Impasse por compra de máquinas de votación: TSJE habla de posibles consecuencias

La licitación para la compra de máquinas de votación por parte de la Justicia Electoral se encuentra trabada, a raíz de una medida cautelar planteada por una de las empresas oferentes. Esto, según explicaron desde la institución, podría acarrear dificultades al proceso.

Christian Ruiz Díaz, director de Financiamiento Político del TSJE, confirmó al canal GEN que el proceso licitatorio para la compra de 28.000 máquinas de votación continúa estancado, a raíz de una medida cautelar vigente.

Dicha medida fue planteada por una de las empresas que se presentaron al llamado convocado por la Justicia Electoral, luego de formular una protesta contra una resolución de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

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De no llegar para fin de año, el TSJE tendrá serias dificultades, aseguró, ya que se verá obligado a renegociar el presupuesto asignado con el Ministerio de Economía, además de retrasar las capacitaciones ciudadanas y la auditoría de las máquinas.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la instancia en la que se debe resolver este asunto, ya que la DNCP había apelado la medida cautelar dictada por el Tribunal de Cuentas.

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En caso de destrabarse este conflicto y poder avanzar con la licitación, seguirán con las pruebas técnicas y la evaluación, para así continuar con la apertura del sobre económico y la posterior adjudicación, indicó Ruiz Díaz.

“Dentro de los plazos estamos justos, pero creo que vamos a llegar”, añadió, dando a entender que, pese a este impasse, podrían cumplir con el cronograma establecido si logran adquirir las máquinas entre noviembre y diciembre.

Incautan documentos, computadoras y grabaciones de la casa de Fernández Valdovinos

La Fiscalía incautó documentos, equipos informáticos, dispositivos electrónicos y grabaciones del circuito cerrado de la vivienda del exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, durante un allanamiento realizado este martes en el marco de la investigación del caso Ueno Bank.

El procedimiento fue encabezado por los agentes fiscales Christian Benítez Cáceres, Verónica Valdez Rivas y Laura Mercedes Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Según informó el Ministerio Público, durante la intervención también se recogieron soportes digitales y otros equipos electrónicos que podrían aportar información sobre las operaciones investigadas.

Entre los antecedentes de la causa figura una resolución del 28 de julio de 2025, mediante la cual Fernández Valdovinos, entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas, autorizó la colocación de G. 250.000 millones de fondos de la Caja Fiscal en Ueno Bank, a través de certificados de depósito de ahorro (CDA).

Los elementos incautados fueron inventariados y trasladados bajo cadena de custodia para preservar su integridad y permitir los análisis y pericias correspondientes.

La diligencia forma parte de las investigaciones sobre la colocación de fondos públicos y previsionales en la entidad bancaria, con el objetivo de determinar las eventuales responsabilidades de los involucrados.

La causa penal tiene entre sus imputados al expresidente de la República, Santiago Peña, y al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo.

Alliana lo removió del Consejo de Itaipú

En paralelo a las diligencias fiscales, el presidente de la República, Pedro Alliana, dio por terminadas las funciones de Fernández Valdovinos como miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional, mediante el Decreto N.° 7216.

La misma disposición alcanzó a Claudia María de la Paz Centurión Rodríguez, exministra de Obras Públicas y Comunicaciones durante el gobierno de Santiago Peña.

Por otra parte, mediante el Decreto N.° 7215, Alliana aceptó las renuncias de Roberto Moreno Rodríguez y Javier Giménez García de Zúñiga, quienes también integraban el Consejo de Administración de la binacional.

Alliana remueve a Fernández Valdovinos y a Centurión del Consejo de Itaipú

El presidente de la República, Pedro Alliana, dio por terminadas las funciones de Carlos Fernández Valdovinos y Claudia María de la Paz Centurión Rodríguez como miembros del Consejo de Administración de Itaipú Binacional, mediante el Decreto N.° 7216.

Fernández Valdovinos se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Santiago Peña. Su salida del Consejo se produce en medio de las investigaciones por el caso Ueno Bank.

Este martes, una comitiva fiscal y policial allanó su vivienda en Asunción, en el marco de las pesquisas sobre las colocaciones de fondos públicos en la entidad bancaria.

Por su parte, Claudia Centurión fue ministra de Obras Públicas y Comunicaciones desde el inicio del gobierno de Peña, en agosto de 2023, hasta su salida del gabinete. En septiembre de 2024 había sido designada como representante paraguaya ante el Consejo de Administración de la binacional.

Los cambios también alcanzan a otros dos integrantes del Consejo. A través del Decreto N.° 7215, Alliana aceptó las renuncias de Roberto Moreno Rodríguez y Javier Giménez García de Zúñiga, quienes también formaban parte del órgano administrativo de Itaipú.

IPS busca recuperar la totalidad de los USD 490 millones atrapados en Ueno

El director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), Pablo Morínigo, detalló la millonaria suma de recursos de la previsional que se encuentran atrapados en Ueno, precisando que el perjuicio asciende a USD 334 millones pertenecientes a los fondos jubilatorios, a los que se suman entre USD 157 y USD 160 millones correspondientes a los fondos operativos de la institución.

La denuncia presentada apunta a los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal. Al respecto, el abogado explicó a la radio Universo 970/Nación Media que la acción legal busca esclarecer la responsabilidad de los actores involucrados.

Además, advirtió sobre la complejidad del caso al señalar que la situación apenas comienza y es como un rompecabezas, que hay que armar la ruta del proceso de cada colocación de fondos de IPS y quiénes participaron en ese proceso.

En cuanto al proceso administrativo de resolución y la eventual recuperación de los activos, Morínigo indicó que la ley establece una prelación en el pago que beneficia a las cajas jubilatorias, aunque advirtió que la restitución podría no realizarse en efectivo.

“Es muy probable que pase igual, que el IPS va a tener que aceptar una sucursal de Ueno u otra clase de bienes que no necesariamente sea dinero en efectivo”, expresó.

Aclaró que todavía es muy preliminar estimar un porcentaje real de expectativa de recuperación debido a la falta de datos e información detallada en esta etapa del proceso.