El barrio Ricardo Brugada, conocido como La Chacarita, es uno de los sectores más históricos de Asunción. Con una existencia que data de 1770, es posiblemente una de las comunidades más antiguas de Latinoamérica. Hoy, sobre un territorio de aproximadamente 350 hectáreas, conviven unas 15.000 familias que enfrentan una realidad social marcada por la desigualdad, la falta de oportunidades y la precariedad estructural.

“El gran problema es la generación de oportunidades para los jóvenes”, afirma Christian Núñez, coordinador del proyecto Chacatours, una iniciativa que ofrece recorridos turísticos por el barrio con el objetivo de mostrar su riqueza histórica y cultural, al tiempo de visibilizar sus desafíos.

Según Núñez, la problemática social de la Chacarita debe entenderse desde un sistema que falla en tres niveles: la familia, los vínculos sociales y el sistema judicial. “Cuando se quiebra el primer círculo, que es la familia, y luego influye negativamente el entorno, el sistema judicial termina de destruir a la persona. En vez de reinsertar, expulsa aún más. Hacen su masterado en la cárcel y salen peor”, advirtió en entrevista con el canal GEN.

La situación de vulnerabilidad se agrava en sectores donde el desempleo, el consumo problemático de drogas y la falta de contención estatal normalizaron los ciclos de exclusión. En ese contexto, los jóvenes son los más expuestos a caer en redes de criminalidad o adicciones.

En la Chacarita coexisten diferentes niveles socioeconómicos. Desde familias con alto poder adquisitivo hasta personas que sobreviven con apenas uno o dos dólares al día. Núñez señala que, además de las carencias materiales, hay un déficit de acompañamiento emocional y educativo.

“El sistema educativo no está orientado a descubrir pasiones o talentos. No se pregunta a los jóvenes cuál es su perfil o vocación”, lamenta.

En ese sentido, Núñez destaca que muchas iniciativas sociales surgidas desde el propio barrio buscan ocupar esos vacíos. El proyecto Chacatours, por ejemplo, funciona como una herramienta de empoderamiento comunitario, además de ser una fuente de ingresos para algunos vecinos. También se ha instalado un Centro Cultural y está en marcha la creación de Chacalabs, un espacio pensado para la reinserción de exconvictos y recuperación de adictos.

Uno de los desafíos más urgentes —según Núñez— es dejar de criminalizar la pobreza y empezar a construir alternativas reales. Hay que generar espacios donde se escuche al joven, donde se valore su historia, su talento, su capacidad de transformar. Esa chispa que puede encender una pasión no nace sola: necesita guía, escucha y contención.

“Entendemos que esto puede llevar años, pero hay que empezar y entender que es la única forma de poder generar un cambio y impactar positivamente en cada comunidad y en los jóvenes”, señaló.

Se trata del abogado Edgar Hernán Sosa, quien era uno de los aspirantes a ocupar el cargo de Contralor General de la República y que ahora queda fuera del proceso de selección.

Esta decisión fue comunicada por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores, Javier Zacarías Irún, luego de un análisis de sus antecedentes.

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De acuerdo con la nota suscrita por el senador, esta decisión se fundamenta en que el postulante se encuentra comprendido dentro de los impedimentos previstos en el artículo 5° de la Ley N.° 276/94.

Según se pudo constatar durante el análisis documental, Sosa había sido destituido en el año 2013 por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), a raíz de la liberación de un supuesto narcotraficante, de nombre Damián Álvarez Frutos, cuando se desempeñaba como juez en Ciudad del Este.

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A esto se suma el hecho de que Sosa omitió brindar esta información al Senado, afirmando nunca haber recibido sanciones administrativas, lo cual finalmente acabó corroborándose con una verificación más rigurosa.

Un total de 49 postulantes se inscribieron en el Senado para competir por los cargos de Contralor General y Subcontralor de la República para el periodo 2026-2030.

Nicolás Maduro compareció este miércoles ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La sesión duró pocos minutos y definió el futuro procesal del exmandatario y su esposa, Cilia Flores. El juez Alvin Hellerstein anunció el 1 de junio de 2027 como el día formal para el inicio del juicio oral.

El acusado enfrenta cuatro cargos graves, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína hacia Estados Unidos. Maduro ingresó a la sala con un uniforme carcelario de color beige y escuchó la traducción mediante auriculares.

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Esta comparecencia constituye su tercera aparición ante la justicia neoyorquina desde su captura en Caracas el pasado 3 de enero.

La defensa técnica, encabezada por el abogado Barry Pollack, busca la desestimación total del expediente. El equipo legal de Maduro presentará una moción de inmunidad soberana el próximo 17 de noviembre. En esa jornada, los defensores argumentarán que Maduro posee protección jurídica por su antiguo cargo de jefe de Estado.

Por su parte, la fiscalía entregará el grueso de las pruebas clasificadas también en noviembre de 2026. El cronograma incluye una segunda ronda de mociones para el 11 de enero de 2027. Mientras el proceso avanza, Maduro sigue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

La abogada Alba Mariela Giménez de Vera, Defensora Pública en lo Laboral del Segundo Turno de la Capital, tomó intervención en un caso de despido injustificado que tuvo como afectada a una trabajadora en etapa de gestación.

Según los antecedentes, esta mujer había sido desvinculada en el año 2022 de una empresa distribuidora mientras se encontraba embarazada, motivo por el que inició una demanda contra la firma en cuestión.

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En este caso puntual, la acción judicial consistió en una demanda de nulidad de despido y cobro de guaraníes, la cual tuvo curso favorable en primera instancia gracias al fallo del Juzgado Laboral.

Un juez ordenó el reintegro de la trabajadora, el pago de salarios caídos y la regularización de sus aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Posteriormente, el Tribunal de Apelación confirmó sustancialmente dicha decisión.

Sin embargo, la empresa promovió una acción de inconstitucionalidad, medida que amenazaba con prolongar el litigio y seguir postergando el acceso de la afectada a la reparación económica reconocida previamente por la Justicia.

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Gracias a la intermediación de la defensora pública, se abrió un proceso de diálogo y negociación entre las partes, el cual culminó de manera fructífera con un acuerdo transaccional, de acuerdo al informe del Ministerio de la Defensa Pública.

De esta manera, la denunciante recibirá una compensación económica, luego de que la empresa se comprometiera al pago de G. 80.000.000, monto que comprende las indemnizaciones, haberes laborales y demás conceptos reclamados en el proceso.