“Los objetivos principales ya fueron capturados. No hubo resistencia en los procedimientos”, confirmó el Crio. César Diarte, jefe de Antinarcóticos, en entrevista con el canal GEN.

El operativo incluyó allanamientos simultáneos en Pirayú, Yaguarón y Ñemby. En este último punto, fue allanada la vivienda de la esposa de Rotela, donde se encontró al contador del grupo criminal. En Pirayú y Yaguarón se incautaron varios lotes de ganado vacuno y ovejas, bienes que serán puestos bajo administración de Senabico.

“Armando Rotela nunca dejó de operar. Mediante escuchas telefónicas comprobamos que, desde prisión, daba órdenes sobre traslados, compras, ventas y redistribución de drogas”, afirmó Diarte.

La red operaba con total normalidad. Las llamadas revelan una participación directa de la madre, la hermana, la esposa y otros familiares, quienes ahora están todos detenidos o con órdenes de captura. El comisario señaló que varias personas involucradas en la distribución de drogas ya fueron identificadas.

“Las conversaciones involucran a la esposa, a la mamá, a la hermana, a prácticamente a todo el grupo familiar que hoy en día ya todos quedan detenidos. También a Armando Rotela se lo escucha plenamente, él nunca dejó de operar, siendo que está recluido en una cárcel de máxima seguridad. Él accedía a un aparato de reclusión y nunca dejó de operar". 

TRES CONDENAS, PERO SIGUE MANDANDO

Rotela está actualmente preso en la cárcel de máxima seguridad de Emboscada, adonde fue trasladado desde Tacumbú en diciembre de 2023 durante la operación Veneratio.

En abril de este año, la Justicia unificó dos condenas anteriores y lo sentenció a 31 años de reclusión. Sin embargo, en marzo recibió una tercera condena por otros hechos punibles vinculados al “caso Chacal”, con una pena de 21 años de cárcel más 9 de medidas de seguridad, sumando en total 61 años.

A pesar de ese panorama judicial, las investigaciones confirman que Rotela seguía manejando su estructura criminal con libertad desde su celda. Tenía acceso a dispositivos y contactos para seguir dando órdenes, de acuerdo con el comisario Diarte.

Lo más grave es que la Policía remitió varias solicitudes para intervenir sobre la seguridad en torno a Rotela, pero las decisiones siguen pendientes de otras autoridades, según reveló el jefe de Antinarcóticos. “Muchas solicitudes se hicieron, pero siempre queda ahí en el tintero, ya depende pues de otras autoridades de realizar esa función”, dijo.

La investigación lleva más de dos años de seguimiento. Con los datos en manos, los investigadores aseguran que el Clan Rotela operaba como una estructura familiar criminal, con tentáculos en todo el país y capacidad para lavar activos a través del rubro ganadero.

El proyecto de ley busca regular la utilización e instalación de videocámaras para grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, abiertos o cerrados, por parte de la Policía Nacional, que es el órgano rector.

En cuanto a la instalación de videocámaras, el proyecto establece que estará sujeta a la autorización de la Policía Nacional, que podrá ordenar de oficio, o ante solicitud fundada de los consejos vecinales o cualquier particular, la instalación de uno o más equipos en determinados sectores.

Otro aspecto principal anunciado por el diputado Ortíz da cuenta que no se requerirá autorización para la instalación de cámaras en las veredas de los domicilios particulares cuando ellas formen parte del circuito cerrado de seguridad de ese domicilio.

Asimismo, establece que la Policía Nacional tendrá a su cargo la custodia de las imágenes obtenidas y la responsabilidad sobre ulterior destino.

El proyecto deja en claro que serán consideradas faltas muy graves las siguientes infracciones: alterar o manipular los registros de grabaciones y el permitir el acceso de personas no autorizadas a las grabaciones o utilizar estas para fines distintos de los previstos legalmente.

El documento quedó aprobado en base al dictamen de la Comisión de Defensa, Seguridad y Orden Interno, cuyo presidente enfatizó que la iniciativa no pretende modificar estructuras de poder.

Se dispuso la remisión del documento, tras su media sanción, a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional.

Vicente Capello, director de Transporte y Tránsito de Asunción, señaló que la situación de las empresas de transportes permisionarias de Asunción, se viene analizando ya desde hace tiempo, ya que desde el 2014 reciben un subsidio menor a los que perciben las que operan en el área metropolitana.

“Tenemos que analizar desde la base del costo operativo. Tenemos que basarnos en los datos y en la realidad del sostenimiento del sistema”, sostuvo Capello.

Indicó que el deterioro de los buses y la desaparición de las empresas es consecuencia de una tarija que no fue reajustada, por lo que se prevé un aumento de G. 600, accediendo al pedido de las empresas que hoy operan en Asunción.

Explicó que se trata de una “reanimación urgente” y luego se verá si el paciente (empresas) sobrevive.

Asimismo, dijo que se encuentra en marcha la propuesta de migración del sistema actual al sistema “troncal alimentador con pasaje integrado”. Expresó que su implementación se podría dar en un par de meses.

Se trata del proyecto de ley “Que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley Nº 1590/2000 ‘Que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) y la Secretaría Metropolitana de Transporte (SMT)’, relativas al servicio de transporte público metropolitano de pasajeros”.

La iniciativa propone modificar y ampliar las disposiciones vinculadas con el Sistema Nacional de Transporte, preservando la naturaleza jurídica y autárquica de la Dinatran; así como establecer la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros.

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El texto establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referente a las obras públicas y el transporte.

Se crea, además, un Consejo Asesor como instancia consultiva, integrado por las autoridades competentes, usuarios, empresarios, trabajadores del sector y representantes de las universidades.

El documento que se encuentra en su segundo trámite constitucional fue aprobado en general, y a propuesta consensuada de los legisladores, se resolvió postergar por una semana su estudio en particular.

Varios parlamentarios adelantaron que, durante el tratamiento en particular del proyecto, plantearán una serie de modificaciones.