país viene logrando avances sostenidos.

La estrategia contempla una activa presencia internacional, con participación en ferias, exposiciones y eventos globales. Uno de los ejes más relevantes será la Expo Universal de Osaka 2025, donde Paraguay se presentará bajo el lema: “Ikigai Paraguay: Energía que Conecta”. Este concepto, impulsado por el MITIC, busca proyectar la resiliencia, propósito y dinamismo de Paraguay, con un fuerte acento en energías renovables y desarrollo sostenible.

En la reunión participaron representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y del Viceministerio de Rediex, quienes coincidieron en que la Marca País debe reflejar el alma de Paraguay: su gente.

Con esta estrategia, Paraguay apunta a posicionarse como un país con identidad propia, capaz de conquistar nuevos mercados y atraer inversiones, sin perder la esencia de su hospitalidad y su cultura.

Agentes de la Comisaría 22ª de Asunción, junto con personal de los departamentos de Investigaciones y Criminalística, en la tarde de ayer se constituyeron en el Hospital San Jorge, ubicado sobre Avenida Ñu Guazú.

La comitiva policial llegó hasta el citado centro asistencial, que funciona dentro del predio del Comando del Ejército, para recabar datos en relación al supuesto hurto de medicamentos en el sitio.

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De igual manera, tomaron intervención funcionarios de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), quienes recibieron la denuncia sobre la llamativa desaparición de un lote de fármacos de uso controlado.

La lista abarca 18 tipos de medicamentos, en su mayoría de alto costo, incluyendo ampollas de fentanilo, tabletas de Clonazepam, además de antibióticos. El valor total ronda los G. 804 millones.

“Fuimos a constituirnos para revisar las condiciones de la farmacia y ver si tenían todas las áreas requeridas para el almacenamiento de productos controlados, y también para que nos puedan proveer las marcas y lotes de los medicamentos”, indicó al canal C9N Jorge Iliou, titular de Dinavisa.

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La tarea del ente consistirá en intentar hacer una trazabilidad y detectar los posibles puntos de comercialización informal donde podrían estar ofreciéndose los fármacos. “Es donde generalmente más se encuentran estos productos”, añadió.

La detección de este faltante se dio como resultado de un inventario semestral efectuado en el Hospital San Jorge.

La agente fiscal Natalia Cacavelos obtuvo la condena de Mabel Corvalán Achucarro, funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Lorenzo, a dos años de pena privativa de libertad. Asimismo, Nilsa Evelin Morel Giménez, agente policial, fue sentenciada a un año y ocho meses de prisión, ambas por la comisión del hecho punible de cohecho pasivo agravado

. Las sentencias fueron dictadas con suspensión de la ejecución de la condena.

Las ahora condenadas fueron halladas culpables de participar en un esquema de expedición irregular de registros de conducir, mediante la entrega anómala de certificados de vida y residencia, exigidos como requisito para la tramitación del documento.

Según lo determinado en juicio oral, cobraban entre Gs. 25.000 y Gs. 30.000 por cada certificado, conforme a lo denunciado por el intendente de San Lorenzo.

El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las magistradas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel.

En la jornada de ayer fue reportado un robo de motocicleta en la ciudad de Mbocayaty, departamento de Guairá, siendo acusados por este hecho delictivo dos criminales.

Se trata de Arnaldo Antonio Ramírez González, de 24 años, y Aldo Enrique Céspedes Almada, de 23 años, ambos con frondosos antecedentes penales.

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Luego de recepcionar la denuncia, la Policía Nacional realizó un patrullaje por la zona y logró divisar a ambos ladrones, iniciándose posteriormente una breve persecución.

Los agentes primeramente capturaron a Ramírez, mientras que su cómplice logró darse a la fuga, internándose en una zona boscosa en inmediaciones de la Escuela Agrícola local.

Luego de una intensa búsqueda, uno de los uniformados localizó a Céspedes, quien intentó herirlo atacándolo con un puñal para luego tratar de despojarlo de su arma reglamentaria.

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Durante un forcejeo entre ambos, se produjo un disparo que impactó en el brazo y hombro izquierdo del joven delincuente. El mismo fue llevado de urgencia al Hospital Regional de Villarrica, donde finalmente falleció a causa de un shock hipovolémico.

Por su parte, Arnaldo Ramírez permanece detenido en la Comisaría N° 9 Mbocayaty, a disposición de la Fiscalía.