Un singular episodio se vivió ayer en la localidad de Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú, relacionado con la incineración de un cargamento de marihuana prensada.

Cerca de 14.000 kilos de cannabis fueron quemados en la jornada del miércoles, en el marco de un anticipo jurisdiccional de pruebas, ordenado por la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía.

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Al día siguiente del procedimiento, la humareda aún seguía presente en gran parte de la ciudad, principalmente en el sector del casco urbano, esto a raíz de la cercanía del lugar donde se llevó a cabo la incineración.

El predio utilizado, perteneciente a la Base Naval de Canindeyú, se encuentra a 500 metros del centro comercial y a 200 metros de dos importantes instituciones educativas, informó el periodista de SdG Noticias, Juan Alcaraz.

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Debido a esta situación, fueron varias las personas que se vieron afectadas por la inhalación del humo tóxico, al punto de obligar a suspender las clases en algunas escuelas. Inclusive, un alumno debió ser llevado al hospital tras sufrir problemas respiratorios.

Fue así como cerca de 30.000 habitantes se convirtieron, de manera impensada, en “adictos pasivos” tras inhalar involuntariamente el humo producido por la quema de la droga.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) divulgó un video que revela un uso imprudente de la rampa de emergencia situada en la bajada del Cerro Caacupé.

Las imágenes de la cámara de seguridad instalada en el sitio muestran cómo un automóvil de color negro cruza la Ruta PY02 en medio de la noche para llegar hasta la rampa de frenado.

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En este caso, no se trata de un vehículo que haya sufrido algún desperfecto mecánico o una falla en los frenos, como ocurre generalmente cuando se utiliza esta estructura, sino más bien de un conductor que decidió subir allí con fines aparentemente recreativos.

Desde el MOPC recuerdan que esta rampa está habilitada de forma exclusiva para situaciones de emergencia, por lo que su uso imprudente representa un riesgo para la seguridad vial y constituye una infracción grave.

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En ese sentido, se establece una multa de 10 jornales mínimos (equivalente a la suma de G. 1.076.270) para aquel conductor que incurra en este tipo de prácticas.

La institución estatal ya inició una investigación para tratar de identificar a la persona responsable, derivando el caso al Juzgado de Faltas pertinente.

Durante la conferencia celebrada esta mañana en Mburuvicha Róga, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas fue consultado respecto a su posición oficial ante el reclamo de un sector de los empresarios del transporte.

En tal sentido, Fernández Valdovinos reiteró que desde el gobierno siguen cumpliendo con los pagos. “El subsidio se está pagando por mes, no me pueden pedir que pague tres meses seguidos. No sé cuál es el apuro de ellos”.

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Sobre el punto, indicó que en junio pasado se abonó lo correspondiente al subsidio y adelantó que debe transcurrir todo este mes para cumplir con el próximo pago.

“Creo que podría haber otros intereses y ahí habría que preguntarle a ellos (empresarios del transporte) cuál es el problema”, mencionó igualmente, al hacer alusión sobre este reclamo.

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Evitó calificar esta situación como un “chantaje” por parte de los transportistas, aunque sí habló de un mal servicio de transporte público.

Desde el Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) nuevamente amenazan con ir a un paro general de buses, en caso de que el Gobierno no cumpla con el pago atrasado en concepto de subsidio.

Alumnos y padres de familias del Colegio Salesiano Don Bosco repudian la destitución del padre Nicolás Zárate luego de que se proyectara una película de terror en una de las salas.

El caso tomó estado público luego de que el fiscal de Capiatá, Hugo Marcelo Pérez, presentara una denuncia en contra del cura por exponer a los chicos a “escenas perturbadoras” y aseguró que su hijo de 12 años, alumno de la institución, quedó traumado.

El representante de los padres de familia, Fabián González, explicó que el fiscal presentó una nota con su firma y en nombre del Ministerio Público, utilizando el nombre de otros padres cuando en realidad, solo él realizó la acusación.

“La notas que él envió firmando como agente fiscal penal de Capiatá. Está transgrediendo una norma grave del reglamento interno del Ministerio Público porque movió el aparato tanto fiscal como judicial, porque en minutos se constituyeron la Fiscalía y la defensora”, expresó.

Según el relato, los adolescentes fueron quienes decidieron ver la película “Cuando acecha la maldad” y participaron alumnos del 7°, 8° y 9° grados.

“Entre los mismos jóvenes ponen la película y estaban viendo, hasta que entraron los jóvenes del 7mo, y unos 4 a 5 minutos después, No fue el sacerdote quien puso la película”, agregó.

Ahora las actividades escolares están paralizadas y anuncian que la medida seguirá hasta que el padre sea restituido.