Pese a la declaración de emergencia aprobada por la Cámara de Diputados, el alto jefe policial sostiene que ya se viene realizando un trabajo coordinado a nivel nacional e internacional. “Hay un equipo multidisciplinario que está trabajando desde hace tiempo. Quizá no se ve, pero el trabajo existe”, afirmó en contacto con la radio Universo 970 AM.

Según Alarcón, la reciente declaración parlamentaria puede abrir oportunidades positivas, como mayores recursos, mejor capacitación y creación de una Comisión Nacional de Ciberseguridad que integre tanto a entidades públicas como privadas.

En cuanto a las recomendaciones a la ciudadanía, el jefe de Cibercrimen enfatizó que la seguridad en el entorno digital parte del comportamiento individual. “Así como en la vida real no le damos nuestros datos a cualquiera, tampoco debemos hacerlo en la vida virtual”, dijo.

Mencionó que los fraudes más comunes son los que involucran suplantación de identidad mediante mensajes de texto, correos o enlaces falsos en redes sociales.

Alarcón subrayó la importancia de activar la verificación en dos pasos en servicios como WhatsApp, Facebook, Instagram y correo electrónico.

“Si uno tiene habilitada esa función, aunque el delincuente tenga la contraseña, no podrá acceder sin el segundo factor de seguridad”, detalló.

También se refirió a la filtración masiva de datos personales de más de 7 millones de paraguayos en la dark web, hecho que calificó de “grave”. Dijo que se están tomando medidas con apoyo del MITIC, el Ministerio Público, y expertos internacionales.

Sobre los intentos de estafa por mensajes que prometen premios o puntos, Alarcón instó a los usuarios a verificar cuántos números están activos a su nombre, contactando directamente con sus compañías telefónicas.

“Hay muchas líneas que se activan sin verificación adecuada, y eso facilita que los delincuentes operen con números ajenos”, alertó.

Pidió reportar cualquier intento de fraude o robo de identidad digital para que se inicie la trazabilidad técnica que permita desactivar las cuentas o chips usados en delitos.

Al término del encuentro tripartito entre el Gobierno y los sectores empresarial y obrero, los representantes de cada uno hablaron sobre lo que dejó la reunión.

El viceministro del Trabajo, César Segovia, informó que se acordó seguir dialogando y que la próxima vez, el sector empresarial presentará una respuesta oficial a la propuesta sindical de hacer un reajuste del 22 %, aunque ya se sabe que están en contra.

También se conversó sobre la legalidad de hacer un incremento sin tomar como referencia única el Índice de Precios del Consumidor. Los trabajadores dicen que sí y los empresarios rechazan esta posibilidad

“La intención nuestra es que antes del 15 de junio podamos tener una posición definitiva en cuanto a la recomendación que se dará al Ejecutivo sobre el reajuste”, afirmó el ministro.

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Por su parte, Bernardo Rojas, representante de los trabajadores, planteó que en el próximo encuentro “se defina el partido” en lugar de seguir escuchando planteamientos.

El incremento del 22 % pretendido por las centrales obreras equivale a 647.000 guaraníes. “Eso no les hace nada a los empresarios, no es mucho”, opinó. También recordó que proponen desindexar el salario mínimo de todos los impuestos, un proyecto que el Ejecutivo ya tiene en carpeta.

Por último, Enrique Vidal Lovera, vocero del empresariado, manifestó que la posición es regirse por la que indica la ley, respecto al reajuste en base a la inflación interanual acumulada.

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Tras el acto realizado en el Panteón de los Héroes, Riera conversó con la prensa el sobre le caso Dalia López, a quien colocaron la tobillera electrónica luego de ser beneficiada con el arresto domiciliario.

Destacó que, para la Policía Nacional, el monitoreo electrónico resulta más eficiente que el sistema tradicional, ya que permite un control en tiempo real y más riguroso de los procesados.

Actualmente, Paraguay registra unas 7.900 prisiones domiciliarias, las cuales requieren la presencia física de efectivos policiales para custodiar su cumplimiento. Según el ministro, esta situación “inmoviliza” a miles de agentes que deberían estar patrullando las calles en lugar de vigilar domicilios particulares.

“Estamos trabajando con la Corte para implementar las tobilleras en todos los casos de prisión domiciliaria o medidas alternativas, especialmente en hechos menores como accidentes de tránsito. Así logramos descongestionar las cárceles y devolver los policías a las calles”, expresó el secretario de Estado.

El panorama actual revela una subutilización de la tecnología: de los 1.000 dispositivos disponibles, solo 200 están siendo utilizados hasta la fecha.

La realidad del cobro de prestaciones alimentarias en Paraguay tiene dos caras. Por un lado, herramientas como el registro SARA (Sistema de Administración de Recursos de Alimentos) no están diseñadas para el cobro directo de dinero. Su función es que el deudor figure como “moroso”, lo que le impide transferir bienes o actualizar registros oficiales; si el deudor desea realizar estos trámites, la ley lo obliga a pagar primero.

Sin embargo, para una madre que enfrenta el día a día, la “muerte civil” del progenitor no siempre se traduce en leche o pañales de forma inmediata.

La justicia paraguaya abrió una puerta para garantizar el alimento de los niños. El Tribunal de Apelación de la Capital estudió un caso donde el padre soporta una deuda grande y enfrenta un proceso penal. Ante la falta de pago, la madre demandó a la abuela paterna por la prestación alimentaria.

CUANDO EL PADRE NO PAGA, LOS ABUELOS RESPONDEN

La primera instancia rechazó el reclamo, pero el Tribunal revocó esa decisión. Guillermo Trovato, presidente del tribunal, actuó como preopinante y votó a favor de la demanda. El juez señaló: “Abrimos una nueva vía de reclamo... muchas madres necesitan el mes a mes porque el niño come todos los días”.

Trovato explicó que registros como el SARA o el REDAM no buscan el cobro directo de dinero. Estos sistemas funcionan como medida de presión civil. El deudor moroso figura en una lista y pierde el derecho a transferir bienes o renovar su licencia de conducir hasta que pague su deuda.

El fallo tomó en cuenta que el padre cumple arresto domiciliario. Esta condición anula su operatividad comercial y su solvencia económica real para cumplir con sus hijos. El magistrado recordó que la obligación de los abuelos nace de la ley y de la solidaridad familiar. El Código de la Niñez establece que, si los padres faltan o incumplen, los parientes asumen la responsabilidad de forma subsidiaria.

Aunque este antecedente no obliga a todos los jueces, marca un camino importante. La resolución prioriza el interés superior del niño por encima de los ritos judiciales lentos. Según el abogado, este fallo significa una “vía de oxígeno” para las familias que no pueden esperar años para cubrir necesidades básicas de hoy.