Durante el allanamiento fueron eliminadas 1.908 kilogramos de droga lista para el tráfico, distribuidos en marihuana prensada y picada. Además, fueron destruidas cinco hectáreas de plantaciones de cannabis en etapa de crecimiento, que representan una producción potencial de al menos 15 toneladas adicionales de marihuana.

El total de droga anulada representa un perjuicio económico inmediato de más de 400 mil dólares para las organizaciones criminales, y la eliminación de un lucro proyectado superior a 2 millones de dólares en el mercado brasileño, principal destino de esta droga.

La base logística contaba con elementos clave del esquema productivo, como 2 prensas de madera, 1 guillotina, 4 gatos hidráulicos, 6 zarandas, y 2 campamentos completos utilizados como centros de procesamiento y descanso de los trabajadores clandestinos.

Esta estructura ilegal funcionaba como centro de preparación de cargas destinadas al tráfico internacional, reforzando la amenaza que representa el narcotráfico sobre áreas rurales del país.

El procedimiento fue acompañado por la fiscal Rossana Coronel, quien encabezó las diligencias junto con su equipo del Ministerio Público.

El Crio. Hernán Escobar destacó en una entrevista con Radio 650 AM los avances en el sistema de vigilancia y seguridad del país, anunciando la instalación de casi 1.100 cámaras de seguridad en Asunción y Ciudad del Este, que estarán equipadas con inteligencia artificial (IA) para la detección de actividades irregulares.

“La inteligencia artificial nos permitirá identificar de manera preventiva cualquier anomalía en las imágenes captadas por las cámaras, alertando a la Policía para tomar medidas inmediatas”, explicó el Crio. Escobar. El proyecto se implementará en dos fases, con la primera etapa completada antes de fin de año.

Además, el Gobierno cuenta con el apoyo de expertos coreanos, quienes llegarán el 28 de julio y el 5 de agosto para colaborar en la optimización del sistema de seguridad.

En paralelo, el Gobierno ha incrementado la flota de vehículos policiales, con la incorporación de 1.000 motos y 600 patrulleras nuevas. “El objetivo es continuar con este crecimiento, añadiendo entre 100 y 300 motos cada año”, afirmó Escobar.

Para complementar este esfuerzo, los agentes serán equipados con cámaras corporales y 8.000 chalecos antibalas nuevos, mejorando su capacidad operativa y protección en el campo.

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) informó sobre la implementación de un nuevo “Asistente Virtual de Atención al Consumidor”.

Se trata de un sistema de gestión de denuncias y reclamos, el cual se encuentra disponible a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.

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Esta herramienta tiene como propósito responder consultas y orientar a los consumidores sobre derechos y reclamos de forma ágil y accesible, informan desde el ente estatal.

Para acceder al mismo, se debe enviar un mensaje al número 0962 127 110.

Cabe señalar que el asistente virtual aún se encuentra en fase de pruebas, por lo que eventualmente podría presentar inconvenientes en determinados casos.

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Si alguna respuesta es inadecuada o no brinda la orientación necesaria, SEDECO pide dar aviso sobre ello enviando un mensaje al 0961 940 710 (WhatsApp), de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs.

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) divulgó un video que revela un uso imprudente de la rampa de emergencia situada en la bajada del Cerro Caacupé.

Las imágenes de la cámara de seguridad instalada en el sitio muestran cómo un automóvil de color negro cruza la Ruta PY02 en medio de la noche para llegar hasta la rampa de frenado.

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En este caso, no se trata de un vehículo que haya sufrido algún desperfecto mecánico o una falla en los frenos, como ocurre generalmente cuando se utiliza esta estructura, sino más bien de un conductor que decidió subir allí con fines aparentemente recreativos.

Desde el MOPC recuerdan que esta rampa está habilitada de forma exclusiva para situaciones de emergencia, por lo que su uso imprudente representa un riesgo para la seguridad vial y constituye una infracción grave.

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En ese sentido, se establece una multa de 10 jornales mínimos (equivalente a la suma de G. 1.076.270) para aquel conductor que incurra en este tipo de prácticas.

La institución estatal ya inició una investigación para tratar de identificar a la persona responsable, derivando el caso al Juzgado de Faltas pertinente.