La alerta del MITIC se da en un contexto de aumento circulación de mensajes maliciosos a través de plataformas digitales. El fin de semana numerosos usuarios reportaron haber recibido a través de WhatsApp un archivo titulado “comprobante de pago.pdf”, que en realidad no es un documento legítimo, sino un archivo HTML malicioso.

Al abrirlo, se despliega una pantalla con un botón que dice “Actualizar Adobe”, lo cual busca engañar al usuario para que descargue una aplicación APK que, al instalarse, compromete el dispositivo móvil, principalmente los que operan con sistema Android.

Este incidente es un ejemplo de las técnicas empleadas por los ciberdelincuentes para robar datos personales y comprometer la privacidad de los usuarios.

Pero, ¿qué hacer si ya abriste el archivo? Si el archivo se abrió y te solicitó acción adicional como habilitar funciones, llenar formularios, ingresar contraseñas o descargar otro documento, es importante actuar de inmediato para limitar el alcance del daño, ya que podrías haber entregado acceso a cuentas personales o facilitado la instalación silenciosa de software malicioso.

Uno de los primeros pasos recomendados ante estos casos es desconectarte de internet temporalmente para evitar que el malware, si fue instalado, se comunique con servidores externos. Seguidamente, se podría recurrir a un antivirus confiable -si se cuenta con uno- para la realizar un escaneo completo del sistema, a fin de identificar archivos o comportamientos sospechosos.

Otro paso importante es cambiar las contraseñas de tus plataformas digitales, especialmente si están vinculadas a correo electrónico, redes sociales, banca electrónica o billeteras virtuales. Crea nuevas claves, únicas para cada caso y asegúrate de que contengan combinación de letras, números y símbolos; no utilices nombres de mascotas, de hijos, fechas de cumpleaños, números de cédula o de teléfono, entre otros datos. Asimismo, no olvides activar la verificación en dos pasos siempre que sea posible.

También es primordial que elimines el archivo sospechoso en caso de haber sido detectado, asegurándote de vaciar también la papelera de reciclaje. En ningún caso lo intentes abrir de nuevo.

Finalmente, se recuerda que está disponible el correo abuse@cert.gov.py para reportes de incidentes cibernéticos. A través de sus cuentas en X e Instagram, el CERT-PY también brinda consejos de cómo cuidar los datos en línea y reforzar la seguridad digital.

El proyecto fue presentado por el diputado colorado David Jara, explicó como fundamentación de motivos que el Estado paraguayo, como garante de los derechos ciudadanos, tiene la obligación constitucional de responder y reparar los daños causados por sus agentes en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

El legislador argumentó que el caso conocido como “mafia de los pagarés”, representa una situación excepcional de responsabilidad estatal, en la que múltiples personas fueron víctimas de sentencias judiciales abusivas y perjudiciales, pronunciadas en el marco de juicios ejecutivos tramitados en los juzgados de paz del distrito capital.

El documento establece que, por única vez y de manera excepcional, el Estado otorgará una indemnización económica a las víctimas, en reconocimiento al derecho a una compensación justa y adecuada, previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional.

Este principio consagra que toda persona tiene derecho a ser indemnizada por los daños y perjuicios que le cause el Estado, garantizando la tutela judicial efectiva y la reparación integral del daño.

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En su exposición, el proponente sostiene que el Estado no puede permanecer ajeno al sufrimiento de los ciudadanos perjudicados por actuaciones judiciales indebidas y que corresponde al Poder Legislativo adoptar las medidas necesarias para cumplir con la responsabilidad pública y moral.

El objetivo es restituir la dignidad de las víctimas y ofrecer una reparación que reconozca los daños patrimoniales y emocionales sufridos.

La propuesta detalla mecanismos de aplicación, estableciendo que la Defensoría del Pueblo será la autoridad encargada de recibir y tramitar las solicitudes, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas será la instancia responsable de efectivizar los pagos, con fondos provenientes del programa de obligaciones diversas que se halla contemplado en el Presupuesto General de la Nación (PGN).

En la madrugada de este viernes se reportó un caso de feminicidio en una vivienda de la Comunidad Indígena Yvyra Jha, situada en la Colonia Capitán Herminio Mendoza de Yby Yau, departamento de Concepción.

Resultó víctima de este hecho María Gómez Romero, de 46 años, quien fue asesinada de varias puñaladas por su pareja sentimental, de nombre Cornelio Soria Duarte, de 42 años.

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Este fatídico ataque con arma blanca se habría producido a raíz de una fuerte discusión entre el presunto autor y la hermana de la mujer fallecida, según el reporte de medios locales.

Gómez sufrió múltiples heridas en el pecho y la zona cervical, las cuales le provocaron la muerte. De igual manera, su hija, Anselma Soria Gómez, de 26 años, resultó son severas lesiones tras ser atacada por su propio padre.

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Agentes de la Subcomisaría 24ª de Yby Yau acudieron al lugar tras recepcionar una llamada de vecinos. Al llegar al domicilio, los uniformados encontraron a las víctimas tendidas en el suelo, una de ellas ya sin signos de vida.

Luego de cometer el crimen, Soria decidió darse a la fuga y actualmente permanece con paradero desconocido, siendo buscado por la Policía Nacional.

La agente fiscal Lourdes Bobadilla, de la Unidad Especializada en Maltrato y Crueldad Animal de Ñemby, reiteró el pedido realizado a la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, solicitando que designe a funcionarios para proceder a la verificación del estado de salud y la esterilización de los gatos.

El oficio, remitido al representante del citado organismo, confirma que el problema persiste en la calle España casi Médicos del Chaco, en la localidad lambareña, donde se encuentran aproximadamente 20 felinos (gatos ferales), y solicita la presencia de los funcionarios en el lugar para evaluar la situación.

El documento está firmado también por el agente fiscal Eugenio Ocampos, de la Unidad Especializada en Maltrato y Crueldad Animal de la Fiscalía Zonal de Lambaré.