La Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) este domingo dieron a conocer las identidades de las tres personas fallecidas durante el enfrentamiento registrado ayer en Canindeyú.

Se trata de Guido Nicolás Coronel Vera, de 25 años, Junior Antonio Montanía Lezcano, de 24 años, y Leonardo Brítez Guanez, de 30 años.

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Estos tres sujetos fueron abatidos durante un intercambio de disparos con agentes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), en el marco de la Operación “Yararius”.

Se presume que los ahora fallecidos (dos de ellos con antecedentes) eran integrantes del grupo criminal liderado por el narcotraficante Felipe Santiago Acosta Riveros, alias “Macho”, quien actualmente permanece prófugo de la justicia.

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Las autoridades confirmaron que, incluso, uno de los abatidos era pariente político de “Macho”, en este caso puntual, Guido Coronel, quien era su cuñado.

A estas horas, prosigue la autopsia a los tres cuerpos en la morgue judicial ubicada en Asunción, por lo que aún se aguarda conocer el informe final.

A las 11:00 de la mañana salió doña Cecilia de su casa ubicada sobre la Avda. Félix Bogado y Japón, barrio San Vicente de Asunción, al lado del supermercado Luisito.

La señora llevaba una hebilla blanca, remera blanca con motas negras y un short de color beige. Los familiares indicaron que la mujer padece alzheimer y que podría estar desorientada y asustada.

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En caso de tener información, se solicita intentar resguardarla y llamar de inmediato al 0981 362 040 o bien, directamente al 911.

Durante su exposición ante los jueces, la representante del Ministerio Público recordó que Giuzzio se desempeñó como ministro del Interior entre el 22 de enero de 2021 y el 22 de febrero de 2022, periodo en el que se habrían producido los hechos investigados.

Según la acusación, el entonces secretario de Estado mantuvo contacto frecuente con el ciudadano brasileño, quien administraba la empresa Black Eagle Group SA, dedicada al blindaje de vehículos, mantenimiento de unidades blindadas, alquiler de móviles de seguridad y venta de materiales de protección.

De acuerdo con la Fiscalía, las comunicaciones entre Giuzzio y Marques de Padua se realizaban principalmente a través de mensajes de WhatsApp. En ese contexto, el 16 de agosto de 2021 el entonces ministro habría aceptado la oferta del empresario para enviar hasta Ciudad del Este una camioneta blindada Santa Fe, con chapa AAY 082, con el objetivo de realizar mantenimiento de suspensión, revisión del blindaje y retoques de pintura sin costo.

Posteriormente, en octubre de ese mismo año, Giuzzio también habría aceptado servicios de reparación y blindaje de otro vehículo asignado al Ministerio del Interior para la llegada de un agregado de la Policía de Israel. Según la acusación fiscal, el 15 de diciembre de 2021 igualmente se habría concretado la reparación de un móvil de la FOPE.

La fiscala también mencionó que el 26 de diciembre de 2021 Giuzzio solicitó ayuda al empresario brasileño para un viaje familiar de vacaciones, tras lo cual recibió en préstamo gratuito una camioneta blindada. El vehículo habría sido devuelto el 19 de enero del año siguiente.

Según la hipótesis del Ministerio Público, estos beneficios se habrían ofrecido a cambio de favorecer posteriormente a la empresa Black Eagle Group en procesos de contratación pública vinculados a la provisión de chalecos antibalas y blindaje de vehículos para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional.

Durante el juicio, la Fiscalía expuso que ya existían tratativas para concretar esos negocios. Entre las evidencias citadas figuran mensajes de noviembre de 2021 en los que el empresario informaba que se encontraba en Asunción con muestras de materiales para pruebas balísticas de chalecos antibalas.

Además, Giuzzio habría acudido junto con el comisario general Pablo René Ríos a las oficinas de la empresa para observar demostraciones de los chalecos. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2021, el entonces ministro participó junto a Marques de Padua en pruebas balísticas realizadas en el polígono de tiro de la FOPE.

Para el Ministerio Público, estas gestiones constituían parte de un esquema para direccionar futuras adjudicaciones a favor de la empresa del ciudadano brasileño, lo que contravendría las disposiciones de la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas.

No obstante, las negociaciones no llegaron a concretarse, ya que Marques de Padua fue detenido el 15 de febrero de 2022, lo que interrumpió las tratativas para convertir a la firma en proveedora del Estado.

La Fiscalía sostiene que las pruebas documentales, mensajes y testimonios presentados durante el juicio demostrarían que Giuzzio aceptó beneficios indebidos en el marco de esas gestiones, conducta que implicaría la violación de sus deberes como funcionario público.

Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, confirmó que la institución iniciará un análisis de correspondencia a los 17 gobernadores por el

“El día de hoy recibimos la instrucción del seño rcontralor para verificar la situación patrimonial de los 17 gobernadores, especialmetne desde la asunción de cada uno como gobernador”, informó Torres, en un contacto con radio 1000 am.

Detalló que se verificará la trazabilidad de ingresos y egresos de todos los gobernadores. En total, 20 funcionarios de la Contraloría se encargarán de ejecutar el trabajo en el menor tiempo posible, ya que el periodo a analizar no es muy largo.

Torres estimó que en un plazo de tres a cuatro meses podrá estar listo el informe que revelará si existen o no inconsistencias.

Probablemente la Gobernación de Concepción sea la primera en tener noticias, teniendo en cuenta que la verificación ya comenzó esta semana con los pedidos de informe a 24 instituciones.

Al margen del intercambio de acusaciones desde el Congeso hacia las gobernaciones, la propia Contraloría General de la República recibió denuncias contra todas las gobernaciones.