Ricardo Gavilán, director de investigación de la Conacom, informó que, si bien el Estado no puede interferir en la regulación de precios, sí existen ilícitos que pueden ser investigados. Uno de ellos, el que se denomina acuerdo restrictivo de la competencia o acuerdo anticompetitivo.

“Cuando vemos que hay una subida en los precios sin una aparente justificación de por qué suben los precios de esa manera y de una forma muy llamativa, porque todos están subiendo al mismo tiempo , en el mismo porcentaje, en ese sentido, estamos investigando haciendo la pesquisa y requiriendo la información necesaria para verificar si existe o no un acuerdo anticompetitivo”, confirmó Favilán, en un contacto con la 1080 AM.

Estos emblemas están identificados y solamente ellos ingresarán a la investigación en la que, el reajuste simultáneo en un mismo porcentaje, es tomado como un indicio de que habría habido un acuerdo.

“Es un comportamiento que te permite sospechar que hay una conducta llamativa, por decir lo menos, desde el punto de vista de una infracción a la competencia”, detalló el director.

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Si bien difícilmente podrán encontrar una conversación en la que se compruebe el acuerdo entre las partes,Gavilán señaló que disponen de elementos jurídicos y económicos para cerrar el círculo y concluir que haya habido un acuerdo que restrinja la competencia.

“Desde lo económico podemos recabar info sobre la estructura de los costos , podemos munirnos de otros elementos y parámetros del mercado que nos permitan probar en un sumario administrativo que eso fue un acuerdo”, detalló.

Las sanciones económicas pueden equivaler al 20 % de la facturación de las empresas infractoras, es decir, si una de ellas hubiera facturado 100 millones, deberá pagar una multa de 20 millones.

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La diligencia judicial se realizará ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, quien deberá definir si confirma la prisión del funcionario.

El presente caso se enmarca en la incautación de 21,960 kilogramos de oro, realizada en noviembre de 2025 en el aeropuerto Silvio Pettitossi. Se estima que el valor del cargamento podría superar los 3 millones de dólares en el mercado internacional.

Asimismo podrán participar de la audiencia de revisión de medidas los fiscales del presente caso, quienes ya con anterioridad mencionaron que la conducta del funcionario de la Dinac es grave debido a que el imputado ocupa un cargo de jefatura.

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De acuerdo a la carpeta fiscal, los hechos punibles imputados son considerados graves, agravados por la condición del procesado como funcionario de la principal terminal aérea del país. En la misma causa también están imputados Fernando Antonio Peralta Zaván y Aquiles José Denis di Lascio, quienes presuntamente debían abordar el vuelo con destino a Panamá portando los lingotes de oro.

La Fiscalía sostiene que la responsabilidad de Gustavo Ismael Britos es de extrema gravedad, dado que contaba con acceso a todas las zonas restringidas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Se presume que Britos, valiéndose de su cargo, logró burlar los controles de seguridad para introducir los lingotes que tenían como destino final Panamá. Este relato fáctico deberá ser evaluado por el juez Estigarribia para determinar si corresponde ratificar la prisión preventiva o conceder una medida menos gravosa para el imputado.

La Sociedad Paraguaya de Oftalmología, con el apoyo del Hospital Regional de Caacupé y otras instituciones aliadas, llevarán adelante una jornada de cirugía gratuita, que iniciará el próximo domingo 15 de marzo con la selección de los pacientes beneficiados.

En tanto que las intervenciones quirúrgicas se llevarán a cabo los días 1 y 2 de mayo en las instalaciones del hospital.

Las personas interesadas en participar deben solicitar información o agendar su consulta comunicándose al número 0981 304 770, con la Lic. Margaret Benítez, encargada del Servicio Social del Hospital.

La campaña “Por un Paraguay sin ceguera” es una iniciativa de salud ocular, la cual busca reducir la discapacidad visual, principalmente mediante cirugías gratuitas de cataratas.

La campaña se despliega periódicamente en diferentes puntos del país, ya que busca facilitar el acceso a tratamientos oftalmológicos a personas de escasos recursos, enfocándose en la detección y tratamiento oportuno de afecciones que pueden derivar en ceguera irreversible si no es tratada a tiempo.

La comitiva encabezada por la agente fiscal Dominica Zayas Acevedo, fue recibida por el director del centro penitenciario, Juan Taboada, quien entregó el permiso otorgado al condenado y demás documentos. La unidad a cargo solicitó al Juzgado de Ejecución Penal de Crimen Organizado n.º 3 la realización de diligencias relacionadas con el caso.

Una denuncia pública refiere presuntas irregularidades en la Granja Penitenciaria de Régimen Semiabierto Ko’ē Pyahu, situada en el barrio Tacumbú de Asunción, vinculadas con el otorgamiento y control de salidas transitorias a favor de una persona privada de libertad.

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El caso involucra a Pedro Enrique Gómez de la Fuente Antúnez, exdirector de la Región Occidental del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), quien cumple una condena de tres años y seis meses de pena privativa de libertad por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y extorsión. La sentencia se encuentra firme tras el rechazo del recurso interpuesto por su defensa.

Cabe señalar que la Granja Penitenciaria Ko’ē Pyahu funciona bajo un régimen semiabierto, destinado a personas privadas de libertad que reúnen determinadas condiciones, entre ellas buena conducta y una etapa avanzada de cumplimiento de la condena, lo que permite el acceso a salidas transitorias bajo requisitos y controles específicos.