El fiscal Abelino Bareiro, de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico de Saltos del Guairá, Departamento de Canindeyú, sigue cumpliendo con las diligencias derivadas del operativo que, mediante tareas de Inteligencia de la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas) y la planificación táctica para procedimientos del CODI (Comando de Operaciones de Defensa Interna) y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), llegaron a otro de los núcleos operativos del crimen organizado para el narcotráfico.

El procedimiento se desarrollará como anticipo jurisdiccional de prueba, para establecer si la muerte sobrevino a consecuencia de las lesiones constatadas, o si ha sido el resultado de causas preexistentes, concomitantes o posteriores al hecho y para la identificación definitiva de los fallecidos. En ese orden, se aplicará el “Protocolo de Minnesota”, que establece la obligación de esclarecer los hechos en que haya acontecido el deceso de una persona ante la intervención de agentes que actúan en representación del Estado paraguayo.

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El enfrentamiento se produjo ayer, en la zona de Yvy Porã de la colonia Gasory, distrito de Saltos del Guairá. Los agentes operativos repelieron un ataque de disparos de armas de fuego de gran poder de parte del grupo que, en el sitio utilizado como punto de acopio y resguardo, ya tenían alistados 887,2 kilogramos de marihuana prensada y otros 4,4 kilogramos de hachís, que presumiblemente serían enviados al Brasil como parte de un esquema transnacional de tráfico de drogas.

Fueron incautados en la escena del enfrentamiento; 13 fusiles de alto calibre (5.56 y 7.62), 2 escopetas calibre 12; 734 cartuchos de distintos calibres, incluyendo uno de calibre .50.; 21 cargadores para armas largas; 5 uniformes similares a los utilizados por Fuerzas Armadas (de camuflaje); equipos de comunicación, un visor nocturno, trampas “caza bobo” y demás elementos tácticos. Como también, tres embarcaciones (dos con motor fuera de borda), que se presume eran utilizadas para el transporte fluvial de cargas ilegales a través de zonas fronterizas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió anoche un mensaje para condenar las “presiones y la coacción económica de China que forzaron la cancelación de los permisos de vuelo para la visita oficial del presidente de la República de China (Taiwán) a Eswatini”.

Además, nuestro país reafirma su apoyo a Taiwán y al derecho de las naciones a relacionarse libremente sin interferencias indebidas. El comunicado fue respondido por la Embajada de Taiwán con un “Gracias, Paraguay”.

Por su parte, el senador Antonio Barrios expresó su repudio a la presión ejercida por China, que pretende, mediante su poder económico, vulnerar la soberanía y saborear a Taiwán.

“Una acción inaceptable y despreciable, que atenta contra los principios fundamentales de la convivencia internacional y el respeto entre naciones. Expresamos todo nuestro respaldo a @ChingTeLai frente a este ataque directo a la democracia y al orden global basado en reglas”, señaló Barrios.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Raúl Latorre, quien habló de una injustificada y repentina negativa de sobrevuelo para el presidente de Taiwán y calificó el hecho como una nueva agresión sin precedentes contra la libertad del pueblo taiwanés.

Lai Ching-te canceló su viaje a África después de que varios países en la ruta de vuelo cancelaran los permisos de sobrevuelo. Esta repentina decisión conjunta es atribuida a una influencia directa de China que, lejos de desmentir el hecho, elogió a los países que denegaron el permiso.

Natalicio Chase y Derlis Maidana comunicaron que la bancada oficialista decidió acompañar el permiso solicitado por Hernán Rivas, el cual será tratado hoy en la sesión ordinaria.

“Nosotros estamos seguros de tener los números, mayoría simple existiendo cuórum”, explicó Chase, líder de bancada de Honor Colorado en el Senado, en una entrevista con Abc Tv. Si existen 23 senadores presentes, se requieren 12 votos. Si hay 40, se necesitan 21.

Recordó que el único permiso rechazado históricamente fue el de Javier Vera, pero, fuera de eso, todos fueron aceptados.

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Al margen de esta posibilidad, la legisladora Yolanda Paredes anunció que presentaría un pedido de pérdida de investidura, para lo cual, cuenta con el apoyo de la oposición y de algunos disidentes colorados.

En caso de que se conceda el permiso a Rivas, asumirá en su reemplazo el actual titular de la Conajzar, Carlos Liseras, ya que el primer suplente Julio Borba decidió renunciar al cargo. La renuncia ya fue recibida por el TSJE, que, además, ya proclamó a Liseras como senador suplente.

En un pronunciamiento emitido ayer por la tarde, el IPS se refirió a la auditoría médica forense realizada a la atención que recibió el asegurado Braulio Vázquez.

Los resultados fueron remitidos al Consejo de Administración el 10 de marzo, fecha en que culminó la investigación.

Las autoridades del hospital ordenaron que se cumplan las recomendaciones emitidas por la auditoría interna y por la Superintendencia de Jubilaciones.

En ese contexto, según el IPS, las áreas involucradas presentarns sus planes de acción para el cumplimiento y la ejecución.

“Resulta erróneo afirmar que el IPS ocultó el informe de auditoría interna”, expresa el comunicado.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, en representación de la familia de Braulio, remitió una nota a la Fiscalía para formular una denuncia y solicitar diligencias de carácter urgente en relación al fallecimiento del trabajador.

La denuncia penal es contra las personas que resulten individualizadas por el Ministerio Público como autoras y/o partícipes en el hecho punible de homicidio culposo, previsto en el artículo 107 del Código Penal. También, otros hechos que puedan surgir durante la investigación.

La representación legal de la familia pide a la Fiscalía allanar nuevamente el IPS para tener el historial clínico.

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El informe de la Superintendencia de Salud revela que Braulio Vázquez falleció el 28 de enero por una “serie de fallas en distintos niveles del sistema de salud”.

Los errores comenzaron desde el momento en que el paciente llegó al hospital y fue clasificado como un caso no urgente, al que se cataloga como código verde, cuando en realidad, su condición era crítica, con un dolor torácico intenso, que debió ser considerado de alto riesgo vascular.

Aquí se produjo la primera pérdida de tiempo que impidió que Braulio acceda inmediatamente a un electrocardiograma que debió haberse realizado en un tiempo máximo de 10 minutos para la condición en que estaba.

A esto se suma que los tres equipos de electrocardiograma del área de urgencias no funcionaban. Esto obligó a prolongar la demora todavía más y llevar a Braulio a otro lugar en el que contaban con tercerización.